En el primer Foro de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual se habló de la necesidad de la menstruación como política pública. «La gestión menstrual va a ser política de Estado», dijo Dora Barrancos al cerrar. A pesar de la importancia de la iniciativa, que constituye un paso esencial para eliminar la discriminación económica generada a partir de la menstruación, no faltaron las críticas que la desestimaron despectivamente. ¿Cuáles son los costos de menstruar? ¿Por qué decimos que la menstruación es factor de desigualdad? ¿Qué pasa con quienes no pueden comprar los productos necesarios para su gestión? (Foto: Milo Díaz)
Menstruación. La sola palabra ha causado rechazo a lo largo del tiempo y fue reemplazada por términos que, durante la historia, no hicieron más que acrecentar un tabú y asociarlo a un rito de pasaje con el que una mujer se prepara para la maternidad. “Hacerse señorita”. En muchos casos, la frase aún viene acompañada de felicitaciones y hasta festejos que luego dan lugar al ocultamiento. El repliegue al espacio privado de algo que no debe mencionarse más que con la carga de un estigma que invisibiliza la gestión menstrual en el proceso. Hablar de menstruación y hacerlo particularmente desde una perspectiva de género, inclusiva de todas las identidades, es un paso fundamental para romper con los discursos que abordan los derechos sexuales y reproductivos exclusivamente desde la maternidad y, también, para poseer el saber sobre el propio cuerpo. ¿Cuánto se enseña realmente sobre salud menstrual, sobre el dolor y, sobre los productos para su gestión? ¿Qué pasa con quienes no tienen ni información ni acceso a los mismos?
El pasado 15 de diciembre, la Casa Rosada recibió al Foro de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual, donde se reunieron funcionarias nacionales, provinciales, concejalas y activistas de todo el país para plantear iniciativas que reviertan las condiciones de desigualdad producto de la menstruación. Se calcula que las mujeres y personas gestantes gastan un costo promedio de entre $2992 anuales – en caso de utilizar toallitas – y $3925 – en caso de usar tampones -. Esto representa aproximadamente el 10% de los ingresos – siendo $18.257 la media – , dato que se suman además al 29% de brecha salarial entre varones y mujeres, porcentaje que asciende al 35,6 en el sector informal. Las cifras surgen del informe más reciente de la campaña Menstruacción de Economía Femini(s)ta, que, desde el 2017, busca visibilizar la falta de información y acceso a la salud menstrual, tema que hasta hace poco, no había tenido lugar en la agenda pública.
“La gestión menstrual va a ser política de Estado”, dijo Dora Barrancos al cerrar el encuentro que tuvo lugar en Casa Rosada. A pesar de la importancia que la temática reviste para la salud pública, en algunos medios, la noticia rápidamente causó indignación. “¿Qué es lo que están pidiendo estas mujeres? ¿Un Ministerio porque menstruamos?”, escribió en una nota para Infobae Viviana Canosa. “Los tampones me los compro yo”, agregó al final, luego de desestimar de forma despectiva la situación atravesada por miles de mujeres y personas gestantes en todo el país. De acuerdo a Economía Femini(s)ta, durante el último año, las toallitas y tampones aumentaron un 21% y 32% respectivamente. Casi un 58% de los hogares argentinos cuenta con una mujer o persona gestante en edad reproductiva que necesita acceder a dichos productos. En casos de vulnerabilidad social y económica y ante la imposibilidad de afrontar los gastos que conllevan, la menstruación se transforma en un factor de ausentismo escolar y laboral.
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Foto: Nadia Díaz. La importancia de la menstruación como política pública.
