Llega un nuevo 8 de marzo y otra jornada para luchar por defender conquistas: es el primer año con aborto legal en Argentina, pero también es aquel que sigue al inicio de una pandemia que agravó violencias y desigualdades que se vienen denunciando hace años. Los femicidios que continúan ocurriendo a pesar de las denuncias realizadas muestran que los mecanismos no funcionan y reclaman políticas más profundas. (Foto: Agencia Télam)
Es el quinto año en el que se realiza el Paro Internacional de Mujeres y Disidencias, un hecho saliente en la cronología de los movimientos feministas que llegó para sumarse a al Paro Nacional después del femicidio de Lucía Pérez, en 2016; de la primera convocatoria por Ni Una Menos, en 2015; y parte también de la lucha por el aborto legal. Este es el primer 8 de marzo que se llevará adelante con ese logro: la libertad de las mujeres y personas gestantes para decidir ahora es un hecho concreto. Este año los reclamos no solo están centrados en su aplicación efectiva – a contracorriente de los múltiples intentos de los sectores conservadores por obstaculizarla y que tuvieron cierta raigambre en algunas provincias durante el mes de enero – sino también en lo que volvió a estar en agenda las últimas semanas: los femicidios, la ineficacia del sistema para prevenirlo y dar respuestas adecuadas a la violencia que también surge del propio Estado.
Este año los reclamos no solo están centrados en la aplicación efectiva del aborto legal sino también en lo que volvió a estar en agenda las últimas semanas: los femicidios, la ineficacia del sistema para prevenirlo y dar respuestas adecuadas a la violencia que también surge del propio Estado.
Uno de los hechos que más repercusión tuvo en las últimas semanas fue el femicidio de Úrusla Bahillo, la joven de 18 año de Rojas, provincia de Buenos Aires asesinada por su ex pareja, Marías Ezequiel Martínez, un policía sin funciones con una investigación en curso por violación, una orden de detención que había sido rechazada y con múltiples denuncias en su contra de por medio, que no sirvieron de nada más que para un botón antipánico que no fue entregado a tiempo. Días después fue el caso de Ivana, asesinada por su ex pareja y ex integrante de la Fuerza Área y también el de Guadalupe, atacada en pleno centro de Villa La Angostura, también perpetrado por su ex pareja a quien había denunciado al menos en tres oportunidades.
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Foto: Nadia Díaz
Según el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021 se cometieron 47 femicidios, femicidios vinculados y travesticidios: el 17% de ellos por integrantes de las fuerzas de seguridad. También se registra un aumento en el porcentaje de denuncias previas realizadas por las víctimas de un 9%. En 2020 se registraron 270 femicidios, 40% de los mismos perpetrados por las parejas. De acuerdo a la organización fueron los únicos delitos que no descendieron durante la cuarentena. Y es que si algo fue evidente es que la pandemia por Covid-19 agravó las violencias: para quienes conviven con el agresor el hogar es la base de la inseguridad. Durante el primer mes de cuarentena obligatoria las consultas a la línea 144 para asesoramiento aumentaron un 40%.
En este contexto y frente a los hechos de las últimas semanas el centro de los reclamos está puesto en una reforma del Poder Judicial desde una perspectiva de género para evitar la revictimización, el cuestionamiento, el cajoneo de las causas, la burocratización de los procesos de denuncias que ponen en manos de mujeres y disidencias agredidas su propia protección y la necesidad de recorrer dependencias estatales para ser escuchadas.
En este contexto y frente a los hechos de las últimas semanas el centro de los reclamos está puesto en una reforma del Poder Judicial desde una perspectiva de género para evitar la revictimización, el cuestionamiento, el cajoneo de las causas, la burocratización de los procesos de denuncias que ponen en manos de mujeres y disidencias agredidas su propia protección y la necesidad de recorrer dependencias estatales para ser escuchadas. Por eso es que, entre los reclamos, se sostiene paridad en la Justicia, elección popular de jueces y juezas, juicio por jurados, aplicación efectiva de la Ley Micaela, abogados y abogadas que acompañen de forma gratuita las denuncias por violencia de género, y presupuesto para los programas de asistencia de víctimas.
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Foto: Nadia Díaz
La pandemia también puso en evidencia las desigualadades en múltiples frentes: es también en el hogar donde se reproducen las tareas de cuidado no remuneradas, las labores domésticas que sostienen la rutina y que históricamente han recaído siempre, en gran mayoría, en las mujeres. A la tarea cotidiana se sumó también el cuidado de los niños, niñas y adolescentes ante el cierre de las escuelas, situación agravada en el caso de los hogares monoparentales sostenidos por mujeres que, en el país, ascienden a un 18%. De acuerdo a los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante la pandemia la tasa de desocupación de las mujeres jóvenes aumentó más que la de los varones, alcanzando la brecha más importante de los últimos cinco años. Además, la investigación registra que fueron las mujeres quienes destinaron 70% más de su tiempo a cuidados y que, respecto a este rubro, la brecha incrementó un 97%. Se calcula, además, que el 90% de las personas transexuales, transgénero y travesti no tienen trabajo formal.
Como se repitió en los años anteriores, «si nosotrxs paramos, se para el mundo»: un grito para defender lo conquistado ante los avances de quienes continúan obstaculizando derechos y para seguir luchando por el largo camino que falta. Las estadísticas se exponen hasta el cansancio y el contexto nivel mundial lo ha demostrado cómo la pandemia agudizó y dejó al descubierto todo lo que ya estaba a la luz. Otra jornada de lucha para buscar el fin de los cuestionamientos y las violencias a las vidas y a los cuerpos de mujeres y disidencias, para seguir exigiendo cambios estructurales que se transformen en políticas concretas.
