La madrugada del 11 de junio, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en tener una ley que promueve la equidad de género en los medios de comunicación. Un texto que fue construido transversalmente y que busca modificar las estructuras de poder arraigadas en redacciones, canales de televisión, programas de radio y en todos los espacios desde donde se construyen las voces qué deciden qué contar y cómo. La importancia de esta norma, los obstáculos y desafíos, en la siguiente nota. (Foto: Nadia Díaz)
Cuando la expansión y masividad de los movimientos feministas comenzó a quebrar sentidos, los titulares de los diarios, los graphs de los noticieros y los paneles de televisión comenzaron a ser cuestionados con más fuerza. No es que hubieran faltado ojos críticos antes, es que ahora comenzaban a ser escuchados y difundidos para cuestionar las palabras estigmatizantes y la falta de voces. Frente al clima de época, muchos medios incorporaron editoras de género, una figura que ha cobrado impulso a nivel internacional en el último tiempo, pero ¿es eso realmente suficiente? ¿Quiénes tienen el uso de la palabra? ¿Quiénes debaten en la radio y en la televisión, quiénes escriben las columnas en los diarios y revistas? ¿Hay voces más autorizadas que otras? Basta hacer un repaso por listas de nombres y firmas para que la realidad se haga evidente: las mujeres y diversidades faltan en los medios.
¿Quiénes tienen el uso de la palabra? ¿Quiénes debaten en la radio y en la televisión, quiénes escriben las columnas en los diarios y revistas? ¿Hay voces más autorizadas que otras? Basta hacer un repaso por listas de nombres y firmas para que la realidad se haga evidente: las mujeres y diversidades faltan en los medios.
Esa fue la frase principal de una campaña que se llevó adelante en redes sociales en 2019, con un objetivo que, en la madrugada del viernes 11 de junio, se hizo realidad en la Cámara de Diputados: la ley de equidad de género en los medios de comunicación. Con 134 votos a favor, 9 en contra y luego de un debate agitado en el que no faltaron estrategias surgidas al calor de la presión de los grandes grupos mediáticos, esta ley se convirtió en la primera en el mundo en garantizar un derecho esencial para la pluralidad de voces. Lo muestran los datos: aunque en Argentina las mujeres representan el 64% de las personas que estudian Comunicación, solo conforman el 30% del personal de las empresas periodísticas, mientras que el 78% de los medios están dirigidos por varones. Estas cifras surgieron de una investigación realizada por la Asociación Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, con apoyo de la Fundación Heinrich Boll. Si bien son de 2017, estudios posteriores demostraron que la situación no cambió demasiado.
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Aunque los números son la evidencia más contundente, quizás puedan resultar fríos, por eso no está de más recordar que se reflejan en el trabajo periodístico cotidiano: desde titulares como “Una fanática de los boliches que abandonó la secundaria” para hablar de una víctima de femicidio; pasando por panelistas que tienen que soportar la infantilización de parte de sus compañeros y justificar su formación académica; hasta conductoras agredidas en entrevistas, o mesas conformadas exclusivamente por varones para hablar de temas como derechos sexuales y reproductivos de mujeres y diversidades. Podrían citarse muchos ejemplos más, basta con abrir el diario o prender la radio o la televisión. De allí la importancia de una ley: para moldear las narrativas de una forma igualitaria es necesario incluir las voces, darles el espacio que les es vedado al mantener una estructura de poder que guarda las sillas con recelo.
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¿Qué dice la ley?
De acuerdo a su articulado, la ley establece la “equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada” y contempla “la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión”. Abarca tanto el ámbito público como el privado, con y sin fines de lucro y garantiza también un cupo para personas transgénero, transexuales, travestis e intersex en un porcentaje nunca menor al 1%. En el caso de los medios públicos, la iniciativa es de carácter obligatorio en todos los estratos: personal de planta permanente, transitoria o bajo cualquier modalidad de contratación, incluyendo también los roles de mayor jerarquía. Su incumplimiento conlleva sanciones. Para los medios privados lo que regirá, en cambio, es un sistema de incentivos que implica beneficios en el acceso a la pauta al cumplir con avances en la equidad de género.
De acuerdo a su articulado, la ley establece la “equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada” y contempla “la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión”.
