Se cumple el aniversario de una conquista fundamental para los derechos de mujeres y personas gestantes, un año de la vigilia que condensó décadas de lucha y que se transformó en una marea que lo tiño todo de verde. La Ley 27.610 es un hecho en la Argentina hace un año, dando herramientas para decidir sobre el propio cuerpo de forma segura y gratuita, e impulsando un grito que se extendió por Latinoamérica durante los últimos meses con más fuerza que nunca. Pero las conquistas no se agotan con el texto de la ley: es el instrumento clave para defenderlas y no dar ni un paso atrás. ¿Cómo se implementó la norma hasta el momento? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué es lo que falta? (Foto: EFE)
Todavía están grabadas las imágenes de ese 30 de diciembre de 2020 a las 4 de la madrugada, cuando el tablero de votación de la Cámara de Senadores marcó los números que abrirían un nuevo capítulo histórico en la lucha feminista. Décadas de proyectos, encuentros y redes transversales que se tejieron hasta conformar la marea que rodeó las calles del Congreso durante más de doce horas y festejó el fin de la clandestinidad. La Ley 27.610 que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce del proceso gestacional se transformó en un hecho concreto desde su promulgación en el mes de enero. Una herramienta fundamental para terminar con el silencio y garantizar los derechos de mujeres y personas gestantes a decidir y cerrar esa discusión abierta por primera vez en el recinto parlamentario en 2018.
Todavía están grabadas las imágenes de ese 30 de diciembre de 2020 a las 4 de la madrugada, cuando el tablero de votación de la Cámara de Senadores marcó los números que abrirían un nuevo capítulo histórico en la lucha feminista
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A un año de la sanción de la ley, son muchos los avances que se materializaron. De acuerdo a un informe publicado por el Ministerio Nacional de Salud, al 30 de noviembre de 2021, se realizaron un total de 32.758 interrupciones de embarazo al interior del sistema público, en condiciones seguras, gratuitas e informadas. Además, se registra que la línea de Salud Sexual del ministerio recibió alrededor de 19 mil consultas sobre la IVE, cifra que supera los 17.302 llamados recibidos entre 2010 y 2020. La cantidad de hospitales y centros de salud que garantizan abortos legales aumentó en un 30%: la cifra ascendió a un total de 1243 en todo el país. También se editaron tres protocolos nacionales sobre el procedimiento que debe llevarse a cabo en los casos de IVE/ILE, y en la atención posaborto, y se impartieron capacitaciones a 904 profesionales en todo el país. Sin dudas, la norma resultó el puntapié inicial para reparar una deuda de la democracia, algo que requiere de un arduo trabajo y que, como cualquier conquista, no se agota con el texto de la ley: debe seguir defendiéndose.
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“Hay lugares donde se cumple y otros donde definitivamente no”, cuenta a La Primera Piedra Daniela Cardano, referente de Socorro Rosa en Tres Arroyos e integrante de Socorristas en Red. Desde el mes de junio, esta articulación de colectivas impulsa la campaña “El derecho a abortar es ley”, con materiales informativos y pedagógicos para distintos soportes sobre la normativa y los modos de acceso al sistema de salud. Aunque se extiende por todo el país, Daniela explica que se encuentra especialmente presente en la región del Litoral, donde si bien hay algunos grupos efectores de salud, – en su mayoría equipos interdisciplinarios compuestos por mujeres – aún hay muchas zonas en las que no se garantiza la IVE. Pero los obstáculos para la implementación plena de la ley son varios y se extienden por todo el territorio. “Hay muchos desafíos en la accesibilidad, sobre todo en el conocimiento de la ley, por eso es que desde Socorristas en Red queremos divulgarla, porque no hay instancias comunicacionales de Nación o de las provincias”, afirma la activista.
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Foto: Amnistía Internacional
La falta de información sencilla y comprensible en distintas lenguas y soportes y la ausencia de campañas masivas de difusión generan que, en muchos lugares, haya personas que siguen sin tener conocimiento de su derecho a interrumpir un embarazo, de los límites gestacionales o de la forma en que se lleva adelante el procedimiento. “Tambien notamos que hay muchísima información falsa por parte de los profesionales de la salud para desalentar la decisión del aborto y que hay muchas localidades, sobre todo pequeñas, donde las personas se deben trasladar a otros lugares para poder interrumpir un embarazo ante la falta de espacios de salud que garanticen los procedimientos”, señala Daniela. “Esto trae más angustias y requiere de otra disposición, por ejemplo una licencia laboral o una organización familiar si hay hijes que cuidar, lo que contribuye en cierta medida a estigmatizar la decisión de abortar”.