A pesar de que los productos de gestión menstrual son de primera necesidad y son fundamentales para la salud, se encuentran gravados como si se trataran de productos de lujo, acrecentándose así la desigualdad. En Argentina, la alícuota del 21% del IVA sobre estos productos representa 328 millones de pesos de la recaudación nacional, de acuerdo a datos relevados por la Dirección de Economía, Igualdad y Género. Precisamente, uno de los temas discutidos en el Foro de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual fue la necesidad de implementar cambios en el sistema impositivo para que sea más progresivo y equitativo. Actualmente, en el Congreso, se encuentran presentadas 19 iniciativas referidas a la provisión gratuita de estos productos, a su exención de impuestos y a la promoción de la gestión menstrual sustentable. Uno de los más recientes, impulsado por la asesora de Jefatura de Gabinete, Carmela Moreau, también contempla medicamentos como los analgésicos y un enfoque sostenible al reemplazar los productos descartables por otros reutilizables.
Muchas de esta iniciativas fueron trabajadas desde 2017 junto a distintas integrantes de Economía Femini(s)ta. Como se detalla en el portal de la página, si bien desde la organización el texto se confeccionó para la Nación, actualmente hay muchas variantes para las provincias y Capital, donde los puntos comunes son la excepción del IVA, la provisión en cárceles, escuelas, hospitales, dispensers en baños públicos y la necesidad de información, investigación y datos sobre la menstruación y el impacto de los productos en el medio ambiente y sobre el cuerpo, necesarios para llevar adelante políticas públicas respecto a la gestión menstrual que, a su vez, terminen por romper el tabú alrededor del tema. Hasta ahora una acción concreta que se destacó en el foro fue la incorporación de los productos en el Programa de Precios Cuidados, para la disminución del costo de las toallitas y tampones.
Foto: Rosario Plus. La importancia de la menstruación como política pública.
Eliminar el factor de la desigualdad creado alrededor de la menstruación es también un tema de debate en otros países del mundo. El informe Impuestos Sexistas en América Latina, evaluó a Colombia, Chile, República Dominicana, Bolivia, Perú, México, Argentina, Ecuador, Uruguay y Venezuela y concluyó que, en nueve de estos diez países, las toallas higiénicas y los tampones sufren la tarifa plena del IVA, de entre el 12 % y el 22 %, como si fueran productos de lujo. Mientras que se calcula que el costo promedio anual de estos impuestos ronda los 70 millones de dólares, México y Argentina son los países donde las personas menstruantes más pagan por los mismos. Colombia es la excepción: movimientos feministas lograron llevar a 0% la tarifa después de la campaña #MenstruaciónLibreDeImpuestos. En noviembre de 2018, ante una demanda de inconstitucionalidad contra el impuesto sexista y discriminatorio, la Corte Constitucional colombiana emitió un fallo que lo eliminó, convirtiendo al país en el primero de América Latina y el Caribe en reconocer su nocividad para la situación económica de las mujeres.
Por su parte, tal como destaca Silvina Coronello en un artículo escrito para Economía Femini(s)ta, Canadá y Francia, al igual que algunos estados de Estados Unidos determinaron la reducción o eliminación de impuestos equiparables al IVA sobre toallas higiénicas y tampones por considerar que el mencionado impuesto viola los derechos a la igualdad y a la salud de las mujeres debido a la existencia de discriminación económica, discriminación desde la perspectiva de la salud, y discriminación en el derecho a la vida digna. El pasado mes de noviembre, Escocia se convirtió en el primer país del mundo que proveerá de forma gratuita productos de gestión menstrual en edificios públicos. Varios informes también respaldaron la necesidad de esta ley. Se calcula que, en Reino Unido, una de cada 10 niñas en el Reino Unido no puede pagar los productos para la menstruación; y dos de cada 10 utiliza un producto menos adecuado debido al costo.
Si la menstruación fue considerada a lo largo de la historia como un tema íntimo y privado fue precisamente por el mismo tabú y violencia que ha buscado ocultar los cuerpos de las mujeres. Romper finalmente el hermetismo de los relatos es otro resultado del trabajo de los movimientos feministas ante la necesidad de cambiar los sentidos. Los datos son claros: no, no todas las mujeres y personas gestantes pueden comprar tampones, toallitas o productos para gestionar la menstruación, algo que demanda una política pública que elimine una desigualdad que se encuentra enraizada a muchas otras, que requiere comprender que menstruar también es político.
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