Llega otro 1 de diciembre y con esta fecha un nuevo Día Mundial de Respuesta Frente al Vih y al Sida. En este contexto, en el que la pandemia de Covid-19 ha profundizado las desigualdades, la necesidad de una nueva ley que actualice el marco normativo vigente desde 1990 se hace cada vez más urgente. ¿Cuál es la situación actual? ¿Que dice el proyecto presentado por tercera vez en el Congreso? (Foto: Canal Abierto)
En 1988, la Organización de las Naciones Unidas estableció el l de diciembre como el Día Mundial de Lucha contra el Sida, hoy conocido como Día Mundial de Respuesta Frente al Vih y al Sida, con el objetivo de concientizar y avanzar hacia agendas de trabajo conjuntas que permitan terminar con los estigmas y desarrollar políticas públicas adecuadas. Luego de 2015, la ONU impulsó un objetivo – fijado en ese momento para 2020 – para lograr el fin de la epidemia: el acuerdo 90-90-90. Esto implica impulsar los testeos para lograr que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico; que el 90% de las diagnosticadas reciban terapia antirretrovírica continuada; y que el 90% de aquellas bajo tratamiento tengan carga viral indetectable.
¿Qué significa aquello? Que en esos casos, en los que se recibe la medicación adecuada, la cantidad del virus en el cuerpo es tan poca que no puede detectarse en los análisis y, si esto se mantiene por más de seis meses, el riesgo de transmitir el virus por vía sexual es nulo. Indetectable es igual que intransmisible
¿Qué significa aquello? Que en esos casos, en los que se recibe la medicación adecuada, la cantidad del virus en el cuerpo es tan poca que no puede detectarse en los análisis y, si esto se mantiene por más de seis meses, el riesgo de transmitir el virus por vía sexual es nulo. Indetectable es igual que intransmisible. Pero para que esto pase, son necesarias políticas públicas de prevención y tratamiento, incluida una Educación Sexual Integral que permita brindar información adecuada, desterrar todos los estigmas. El primer caso de VIH fue notificado en Argentina en 1982. En el día de ayer, se publicó el informe anual de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis, que registra un promedio de 4800 nuevos casos de VIH notificados por año en el país.
Se estima que 10,3 personas por cada 100 000 habitantes viven con el virus, es decir alrededor de 136.000, de las cuales el 17 % desconoce que lo tiene y el 67 % se atiende en el sistema público de salud donde, en 2020, se proveyó del tratamiento antirretroviral a 60 mil personas. El análisis de los casos notificados entre 2017 y 2019 señala que por cada mujer se diagnosticaron 2,3 varones (lo que implica que más del 60% de los diagnósticos son en varones), que la edad media fue de 33 años y que más del 98% de las infecciones se producen por relaciones sexuales sin protección. En cuanto a la oportunidad del diagnóstico, el 30,2% se realiza en una etapa avanzada de la infección: en el 26% de las mujeres y en el 32,1% de los varones. El informe también registra que la sífilis tuvo un incremento sostenido en los últimos cinco años. Según un comunicado de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), desde 2008 Argentina está en una meseta epidemiológica: todos los años hay alrededor de 5500 nuevas notificaciones de personas con VIH y, todos los años, mueren alrededor de 1500 personas por enfermedades relacionadas con el VIH.
Foto: José Luis Schanzenbach/ Fundación GEP
La pandemia de Covid-19 evidenció desigualdades sociales. Para las personas viviendo con VIH esto no fue la excepción y se tradujo en complicaciones para realizar testeos, recibir la medicación antirretroviral para los tratamientos y los seguimientos médicos adecuados. En el informe anual de Onusida, la directora ejecutiva, Winnie Byanyima señaló: “La pandemia está teniendo efectos de gran alcance en los sistemas de salud y otros servicios públicos; en muchos países, los servicios de VIH se han interrumpido, y las cadenas de suministro de productos básicos clave se han demorado; en todo el mundo, se diagnostica el VIH a menos personas y menos personas que viven con el VIH están comenzando el tratamiento”. De acuerdo las proyecciones realizadas por el organismo, el efecto de la pandemia podría provocar entre 123 y 293 mil nuevas infecciones de VIH y entre 69 148 mil muertes relacionadas con sida entre 2020 y 2022. “El fracaso colectivo para invertir lo suficiente en respuestas al VIH integrales, basadas en los derechos y centradas en las personas ha tenido un precio terrible”, sostiene Byanyima.