La falta de información sencilla y comprensible en distintas lenguas y soportes y la ausencia de campañas masivas de difusión generan que, en muchos lugares, haya personas que siguen sin tener conocimiento de su derecho a interrumpir un embarazo, de los límites gestacionales o de la forma en que se lleva adelante el procedimiento.
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Lo que cuenta Daniela es parte de la desigualdad en el acceso a lo largo del país. Esto es algo de lo que también habla el informe del Proyecto Mirar, una iniciativa que monitorea la implementación de la ley en todo el territorio argentino, impulsada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en alianza con Ibis Reproductive Health. Luego de varias entrevistas a socorristas de distintas regiones, el informe concluye que “todas reconocieron el gran desafío que puede haber si una persona tiene pocos recursos económicos o vive lejos de un centro de salud que garantiza el aborto”. Si bien el procedimiento es gratuito, no hay que dejar de lado el costo del transporte para llegar a clínicas y hospitales que los garantizan y el tiempo que insume, dados los turnos y análisis que muchos establecimientos requieren. “También notamos en las localidades pequeñas la falta de confidencialidad y, sobre todo que nos preocupa es la persistencia de legrados para garantizar los abortos porque son practicas desaconsejadas por la OMS”, agrega Daniela.
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Foto: Amnistía Internacional
Esta situación también fue denunciada a lo largo del año por organizaciones como Amnistía Internacional: el legrado sigue utilizándose en muchas provincias a pesar de ser un método antiguo, menos seguro y más doloroso. De acuerdo al Ministerio de Salud, en los últimos meses, la compra de misoprostol se incrementó cinco veces y su distribución creció un 150 por ciento, lo que resultó en la aplicación de 46.283 tratamientos en todo el país. Sin embargo, en los lugares en donde no se puede acceder al medicamento, lo ideal es la Aspiración Manual Endouterina (AMEU), tecnología que también permite realizar un aborto seguro, pero que no se encuentra tan extendida. “Notamos que falta infraestructura para la AMEU, hay centros primarios de atención que no pueden ofrecer esta práctica porque aunque les mediques se hayan formado no cuentan con autorizaciones o con espacios habilitados para realizarla, aunque todas las investigaciones indican que se podrían llevar adelante tranquilamente en un centro primario de atención de salud hasta las 12 semanas de gestación”, afirma Daniela.
Este año, el gobierno gestionó la donación de 250 equipos para la AMEU, pero solo 58 profesionales de la salud se capacitaron en la práctica. Otras de las prioridades en agenda para el año entrante es la adquisición de la mifepristona que, combinada con el misoprostol, aumenta la eficacia del procedimiento, reduce los tiempos y aumenta los beneficios para quienes lo utilizan.
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Este año, el gobierno gestionó la donación de 250 equipos para la AMEU, pero solo 58 profesionales de la salud se capacitaron en la práctica. Otras de las prioridades en agenda para el año entrante es la adquisición de la mifepristona que, combinada con el misoprostol, aumenta la eficacia del procedimiento, reduce los tiempos y aumenta los beneficios para quienes lo utilizan. En diálogo con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, el informe de CEDES cuenta que, si bien se recibirá una donación de mifepristona y se iniciará una compra, es necesario introducirla para el registro y su producción. El misoprostol también tiene que consolidarse en la agenda: desde la Dirección informan la necesidad de seguir consolidando la producción nacional y la venta a las obras sociales y prepagas desde el laboratorio registrado en Argentina.
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Foto: Getty images
Entre el 20 de enero de 2021 y el 30 de octubre de 2021, Socorristas en Red acompañó a un total de 9900 personas en sus abortos, de las cuales 308 tenian hasta 17 años inclusive. De este total, 2377 buscaron acompañamiento en las solicitudes al sistema de salud y 7523 decidieron la autogestión de un aborto. “Seguimos desarrollando las políticas de cuidado como siempre y seguimos entendiendo que quienes abortan son protagonistas indiscutibles de sus abortos, que son esas decisiones las que nos mueven y nos impulsan y que el deseo de escucharles nos posibilita seguir armando esta trama de afectos para cuidarnos; las legitimidades de nuestras decisiones no se agotan en una ley ni en una política estatal”, afirma la integrantes de Socorristas.
