El pasado 25 de octubre, la sociedad chilena dio otro paso histórico al aprobar el plebiscito que da inicio a un proceso constituyente para dejar atrás la estructura impuesta por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Se abre así un camino de posibilidades para transformar una estructura estatal que garantice derechos sociales, en donde las demandas feministas también se abren paso. ¿Cuál es el actual panorama constitucional respecto de la desigualdad y la violencia de género? ¿Qué es lo que debería modificarse para eliminar obstáculos en esta lucha?(Foto: La Voz de los que Sobran)
La semana del 14 al 18 de octubre de 2019 marcó un quiebre en la historia chilena. Día antes, el gobierno había aumentado el boleto de subte, sumándose a sucesivos ajustes que terminaron de agotar la paciencia social. “Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”, había dicho el ministro de Economía, Juan Fontaine. Desde las redes sociales, estudiantes de escuelas secundarias, en particular del Liceo de Aplicación y del Instituto Nacional, organizaron una campaña para evadir el pago de forma masiva. Lo que comenzó en el centro de Santiago se expandió rápidamente a las estaciones de otras comunas de la ciudad y se multiplicó en protestas que se expandieron por varias regiones del país. “No son treinta pesos, son treinta años”, una de las frases que sintetiza perfectamente un recorrido clave en los sucesos que desencadenaron un estallido, no solo en el país limítrofe, sino también para las derechas latinoamericanas: aquel relato del neoliberalismo que mostraba a Chile como un ejemplo de estabilidad económica, social e institucional estaba, por fin, resquebrajándose gracias a la fuerza popular.
No son treinta pesos, son treinta años”, una de las frases que sintetiza perfectamente un recorrido clave en los sucesos que desencadenaron un estallido, no solo en el país limítrofe, sino también para las derechas latinoamericanas: aquel relato del neoliberalismo que mostraba a Chile como un ejemplo de estabilidad económica, social e institucional estaba, por fin, resquebrajándose gracias a la fuerza popular.
Lo que comenzó como una manifestación considerada en muchos medios de comunicación como “infantil” se convirtió rápidamente en el primer paso para dar una patada al tablero y cuestionar las bases mismas de la desigualdad, perpetuadas desde la dictadura de cívico-militar de Augusto Pinochet. El 15 de noviembre de 2019, un mes después de las primeras protestas, parlamentarios de la oposición y el oficialismo se reunieron para debatir un proceso constituyente, en una alianza denominada “Acuerdo por la Paz Social”, en la que convocó a un plebiscito. Los sectores de derecha cedieron a la posibilidad de modificar las reglas de juego fuertemente arraigadas desde la Constitución de 1980, con miras a recuperar el control, luego de que las imágenes de la brutal represión de aquellas semanas recorrieran el mundo. Los más de 30 muertos se sumaron a las detenciones, desapariciones, torturas y abusos sexuales por parte de los Carabineros. De acuerdo a un reciente balance de la Fiscalía Nacional Chilena, solo 75 personas han sido procesadas en las 4.681 causas que continúan vigentes por violencia institucional, de las 8.827 personas que denunciaron delitos.
(Te puede interesar: Las derechas sean unidas: el giro ideológico del continente)
El camino hacia una Constitución feminista en Chile//Foto: Zumba la Turba
¿Quiere Ud. una nueva Constitución?
El esperado plebiscito que surgió de aquel acuerdo hace casi un año se llevó finalmente a cabo el pasado 25 de octubre, luego de que la pandemia por Covid-19 obligara a aplazar la fecha originalmente pautada para el mes de abril. Los sondeos ya lo preveían, pero el resultado fue aún más impactante: un 78.20% de los votantes eligieron la opción “Apruebo” ante la pregunta sobre la reforma constitucional. En total, participó casi un 51% del padrón electoral, un 4% más que en la elección presidencial de 2017. Pero además, un 79% votó a favor de la elección de una Convención Constitucional en tanto órgano redactor de la nueva Carta Manga, que estará compuesto por 155 ciudadanos y ciudadanas elegidos por voto popular y con paridad de género, siendo así la primera vez en la historia que un país redactará su Constitución con representación igualitaria de mujeres y varones. Por el contrario, la Convención Mixta, opción alternativa, hubiera estado conformada en un 50% por parlamentarios designados por el Congreso, sin la obligación de contemplar la paridad.
Un 79% votó a favor de la elección de una Convención Constitucional en tanto órgano redactor de la nueva Carta Manga, que estará compuesto por 155 ciudadanos y ciudadanas elegidos por voto popular y con paridad de género, siendo así la primera vez en la historia que un país redactará su Constitución con representación igualitaria de mujeres y varones.
