Como ya ha sucedido en otras oportunidades durante este año, el contexto de pandemia ha obligado a generar formas de reinventar convocatorias históricas. La XXIX edición de la Marcha del Orgullo no es una excepción: este año se realizará un evento virtual para celebrar las identidades y para continuar visibilizando las violencias atravesadas de forma cotidiana por las disidencias. ¿Cuáles son los principales reclamos? (Foto: Camilo Díaz)
Al igual que todos los meses de noviembre llega la fecha de la Marcha del Orgullo y aunque la pandemia de Covid-19 impide la presencia física en las calles, esto no frenará la posibilidad de un convocatoria virtual, para continuar defendiendo los derechos conquistados y alzar la voz por aquellos que quedan por alcanzar. “Ley para la inclusión travesti-trans”, “Aborto legal” y “Estado laico” son algunas de las consignas principales que se impulsan desde la comisión organizadora, que coordinará un evento desde redes sociales en conjunto con la Televisión Pública, programado para el próximo 7 de noviembre a las 21 hs. Como en 2019, esta 29ª edición tampoco lleva las siglas LGBTIQ: “Quitamos las letras porque dejaron de ser representativas. Cada día empiezan a visibilizarse nuevas identidades que rompen con las normas sobre la sexualidad”, explicó el año pasado a Página/12 Mariana Spagnuolo, integrante de la comisión organizadora.
Impulsada por varias organizaciones – entre ellas Gays por los Derechos Civiles, presidida por Carlos Jáuregui – la Marcha del Orgullo Gay-Lésbico buscaba visibilizar las normas y prácticas represivas vigentes desde la dictadura, reclamando medidas como la derogación de los edictos policiales, la penalización de los actos discriminatorios y el reconocimiento de derechos civiles.
El origen de este día que ha congregado a lo largo de los años a miles de personas, se remonta al mes de julio de 1992, con la primera Marcha del Orgullo Gay-Lésbico, llevada adelante en la Ciudad de Buenos Aires. Impulsada por varias organizaciones – entre ellas Gays por los Derechos Civiles, presidida por Carlos Jáuregui – buscaba visibilizar las normas y prácticas represivas vigentes desde la dictadura, reclamando medidas como la derogación de los edictos policiales, la penalización de los actos discriminatorios y el reconocimiento de derechos civiles. “Exigimos que los políticos empiecen a tomar posición en contra de la discriminación. De una vez por todas la dirigencia política debe dejar de pensar que somos ciudadanos de segunda”, expresó el colectivo en una nota publicada en Diario Popular, el 29 de septiembre de 1993. A partir de 1997, la movilización comenzó a realizarse en el mes de noviembre, en conmemoración a la fundación de Nuestro Mundo, el primer grupo de diversidad sexual del país y de Latinoamérica.
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Carlos Jáuregui en la Marcha del Orgullo Gay-Lésbico
A lo largo de los últimos 29 años, fueron varios los derechos conquistados gracias a la lucha del colectivo LGBTIQ+: el pronunciamiento en contra de la discriminación por orientación sexual en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 1996; la aprobación de la Ley de Unión Civil en la legislatura porteña en 2002; la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral; el reconocimiento de la pensión por fallecimiento a las parejas del mismo sexo; la Ley de Matrimonio Igualitario y la de Identidad de Género. Uno de los más recientes logros ocurrió el pasado mes de septiembre: el gobierno decretó destinar un cupo de al menos 1% en los cargos del personal Sector Público Nacional “para personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”. El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad será el encargado de efectuar un seguimiento de los puestos cubiertos sobre el total de cargos de planta permanente y transitoria y el total de contratos del Sector Público Nacional.
Uno de los más recientes logros ocurrió el pasado mes de septiembre: el gobierno decretó destinar un cupo de al menos 1% en los cargos del personal Sector Público Nacional “para personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”.
La medida garantiza la posibilidad de acceder al cupo habiéndose o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre, crea un registro voluntario de aspirantes y establece que la formación educativa no debe resultar un obstáculo, garantizando que la unidad de coordinación arbitre “los medios para garantizar la formación obligatoria y la capacitación de las personas travestis, transexuales y transgénero con el fin de adecuar su situación a los requisitos formales para el puesto de trabajo en cuestión”. Ahora el próximo paso es la ley nacional, que permita federalizar el cupo laboral y ampliar el derecho a otros poderes del Estado y todas las jurisdicciones, de forma que se sumen a quienes ya lo establecieron en su legislación provincial, siendo Entre Ríos el caso más reciente. Actualmente, hay doce proyectos en estado parlamentario que comenzaron a debatirse en la Cámara de Diputados el pasado mes de julio. La principal diferencia entre las propuestas radica alrededor de las decisiones sobre el sector privado: la mayoría de los proyectos no establece un piso obligatorio para las empresas, sino incentivos impositivos.