La pandemia de Covid-19 evidenció desigualdades sociales. Para las personas viviendo con VIH esto no fue la excepción y se tradujo en complicaciones para realizar testeos, recibir la medicación antirretroviral para los tratamientos y los seguimientos médicos adecuados.
En Argentina, esto profundizó una situación de emergencia existente. Desde el año 2016 se viene denunciando faltante de la medicación y la posibilidad de realizar controles. En julio de 2019, la Fundación GEP realizó un pedido formal a la Dirección Nacional de Sida para obtener los datos de las últimas compras de antirretrovirales, lo que dio cuenta de una falta de stock de al menos tres medicamentos, poniendo en peligro el tratamiento de alrededor de 15 mil personas. Esto obliga, muchas veces, a cambios en el cóctel de medicamentos recetado, que por lo tanto no responden a criterios médicos, lo cual puede traer efectos adversos para la persona. Los resultados del recorte presupuestario de $1.724 millones para la Dirección Nacional de Sida en 2019, fueron más que evidentes.
Foto: RedLam
El pasado 26 de octubre, se presentó públicamente un nuevo proyecto de Ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS, producto del trabajo con cuarenta organizaciones. Este es el tercer intento por modificar el marco vigente desde 1990, contemplado en la Ley 23.798: el primero fue en 2016 y el segundo en 2018, aunque, en realidad, el proceso de construcción comenzó en 2014, de la mano de distintas organizaciones de la sociedad civil, académica y científica. Tal como lo describe la Asociación Ciclo Positivo, esta nueva ley es fundamental, ya que implica un cambio de perspectiva de un enfoque exclusivamente biomédico a uno con perspectiva de género y derechos humanos, garantizando la atención integral y gratuita independientemente de la cobertura de salud y haciendo énfasis en determinantes sociales y en la eliminación del estigma.
Tal como lo describe la Asociación Ciclo Positivo, esta nueva ley es fundamental, ya que implica un cambio de perspectiva de un enfoque exclusivamente biomédico a uno con perspectiva de género y derechos humanos, garantizando la atención integral y gratuita independientemente de la cobertura de salud y haciendo énfasis en determinantes sociales y en la eliminación del estigma.
El proyecto, además, prohíbe la oferta y realización del test de VIH, Hepatitis, TBC e ITS en los exámenes médicos preocupacionales, de forma que ni las pruebas ni ningún resultado sean requisito para el ingreso, permanencia o promoción en los puestos de trabajo. También, declara de interés público y nacional los medicamentos, vacunas, formulaciones, procedimientos y productos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura del VIH, Hepatitis, TBC e ITS; impulsa la capacitación para todos los equipos que trabajan en el área, incluyendo autoridades de los poderes estatales, trabajadores y trabajadoras de salud y medios de comunicación; asegura la provisión de tratamientos a quienes adquirieron el virus por transmisión vertical; contempla un régimen de pensiones no contributivas; crea una Comisión Nacional integrada por distintos ministerios, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajen el tema; y establece un Observatorio Nacional de Estigma y discriminación en la órbita del INADI, en la búsqueda de que no se pueda utilizar la infección por cualquier ITS para impedir el ejercicio de los derechos.
En este contexto, el tratamiento de un nueva ley resultan fundamental, en tanto es urgente contemplar los determinantes sociales que impiden un acceso adecuado a la salud pero también para una respuesta integral frente al VIH. La discriminación, exclusión y la estigmatización, basados en la falta de información y en la falta de perspectiva de género y de derechos humanos, son los principales obstáculos y generadores de discursos de odio que continúan reproduciéndose, muchas veces reflejados en las normas. Sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre, en la provincia de Mendoza se buscó votar una reforma del Código Contravencional que criminalizaba la transmisión de VIH e ITS. Aunque, la movilización y denuncia de organizaciones logró que finalmente esa modificación fuera eliminada, es una muestra de la peligrosidad de los discursos discriminatorios y su alcance y una evidencia más de la necesidad de políticas públicas que eliminen la exclusión de un camino en el que la educación sexual integral sea clave junto al nuevo marco normativo que espera en el Congreso su aprobación.
