Una semana de exposiciones en la Cámara de Diputados dio inicio a un nuevo debate por el aborto legal y a otro episodio histórico. Volvieron a escucharse las voces que luchan por la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho para todos las personas gestantes, como un problema de salud pública y como una deuda de la democracia que es necesario saldar para la libertad y la autonomía. ¿Cuáles fueron las diferencias con el debate de 2018? (Foto: Nadia Díaz)
Inicia una nueva cuenta regresiva. Con los cuidados necesarios que el contexto de pandemia demanda, la marea verde se asomó nuevamente a los alrededores del Congreso para volver a reclamar lo que en 2018 representó un momento histórico en la lucha de los movimientos feministas del país: un nuevo debate en el recinto para la aprobación de la ley. Desde el anuncio del presidente, Alberto Fernández, en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo se esperó mucho tiempo este momento, hasta que el envío del proyecto para la legalización del aborto a la Cámara de Diputados se concretó finalmente el pasado 17 de noviembre. Un impulso clave para encausar su discusión en la agenda legislativa y una oportunidad necesaria, teniendo en cuenta que el año entrante se modifica la composición de las cámaras. Hoy se firmará el dictamen que será llevado al recinto durante el día de mañana, 10 de diciembre, en una sesión maratónica que se espera que dure alrededor de 36 horas.
En la cuarta y última jornada de exposiciones de la semana pasada, Cecilia Moreau, presidenta de la Comisión de Legislación General, contó su propia experiencia: “Nadie toma el aborto como un método anticonceptivo, nadie promueve el aborto, nadie quiere llegar a un aborto, pero ¿saben qué? Pasa. A esta mujer que está presidiendo este debate, a los 16 años, le pasó. Me falló el método anticonceptivo (…)
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El debate desarrollado en el Congreso en 2018 fue un episodio bisagra en nuestra sociedad: 15 audiencias con 738 expositores y expositoras en la Cámara Baja. No solo fue un hecho inédito en la agenda política: por primera vez se habló del aborto a viva voz, se rompió el tabú, se sacó de las sombras el negocio de la clandestinidad y la despenalización social se transformó en un hecho. Los resultados de aquella ola expansiva siguen demostrándose hasta el día de hoy. En la cuarta y última jornada de exposiciones de la semana pasada, Cecilia Moreau, presidenta de la Comisión de Legislación General, contó su propia experiencia: “Nadie toma el aborto como un método anticonceptivo, nadie promueve el aborto, nadie quiere llegar a un aborto, pero ¿saben qué? Pasa. A esta mujer que está presidiendo este debate, a los 16 años, le pasó. Me falló el método anticonceptivo (…) Yo tomé la decisión de interrumpir ese embarazo, yo era una nena que quería tener una vida, soñaba con ser médica, militar, viajar, vivir (…) Lo que me sigue pesando es el miedo y la clandestinidad, sintiendo que podía ir presa por lo que estaba haciendo”.
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No es cierto, como se aludió en repetidas oportunidades en particular durante el debate de 2018, que el castigo penal por la práctica del aborto no existe. La persecución estatal es una realidad, sobre todo para personas gestantes de los sectores más vulnerables. Entre el 2012 y la actualidad se registran al menos 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos por los que han atravesado, en muchos casos, investigaciones penales, maltratos, interrogatorios forzados y allanamientos ilegales. La gran mayoría de esas mujeres carece de trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones precarias. Los datos surgen de una investigación coordinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui. Según cifras oficiales, entre 1990 y 2009, se registraron 447 condenas por aborto y 22 entre 2002 y 2008.
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Foto: Nadia Díaz
Las voces del debate
“Lo único que sé después de veinte años de profesión es que todas las mujeres abortan, no importa lo que piense yo ni el cura, ni los jueces. Cuando la mujer quiere abortar prefiere morir antes que maternar. Las mujeres más humildes se juegan, además de la salud, la libertad, porque también sé que nunca vi presa a una mujer que tenga plata”. Así lo afirmó la tucumana Cecilia Ousset, invitada al segundo día de exposiciones. Médica católica, es objetora de conciencia pero no obstaculiza la práctica. Ella fue quien, junto a José Gigena, le realizó la microcesárea a Lucía, la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela. En ese momento, el gobierno provincial impuso barreras para dilatar la aplicación del aborto no punible y promover el avance gestacional para forzar el nacimiento. “En cuanto conocimos la realidad de Lucía pusimos fin a su tortura. ¿Cuántas semanas hay que esperar para frenar un tormento? Para nosotros ni un solo día”, dijeron Ousset y Gigena. El bebé murió y hoy ambos tienen una causa penal abierta por “homicidio calificado”.