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Foto: Camilo Díaz
Si bien el decreto representa un avance de gran importancia, queda un largo camino de conquistas para que los derechos del colectivo LGBTIQ+ dejen de ser vulnerados de forma sistemática. Las violencias se anclan en un sistema que discrimina toda disidencia: de ahí también la importancia de la efectiva aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. De acuerdo al último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, creado por la Defensoría LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación, durante los primeros seis meses del 2020 “hubo 69 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio”. El 78% corresponde a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros), el 16% a varones gay cis, el 4% a lesbianas y el 2% a varones trans.
Durante los primeros seis meses del 2020 “hubo 69 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio”. El 78% corresponde a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros), el 16% a varones gay cis, el 4% a lesbianas y el 2% a varones trans.
El informe también registra que el 51% de los crímenes es cometido por personas privadas, mientras que el 49% es perpetrado por el Estado y, dentro de ese porcentaje, un 13% de los victimarios corresponde al personal de fuerzas de seguridad en ejercicio de su función. Respecto a la violencia institucional, el documento destaca que “la saña, el odio y la vulneración de derechos se manifiesta materialmente en el desconocimiento de sus identidades auto percibidas -burlas, insultos, descalificaciones-, en detenciones arbitrarias con armado de causas judiciales, en la criminalización del trabajo sexual, en la exigencia de coimas o de servicios sexuales gratuitos, en persecuciones, hostigamientos, tratos vejatorios e inhumanos, violaciones y tortura; tanto en la vía pública, como en comisarías y penales”.
Pero además, es importante aclarar que existe un sub registro de estos casos, ya que “las víctimas, la mayoría de las veces, no se atreven a denunciar por miedo a reprimendas, por necesidad de seguir trabajando en la zona de los hechos y hasta en algunos casos por naturalización de las situaciones discriminatorias”. Si bien los centros urbanos presentan la mayor cantidad de casos registrados, esto no implica que sean inexistentes en otras provincias, sino que, de acuerdo al informe, esto también responde a territorios con menor desarrollo organizacional por parte de la sociedad civil, lo que implica que no se denuncien o visibilicen estos casos en tanto crímenes de odio. El sub registro también se extiende en los casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal: los números reales no figuran en los medios de comunicación – fuente principal de estas estadísticas – y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares de las víctimas y mayormente a la información aportada por otras mujeres trans.
Foto: Camilo Díaz
Aunque la vulnerabilidad social y la discriminación es una constante, el contexto de emergencia sanitaria dejó aún más expuesta la desprotección que sufre el colectivo. Por eso es que, otro de los reclamos la Federación Argentina LGBT y en particular la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) es la Ley Integral Trans. Esta norma no solo aborda el cupo laboral en el ámbito público, sino también el acceso a todos los derechos inalienables de las personas, la garantía de educación, vivienda y salud, la la reparación estatal para todas aquellas personas trans víctimas de violencia y la inclusión de la identidad de género en todos los sistemas oficiales de información estadística. La ley se incluye también entre las consignas de la convocatoria virtual de la Marcha del Orgullo junto a otras como el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género – ante la falta de hormonas -; la despatologización de las infancias y adolescencias trans; una nueva Ley Antidiscriminatoria; Ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual.
La Ley Integral Trans se incluye también entre las consignas de la convocatoria virtual de la Marcha del Orgullo junto a otras como el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género – ante la falta de hormonas -; la despatologización de las infancias y adolescencias trans; una nueva Ley Antidiscriminatoria; Ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual.
Aunque la virtualidad no reemplace la presencia física en las calles, continuar visibilizando las violencias y discriminaciones que sufre el colectivo LGBTIQ+ de forma cotidiana, reinventar la convocatoria en este contexto, sigue siendo fundamental, no solo para defender los derechos conquistados sino para continuar luchando por las diversidades, dejando en claro que la identidad es una respuesta política y que puede defenderse, más allá de los espacios físicos.
