Se cumplen dos décadas del femicidio de Natalia Melmann, ocurrido en Miramar el 4 de febrero de 2001. Desde entonces sus familiares luchan contra la impunidad para buscar justicia, un camino atravesado por la complicidad estatal. En todos estos años, aún no se conocen todos los responsables implicados y los condenados obtuvieron múltiples beneficios, revocados y confirmados sucesivamente en distintas instancias judiciales. Un caso que se convirtió en bandera en la lucha contra la violencia de género.
El nombre de Natalia Melmann es uno de los tantos que, con el tiempo, se ha convertido en bandera contra la violencia de género, pero también contra la impunidad y el poder. Porque a Natalia la asesinaron policías de la Bonaerense que aún hoy siguen discutiendo su participación, a pesar de la evidencia, y que, desde su condena, han recibido beneficios en distintas instancias judiciales. A veinte años del femicidio, la familia Melmann sigue exigiendo Justicia y luchando frente a las complicidades estatales que durante todo este tiempo no han permitido llegar a una resolución. De los cinco rastros de ADN que fueron encontrados en el cuerpo de Natalia, hay uno que aún no fue identificado ni cotejado adecuadamente con el de los policías en funciones al momento del femicidio: la querella solicitó el procedimiento a la Suprema Corte bonaerense hace unos días.
De los cinco rastros de ADN que fueron encontrados en el cuerpo de Natalia, hay uno que aún no fue identificado ni cotejado adecuadamente con el de los policías en funciones al momento del femicidio: la querella solicitó el procedimiento a la Suprema Corte bonaerense hace unos días.
Natalia desapareció el 4 de febrero de 2001, cuando salía de un boliche en Miramar. La primera carátula del caso fue la de “fuga de hogar”. Familiares, amigos y vecinos movilizaron el pueblo entero en su búsqueda por cuatro días hasta que el 8 de febrero encontraron su cuerpo en el Vivero Dunícola Florentino Ameghino, zona que supuestamente ya había sido rastrillada por la policía los días anteriores. Las pericias demostrarían que al menos cinco hombres la violaron y asesinaron en una casa del barrio de Copacabana. La figura de femicidio aún no se había incorporado al Código Penal: faltaban todavía once años para que el Estado reconociera oficialmente la existencia de asesinatos por violencia de género. Los vecinos sabían que a Natalia la había matado la policía. Así lo gritaban durante las marchas por las calles pidiendo justicia. Fue el inicio de un camino obstaculizado por la complicidad institucional.
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El primer detenido fue Gustavo “El Gallo” Fernández, condenado luego a 25 años de prisión por entregar a Natalia. Varios funcionarios, entre ellos el ex gobernador Carlos Ruckauf intentaron sostener durante un tiempo su responsabilidad como único autor, evitando que se comprometiera a la Policía Bonaerense. Pero la reconstrucción y la investigación de un abogado encubierto demostró que intervinieron al menos tres policías: Oscar Echenique, Ricardo “El Mono” Suarez y Ricardo “Rambo” Anselmini. El primer juicio oral se realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata, donde los imputados fueron condenados a reclusión perpetua por «privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas». En 2006, Casación bonaerense redujo la pena a prisión perpetua, lo que implica beneficios como salidas transitorias, libertad condicional y fin de la condena. A Fernández le redujeron la pena a 10 años y en 2010 salió en libertad.
El primer detenido fue Gustavo “El Gallo” Fernández, condenado luego a 25 años de prisión por entregar a Natalia. Varios funcionarios, entre ellos el ex gobernador Carlos Ruckauf intentaron sostener durante un tiempo su responsabilidad como único autor, evitando que se comprometiera a la Policía Bonaerense
Los padres de Natalia apelaron y, en abril de 2012, Gustavo, el padre, inició una huelga de hambre frente a la Corte Suprema de la Nación. La defensa de los femicidas solicitaba declarar anticonstitucional la reclusión perpetua, hacer valer la Ley del 2×1 y la ley más benigna planteando el sentido de inocencia al no estar en firme aún la sentencia. Mientras tanto, en Miramar, a la madre era amenazada por los familiares de los condenados. La Corte finalmente rechazó el recurso Patricia Perelló, abogada defensora, pero dos meses después, un juez les otorgó salidas transitorias, beneficio que fue rechazado y luego reaplicado en varias ocasiones hasta 2017, cuando Perelló solicitó la revisión del juicio de 2012.
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Recién en el mes de octubre, Casación rechazó el recurso. Ricardo Panadero, el portador del cuarto ADN encontrado, había sido sobreseido durante el primer juicio, condición revocada en 2013: en ese momento la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio que comenzó recién en 2018. Los jueces del Tribunal Oral 4 de Mar del Plata consideraron insuficientes los aportes de los testigos y las pruebas de ADN que daban un 97% de coincidencia. Fue absuelto. En noviembre de 2019, Casación anuló la medida y ordenó la formación de un nuevo tribunal, proceso del que la familia está a la espera junto al cotejo del quinto rastro de ADN con la fuerza policial.
El femicidio de Natalia Melmann se convirtió en un caso emblemático para el país entero. A partir de ese momento el pueblo miramarense comenzó a denunciar públicamente la impunidad.
El femicidio de Natalia Melmann se convirtió en un caso emblemático para el país entero. A partir de ese momento el pueblo miramarense comenzó a denunciar públicamente la impunidad. La presión de la familia y de toda la sociedad permitió que el proceso judicial, a pesar de las idas y venidas y de los constantes intentos por dejar libres a los responsables, no fuera tergiversado por la fuerza policial o que no se ocultaran ni destruyeran pruebas como sucedió en casos como el de María Soledad, en Catamarca. Pero, dos décadas después, la lucha por la Justicia continúa.