Este último fue un punto que resultó particularmente polémico en la sesión de la Cámara de Diputados: desde la oposición sostenían que restringe la libertad de expresión y la distribución de la pauta. Alrededor de las tres de la mañana, un grupo de legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio se levantaron para retirarse e impedir el quórum para la votación. Esa misma mañana, los titulares de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, la Asociación de Radios Privadas Argentinas y la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina habían enviado una carta cuestionando la norma por la “preferencia en la asignación de publicidad oficial”. Pero la ley no es punitivista: implica una transición gradual entre el régimen actual hacia los principios de equidad y establece que “en ningún caso se afectarán los cargos originados ni los concursos convocados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”.
Este sistema de promoción determina que la autoridad de aplicación establecerá un registro de servicios de comunicación audiovisual para los medios privados y emitirá un certificado de equidad en la representación de los géneros. Documento que podrá obtenerse acreditando anualmente progresos en esta materia, cumpliendo al menos cuatro de los siguientes requisitos: procesos de selección de personal basados en la equidad; políticas de inclusión laboral con perspectiva de género; capacitaciones en género y comunicación; acciones de apoyo a la distribución de las tareas de cuidado; salas de lactancia y guarderías; promoción del lenguaje inclusivo y creación de protocolos de prevención de la violencia laboral y de género. El certificado implica un “premio” a la hora de logar pauta oficial, pero no es un condicionamiento, sino que supone un incentivo que, sin embargo, busca modificar estructuras de poder ampliamente arraigadas, contra lo cual las grandes corporaciones están en desacuerdo.
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Se trata del inicio de un cambio profundo: una nueva forma de regular pautas y esquemas de trabajo en los medios, que no solo incluye participación de mujeres y disidencias, sino que además supone protocolos contra el abuso y el acoso e incluso políticas de cuidado para las maternidades. Modificaciones que suponen mucho más que contar únicamente con una editora en género. Esa amplitud es la que se buscó con el concepto de “equidad” en lugar del de “paridad”, que también fue puesto en juego cuando el proyecto comenzó a debatirse en el Senado. Fue Noma Durango, al frente de la Banca de la Mujer la que lo tomó a su cargo y lo presentó en junio de 2020, de la mano del colectivo Periodistas Argentinas. Luego de hablar con más de 140 periodistas de todo el país, en el Senado llegaron a la conclusión de que hablar únicamente de “paridad” podría perpetuar binarismos en lugar de fomentar la diversidad. El proyecto fue aprobado por unanimidad con 61 votos en la Cámara Alta el pasado mes de octubre.
Se trata del inicio de un cambio profundo: una nueva forma de regular pautas y esquemas de trabajo en los medios, que no solo incluye participación de mujeres y disidencias, sino que además supone protocolos contra el abuso y el acoso e incluso políticas de cuidado para las maternidades
En la Cámara de Diputados, la iniciativa fue trabajada desde la Comisión de Mujeres y Diversidad con Mónica Macha que se reunió con la Asociación Latfem para llevar adelante la construcción de forma transversal, participativa y federal. En la medida en que el debate fue abriéndose públicamente y llegando a otros espacios institucionales, se incluyeron puntos que no estaban en el texto original, antes de la votación en Senado, como la referencia a personas trans, la diversidad sexual, los medios privados, o la inclusión de todo tipo de soporte. La redacción siguió además la línea de las recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer del año 1995, que, entre otras cosas, propone fomentar una imagen no estereotipada de la mujer y promover el acceso de las mujeres y su participación. Demandas que hoy presentan un enfoque superador incluyendo a las diversidades.
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Por supuesto que la lucha por ampliar los espacios de participación de mujeres y diversidades no es nueva: tiene una amplía genealogía que cuenta entre sus puntos destacados la Ley de Cupo Femenino de 1991 y la Ley de Paridad, de 2017, que estableció para los partidos la obligatoriedad de tener un 50% de mujeres en sus listas. Antecedentes claves para llevar al Congreso una agenda con perspectiva de género que incluyera temas como el de la equidad en medios, o como el del cupo e inclusión laboral travesti trans, que obtuvo media sanción durante la misma madrugada del 11 de junio. Una fecha que será recordada en la cronología de las conquistas de feminismos y diversidades que comenzó, como todas, visibilizando las violencias, reclamando las voces que durante mucho tiempo fueron negadas.