Como norma suprema que establece la estructura de un Estado y la base a partir de la cual se redactan el resto de las leyes, una reforma constitucional es un momento histórico. En el caso de Chile, esto implica también la oportunidad de trastocar los cimientos que consagraron ese neoliberalismo “modelo” de las derechas latinoamericanas, gracias a la Constitución de 1980. Redactada durante la dictadura de Pinochet por una comisión a puertas cerradas, tuvo como principal ideólogo al abogado de ultraderecha, Jaime Guzmán, quien impulsó lo que se conocen como “cerrojos”, que restringirían la intervención política sobre el legado de la dictadura hasta la actualidad. Ya lo había adelantado en un artículo de su autoría en la Revista Realidad, en 1979: “Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque —valga la metáfora— el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.
Uno de esas formas de preservar el sistema instaurado por Pinochet son los denominados súper quórum. Esto significa que reformas sobre temas claves – educación, salud, previsión, Fuerzas Armadas, Carabineros, concesiones mineras, entre otros – requieren quórums en el Congreso que van desde la mayoría absoluta hasta mayorías especiales de 4/7 (57%) de votos, 3/5 y 2/3. En la práctica, esto implica que cambios sustanciales son prácticamente imposibles de alcanzar, ya que requieren de un apoyo importante del sector de derecha que defiende el status quo. También está el Tribunal Constitucional, que tiene facultad de dejar sin efecto las leyes que lleguen a sancionarse y que, ha actuado en sintonía con los sectores conservadores rechazando normas por “inconstitucionales”, como un proyecto que permitía a los sindicatos negociar colectivamente o las modificaciones al Servicio Nacional del Consumidor. A esto se suma el sistema binominal del parlamento, que limitó la representación y cuyos efectos continúan vigentes a pesar de haber sido modificado en 2015.
El camino hacia una Constitución feminista en Chile//Foto: Portal Fundación Ceferino
Transformar la hoja de ruta
¿Cuáles son entonces los obstáculos de la Constitución chilena a la hora de luchar por las demandas de los movimientos feministas? Carmen Rodriguez, integrante de la Coordinadora Ni Una Menos Chile, los encuentra en la misma raíz de la norma: “La verdad es que la actual Constitución es, en su origen, patriarcal, machista e incluso misógina. La palabra mujer está una sola vez registrada y eso gracias a que una de las tantas reformas que ha experimentado desde su promulgación, con la que se cambió la afirmación ‘Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos’ por ‘Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos’; y agrego una frase donde dice ‘El hombre y la mujer son iguales ante la ley’. Esto recién sucedió en 1999”. En diálogo con La Primera Piedra, agrega: “A partir de ahí, podemos entender cómo es que nuestra actual Constitución no garantiza ningún tipo de derechos, en especial lo que se refiere a nuestras libertades personales, civiles, nuestros derechos sexuales y reproductivos, nuestro derecho fundamental a una vida libre de violencia machista, a igual remuneración, a pensiones dignas, entre muchos otros”.
La lucha de los movimientos feministas ha logrado avances significativos en lo que respecta al instalar las discusiones sobre las violencias y desigualdades de género en la agenda mediática y social. Esto se ha traducido en los últimos años en logros como la sanción de la ley que despenaliza el aborto en tres causales, la Ley de Acoso Callejero, la Ley Gabriela, que amplía la figura penal de femicidio o el tratamiento del proyecto de ley Justicia para Antonia, que prevé capacitaciones de género para agentes estatales, de forma similar a la Ley Micaela en Argentina. Sin embargo, el camino a recorrer aún es extenso. De acuerdo a una investigación reciente llevada adelante por GfK Adimark, Chile ocupa el quinto lugar en el mundo entre los países con mayor brecha salarial entre varones y mujeres. Las cifras de la violencia también van en aumento: según la Red Chilena contra la Violencia hacia las mujeres, en 2019 se cometieron 66 femicidios, 5 más que en 2018. Los reclamos de los colectivos feministas pasan por la prevención y eliminación de las discriminaciones y agresiones en todos los ámbitos y también se replicaron en las calles durante el estallido en 2019.
