El femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada en Rojas, Buenos Aires, por su ex pareja el oficial de la Bonaerense, Matías Ezequiel Martínez, volvió a poner en agenda las fallas al interior del sistema para dar una adecuada respuesta a las víctimas de violencia de género. ¿Qué fue lo que falló? ¿Cuáles son los mecanismos que ralentizan un procesos que debería ser inmediato? (Foto: Télam)
“Estoy acá por todas, para que no haya ni una más como Úrsula”, dijo en Tribunales Patricia Nasutti, la madre de la adolescente asesinada el pasado 8 de febrero. Llegó a la marcha con un cartel con la foto de su hija, pidiendo justicia. Úrsula Bahillo tenía 18 años y sabía que corría peligro: fue violentada durante meses por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, de la Policía Bonaerense de la localidad de Rojas. La primera denuncia formal la realizó su madre el 9 de enero, en la Comisaría de la Mujer, donde le otorgaron una perimetral. El 1 de febrero Patricia volvió a la comisaría a realizar una nueva denuncia por incumplimiento de la medida pero el juez la desestimó.
Úrsula tenía miedo pero decidió denunciarlo personalmente el 5 de febrero en la Comisaría de la Mujer, por desobediencia y amenazas. También declaró ante la ayudantía fiscal, la Comisaría y el Juzgado de Paz y pidió un botón antipánico que tardó tres días en ser solicitado por el Juez de Paz. Su entrega fue autorizada el 8, cuando ya estaba muerta. Martínez la asesinó de quince puñaladas. La alerta se puede rastrear desde año atrás: el femicida ya contaba con una causa abierta en 2017 por amenazas contra una ex pareja que tenía fecha para juicio oral para el pasado 18 de abril y que se encontraba incluso en la misma fiscalía donde la madre de Úrsula realizó la primera denuncia.
Foto: Agencia Télam
De acuerdo al relato de la periodista Florencia Alcaraz en Anfibia, Martínez también tenía una carpeta médica- psiquiátrica por desobediencia y una investigación abierta por violación a una nena de 14 años, sobrina de otra ex pareja a quien también violentaba. El fiscal a cargo de la causa pidió su detención en dos oportunidades: la primera, el pasado mes de enero, fue rechazada, y la segunda fue solicitada el 4 de febrero, días antes del femicidio, lo que significa que de haber sido recepcionada debería haber estado privado de su libertad antes de cometer el asesinato. Cuando amigos y amigas de Úrsula se acercaron a la comisaría a pedir justicia, fueron reprimidos con balas de goma. Nerina, por ejemplo, casi pierde un ojo: estaba cruzada de brazos frente al edificio cuando le dispararon. El video del ataque se viralizó y fue lo que visibilizó el femicidio de Úrsula al punto de dar lugar a una nueva convocatoria por Ni Un Menos que se realizó frente a Tribunales el 17 de febrero.
Nada funcionó, los pedidos fueron desoídos, la burocracia lo atrasó todo, la falta de perspectiva de género continuó alimentando el circuito de violencia institucional al que mujeres y diversidades se enfrentan si dan un paso para salir de la violencia machista. Después de años de reclamos, de visibilización, de casos como el de Lucía Pérez o el de Micaela García, donde la complicidad y la ineficacia de la Justicia fueron muestra de la falta de respuestas concretas, ¿por qué el Estado sigue llegando tarde? Como el caso de Úrsula se puede nombrar también al de Paola Tacacho, de Tucumán, asesinada el pasado mes de octubre por Mauricio Paradas Pareja, quien la acosaba desde hacía cinco años y contra quien había llegado a radicar trece denuncias.
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Foto: Reuters
En ese momento también fueron evidentes algunas de las fallas: la desatención de agentes estatales, la falta de capacitación y seguimiento adecuado a las medidas en las instancias posteriores a la denuncia, la fragmentación de las respuestas por parte del sistema y también un abordaje que recarga enteramente en las víctimas la tarea de evitar las violencias atravesadas. Son ellas quienes tienen que reclamar el cumplimiento de las medidas y su gestión. Cuando el agresor incumple la perimetral, es la persona violentada la que tienen que insistir nuevamente ante el Estado, cuando se le entrega el botón antipánico, es ella la encargada de defenderse con el peligro que eso pueda implicar. ¿Y mientras tanto?
Ya lo advertía el manifiesto de Ni Una Menos en la primera marcha de 2015: en muchas jurisdicciones, son las víctimas las que tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia que hicieron en las comisarías y aportar por sí mismas pruebas y testigos para que las causas no se paralicen y se archiven. En ese sentido, algunos de los reclamos que se realizaron en ese momento fueron el funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, para agilizar las medidas cautelares de protección, garantías para la protección de las víctimas de violencia, implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento, la vinculación de las causas del fuero civil y penal para poder evitar la necesidad de una doble demanda y la federalización de la línea 137. A diferencia de la línea 144, este programa cuenta con equipos móviles que asisten a quienes se encuentren en situaciones de emergencia, conformados por profesionales de la psicología y el trabajo social que realizan una intervención, sin embargo, se encuentra localizada en pocos puntos del país.
De acuerdo a una investigación acerca de la actuación del sistema de justicia de la Ciudad de Buenos Aires en casos de violencia de género, realizada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el 64% de las víctimas habían puesto una denuncia previa por violencia y “evidencia fallas en el Poder Judicial y en las instituciones del Estado (…) sobre la adopción de medidas tendientes a hacer cesar las violencias, la garantía de no repetición y la obligación de proporcionar servicios de apoyo adecuados para las víctimas”. Además, no solo se constata que el 57% de las medidas de protección son incumplidas, sino que además muchas veces suponen un obstáculo cuando se decretan a favor de la mujer pero no de sus hijos e hijas involucradas. A esto se suman las estadísticas de la violencia policial: según el CELS: entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o ex parejas policías.
A pesar de los avances dados al interior del Estado en los últimos años, las respuestas parecen ser insuficientes y en casos como el de Úrsula, no solo saltan a la luz las deficiencias para abordar un problema estructural, sino también la necesidad de una articulación diferencial especialmente cuando la violencia es además ejercida desde el interior de las propias instituciones, cuando el agresor es parte de las mismas y cuando, a su vez, la asistencia no llega en el momento necesario.
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