Entre el 20 de enero de 2021 y el 30 de octubre de 2021, Socorristas en Red acompañó a un total de 9900 personas en sus abortos, de las cuales 308 tenian hasta 17 años inclusive. De este total, 2377 buscaron acompañamiento en las solicitudes al sistema de salud y 7523 decidieron la autogestión de un aborto
Como indican las cifras, hay muchas personas que deciden autogestionar un aborto en lugar de optar por el sistema de salud. Cualquiera sea el caso, la red de socorristas está presente para poner a disposición el abanico de posibilidades que la ley trajo. Entre las razones por las cuales la autogestión es un camino ampliamente elegido, Daniela cuenta a esta revista sobre la falta de confidencialidad de muchos lugares, en especial en localidades más chicas, la falta de información y también la poca accesibilidad en muchas obras sociales y prepagas que no cumplen con la debida atención que marca la ley, sumado también a la pandemia, que muchas personas prefieran la autogestión en lugar de pasar por el sistema de salud. “El trabajo de la red no cambio, lo que hicimos fue orientar nuestras exigencias a que ahora que tenemos ley se cumpla, porque seguimos luchando por aborto libre y cuidado para todas las personas que necesiten o deseen abortar”, aclara.
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Foto: Agencia Télam
Otro de los caminos que se abren con la ley es la despenalización, el fin de la criminalización y, por lo tanto, el de la libertad de quienes hoy se encuentran presas por abortos o eventos obstétricos con anterioridad a la sanción de la ley. Tal como hemos informado anteriormente, la situación es compleja: muchas de las causas no están caratuladas como “aborto”, sino como “homicidio agravado por el vínculo” o con calificaciones legales inexistentes que se utilizaron para condenar no solo interrupciones voluntarias del embarazo, sino también eventos obstétricos, como abortos espontáneos, involuntarios y no punibles. Esto que genera que, al haber sido calificados bajo estas figuras, la aplicación del principio de retroactividad de ley penal más benigna no sea en principio automática ni tan sencilla.
«En lo que hace a la criminalización de las mujeres por aborto y por eventos obstétricos, persisten a lo largo de todo el país los reclamos para que se adopten nuevas resoluciones que tengan en cuenta la ley. Sin ir más lejos, hace pocas semanas Mimi, presa en Magdalena por un evento obstétrico, fue condenada a la pena de prisión perpetua”, explica María Lina Carrera.
En diálogo con La Primera Piedra, María Lina Carrera, abogada especialista en Derecho Penal y co-autora del libro Dicen que tuve un bebé (Siglo XXI, 2020), afirma que “a un año de la sanción de la IVE, el sabor que queda es agridulce”. “No hay dudas de que es un tema que llegó para quedarse, que repercutió en toda la región y que vino a poner en agenda problemáticas en torno a los derechos sexuales y reproductivos que antes permanecían ocultos. Como sabemos, eso es un logro enorme. Sin embargo, en lo que hace a la criminalización de las mujeres por aborto y por eventos obstétricos, persisten a lo largo de todo el país los reclamos para que se adopten nuevas resoluciones que tengan en cuenta la ley. Sin ir más lejos, hace pocas semanas Mimi, presa en Magdalena por un evento obstétrico, fue condenada a la pena de prisión perpetua”, explica.
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Junto a Natalia Saralegui y Gloria Orrego-Hoyos, autoras también del libro mencionado, Carrera forma parte de una investigación coordinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por la Campaña Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito sobre las características de esta persecución penal desde el año 2012 hasta la actualidad. A fines de 2020, los datos obtenidos registran al menos 1532 causas por abortos y 37 por eventos obstétricos en 17 jurisdicciones del país, la mayoría mujeres pertenecientes de sectores vulnerables. “Aún resta un gran camino por recorrer, porque una vez que las mujeres son denunciadas, detenidas y criminalizadas, ingresan en un tejido enorme difícil de desarmar. En este camino, sigue siendo clave el acompañamiento y los reclamos de las organizaciones. Así se logró, por ejemplo, la condena al Estado de El Salvador por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Manuela, en el que participamos junto a Natalia y Gloria. Hay que permanecer atentas, y saber que aún falta tiempo que se debe invertir en capacitar, educar y escuchar”, comenta.
La Ley 27.610 fue el resultado de una cronología de lucha que tiene décadas en su haber, una conquista que empezó con encuentros, debates, redes que se extendieron en las calles, dentro y fuera del Congreso hasta hacer realidad una herramienta clave para ampliar derechos. Pero como todas las conquistas, esta tampoco se agota en el texto de la ley. La base normativa es una herramienta fundamental para seguir exigiendo, demandando y defendiendo lo que se logró con un grito contagioso que está lejos de apagarse.
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