Ousset fue parte de las 71 exposiciones que tuvieron lugar la semana pasada a lo largo de cuatro jornadas en la Cámara de Diputados, en el plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública y Mujeres y Diversidad. Al igual que en 2018, la mayoría de los argumentos en contra del derecho al aborto giraron en torno a la moral religiosa y a la “defensa de la vida”, en rechazo de la capacidad de decisión de las personas gestantes. Se reiteraron también algunos de los mitos que fueron usados como caballito de batalla hace dos años atrás, pero que también fueron oportunamente refutados en las exposiciones de ese momento: la idea del aborto como inconstitucional y como una experiencia traumática per sé, sin considerar las particularidades de cada persona, las consecuencias de la clandestinidad, o lo que puede implicar llevar adelante una gestación y/o una maternidad no deseada. El contexto de pandemia reforzó también el discurso que concibe al aborto como un gasto que, en términos económicos, el Estado no podría afrontar, y la falsedad de que llevaría a una mayor ocupación de camas e internaciones.
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Foto: Nadia Díaz
“No existen objeciones constitucionales y provenientes de los tratados sobre DDHH que invaliden el proyecto de ley. Mantener la penalización implica avalar la apropiación estatal del cuerpo de las mujeres y personas con capacidad de gestar y castigar el goce de la mujer mientras los hombres seguimos gozando sin ningún obstáculo”, afirmó el abogado Andrés Gil Domínguez, quien defendió la constitucionalidad del proyecto. Varias exposiciones se expresaron en la misma línea, como la de la abogada Nelly Minyersky y la de la Doctora en Derecho, Marisa Herrera, quienes también hicieron alusión a la compatibilidad con el Código Civil, o también la jurista Aída Kemelmajer De Carlucci, quien explicó cómo los tratados internacionales tampoco son contrarios a una ley de IVE. “Todos los tratados, como todas las leyes, tienen que ser interpretadas. Tiene que haber una interpretación dinámica de los textos, conforme a las realidades y las necesidades actuales y no mirando hacia atrás”, dijo la ex integrante de la corte mendocina.
En este sentido, fue notable la intervención de Luis Pedernera Reyna, Presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU, órgano que controla la aplicación del tratado correspondiente. “El Comité le ha reiterado en dos ocasiones en 2010 y 2018 la necesidad de avanzar en políticas de interrupción del embarazo y despenalización del aborto que, hasta ahora el Estado argentino no las ha atendido”, afirmó. “Existe un mito en la sociedad argentina de que tienen una reserva a la Convención de los Derechos del Niño sobre el momento de la concepción (…) Para la Convención, niño es toda persona o ser humano menor de 18 años. En la Convención, para nada ingresa en el momento de la concepción, por lo tanto esa cuestión que el Estado Argentino considera una reserva es una declaración unilateral que no tiene efecto vinculante con la Convención y con el órgano del tratado”.
Pedernera Reyna se refirió a su vez a la recomendación del Comité de garantizar servicios de salud sexual y reproductiva a niños, niñas y adolescentes, incluyendo la posibilidad del aborto y atención post aborto, contemplando los deseos de la persona gestante. “Son terribles los testimonios que hemos recibido en el de niñas violadas, abusadas sexualmente, y que han sido obligadas a parir por diferentes cuestiones; lo que más preocupa son las dilaciones de un sistema de justicia que no llega a tiempo para atender los tiempos de la infancia”. En Argentina, al menos siete niñas entran todos los días a una sala de parto. Así lo comunicó la campaña #PuedoDecidir, impulsada por FEIM, UNICEF, Amnistía Argentina, Fundación Huesped, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Según registros oficiales, este año, 91.586 adolescentes de 15 a 19 años y 2.493 niñas menores de 15 años, tuvieron un hijo o hija.
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Foto: Nadia Díaz
Frente a aquellas voces que, como hace dos años, hablan del aborto como un “gasto” y de costos que serían inabarcables por parte del Estado, también hubo exposiciones que volvieron a dejar en claro datos concretos. Sonia Terragona, subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación estuvo en la segunda jornada y presentó la continuidad de un trabajo que ya había exhibido en el debate del Senado en 2018. De acuerdo a su investigación, se estima que aproximadamente un 75% de los abortos que se realizan por fuera del sistema de salud, toman contacto con él, ya sea para completar abortos incompletos o por casos más graves. “No es cierto que hoy no estamos pagando los costos, lo único que se hace fuera del sistema es propiamente la práctica del aborto, pero todas las complicaciones, las atenciones, las visitas a los profesionales, se siguen haciendo en el sistema formal”.
Considerando en el trabajo distintas variables y escenarios posibles, Terragona afirmó que “en cualquier caso el costo de esas estrategias sigue siendo infinitamente inferior al costo que hoy nos significa la atención de las consecuencias de los abortos realizados fuera del sistema”. Y agregó que no solamente no se gastaría más sino que se gastaría diez veces menos de lo que se está gastando por atender las complicaciones de aquellas intervenciones practicadas por fuera del sistema de salud. De avanzar la legalización, el ahorro podría ser de hasta $10.000 millones de pesos al año cada 300 mil abortos. Además, la investigación muestra que si se introdujera competencia en el mercado de medicamentos, si se emplearan los precios de compra institucional o si se produjeran públicamente, las brechas serían aún mucho más significativas.
Esto es fundamental: es precisamente el aborto medicamentoso el método más recomendado por la Organización Mundial de la Salud y el que permite su realización de forma ambulatoria. “Es esencial la acción de un Estado presente para garantizar la provisión de Misoprostol, que no dependa de un grupo de empresas ni se comercialice en farmacias a precios tan elevados que lo vuelven inaccesibles, como sucede actualmente”, dijo en su exposición Magui Fernández Valdez, Directora del Observatorio de Acceso al Misoprostol. “La industria farmacéutica es conocida por sus prácticas oligopólicas y monopólicas y por enfocarse en la ventaja y en la ganancia en vez de en la salud”, agregó. De acuerdo a un informe relevado por su organización, alrededor de 1,2 millones de mujeres no pueden afrontar los costos de una caja de misoprostol. Entre 2015 y 2019, el producto aumentó un 1280%. A esto se le suman las prohibiciones de venta – oficiales en provincias como San Juan y Mendoza – y estigmas que aún pesan con tan solo decir «Misoprostol» en el mostrador de una farmacia.
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Foto: Nadia Díaz
¿Cómo vienen los números?
A diferencia de lo que sucedió en 2018, los números en la Cámara de Diputados no se encontrarían tan reñidos. De acuerdo al poroteo registrado y actualizado por Economía Femini(s)ta, basado en declaraciones públicas, hay 126 diputados y diputadas que se manifiestan a favor y 111 en contra. Los indecisos son 18 y representan un 7%. En el Senado, las estadísticas están más ajustadas: 35 a favor, 33 en contra y 3 indecisos. Aunque es útil tener un recuento, también hay que contemplar el hecho de que nada puede medirse en términos rígidos: en 2018 los cambios fueron varios durante el transcurso de la sesión, muchos se debieron gracias al trabajo del grupo de diputadas conocido como las «sororas» , que generó una experiencia de articulación transversal entre varios bloques, lo que permitió armar alianzas y, gracias a la presión de la marea verde en la calle, ganar también votos.
.Aunque es útil tener un recuento, también hay que contemplar el hecho de que nada puede medirse en términos rígidos: en 2018 los cambios fueron varios durante el transcurso de la sesión, muchos se debieron gracias al trabajo del grupo de diputadas conocido como las «sororas» , que generó una experiencia de articulación transversal entre varios bloques, lo que permitió armar alianzas y, gracias a la presión de la marea verde en la calle, ganar también votos.
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En ese momento, fue clave la decisión de los entonces diputados y diputadas de la provincia de La Pampa, Sergo Ziliotto, Ariel Rauschenberger y Melina Delú, que la mañana del 14 de junio de 2018, después de casi 24 horas de sesión informaron a través de Twitter que votarían a favor, en un momento en que, quienes estaban en contra superaban el debate por dos votos. Así fue cómo las 8.11 am revirtieron el panorama. También el caso de Mirta Pastoriza, del Frente Cívico de Santiago, la diputada de mayor edad en el recinto que reveló en su cuenta de Facebook que apoyaría la ley. El voto 129 correspondió a Gastón Roma, diputado de Tierra del Fuego, que no había participado en el recinto y que en marzo de ese año había formado parte de una marcha «pro vida», pero que luego modificó su decisión.
En las calles, la marea verde vuelve a reunirse frente al Congreso, en un vigilia que acompañará la sesión maratónica. Al igual que hace dos años atrás, es una nueva oportunidad para hacer historia, para ampliar los derechos sexuales y reproductivos que durante tanto tiempo fueron postergados. Un corolario de un camino épico que hace dos años generó un quiebre en las agendas y gracias al cual una deuda de la democracia está por saldarse.