(Te puede interesar: América Latina no va a ser toda feminista (si gana la derecha)
El camino hacia una Constitución feminista en Chile//Foto: CNN Chile
“La actual constitución está llena de obstáculos para la igualdad”, comenta Carmen. «A nuestro juicio, uno de los puntos principales es que una nueva Constitución establezca una nueva forma de organización estatal, muy diferente a la que hoy tenemos. Un Estado que deje de ser subsidiario, para llegar a ser solidario, plurinacional, efectivamente laico – porque aquí la Iglesia se mete en todo – y garante de los derechos fundamentales de todas, todes y todos, pero en especial, de quien hasta ahora hemos carecido la protección de tales derechos: niñas, niños adolescentes y mujeres. El haber intentado la neutralidad de la ley ha tenido como consecuencia la invisibilizacion y la discriminación de diversos grupos humanos que somos parte de la sociedad, y esto es lo que debe ser tomado en cuenta en una nueva carta fundamental”, agrega. Está claro que aquella igualdad establecida en la Carta Magna es solo formal y que no hay un marco jurídico ni constitucional que permita materializar cambios estructurales.
“La actual constitución está llena de obstáculos para la igualdad”, comenta Carmen. «A nuestro juicio, uno de los puntos principales es que una nueva Constitución establezca una nueva forma de organización estatal, muy diferente a la que hoy tenemos. Un Estado que deje de ser subsidiario, para llegar a ser solidario, plurinacional, efectivamente laico – porque aquí la Iglesia se mete en todo – y garante de los derechos fundamentales de todas, todes y todos».
Como menciona Carmen, en Chile el Estado es subsidiario, lo que implica que establece libertades pero que no es garantes de derechos, dejando por ejemplo la salud, la educación o la seguridad social en manos de empresas privadas, que concentran la riqueza mientras se incrementa la desigualdad. Los servicios son ofrecidos así mediante créditos financieros que generan un sistema de endeudamiento permanente para la ciudadanía. Esto genera una mercantilización de la vida, acompañado de un Estado que no cumple un rol lo suficientemente activo como para promover políticas públicas en materia social, mucho menos con perspectiva de género. Tal como explica Bárbara Sepulveda, Directora Ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, en uno de los episodios del podcast de la organización, “el Estado no actúa en ningún momento porque no está generando las políticas o una coordinación entre los ministerios, hay una deficiencia porque no se asume como una obligación real”. La abogada también menciona que, además, los derechos sociales no son judicializables, lo cual representa un problema, ya que no hay un mecanismo para solicitar que se cumplan en caso de que sean vulnerados, ni otras garantías que permitan su exigibilidad al Estado.
Otro de los puntos a tener en cuenta en este proceso son los tratados internacionales en materia de derechos humanos a los que Chile suscribe, que a pesar de estar vigentes, no tienen jerarquía constitucional, lo que implica que la redacción de otras leyes no está obligada a contemplarlos. “De ese modo, se obligaría al Estado, por ejemplo, a reconocer y a aplicar la Convención de Belém Do Pará sobre la vida libre de violencias como un derecho inalienable y que es algo que, hasta este momento no hemos podido conseguir”, explica Carmen. Establecer este sustento permitiría así tener más herramientas para discutir otros procesos legislativos en pos de la igualdad de género y la diversidad. “Nos interesa a sobre una nueva Constitución que reconozca y proteja nuestros derechos. Cundo digo violencias estoy hablando de todas las que nos afectan en todo lugar: en la casa, el trabajo, la calle, la que tiene que ver con el salario, con pensiones, salud, etc. Tendría que estar consagrando nuestro derecho a decidir libremente sobre nuestra vida y sobre el ejercicio de nuestras sexualidades y nuestra reproducción”, comenta la integrante de Ni Una Menos Chile.
(Te puede interesar: Aborto Legal en América del Sur: ¿qué pasó en cada país después de la Marea Verde?)
El camino hacia una Constitución feminista en Chile// Foto: Martín Bernetti. AFP
El trabajo por delante
Queda un largo camino por delante. De acuerdo a lo pautado, la conformación de la Convención Constitucional se determinará junto a las elecciones regionales el 11 de abril de 2021. Luego, habrá un plazo de entre nueve meses y un año para la redacción. Sobre las expectativas ante este proceso, Carmen responde: “Haber obtenido la paridad en el mecanismo mediante el cual se elaborara la nueva Constitución nos hace tener más expectativas que cuando iniciamos esta ruta, pero no será un proceso fácil, está lleno de obstáculos que habrá que superar, la mayoría tienen que ver con encontrar la forma de ser candidatas a constituyente”. “Las facilidades están diseñadas para los partidos políticos y, acá en Chile, si bien hay muchas feministas que participan en colectividades políticas partidarias, no todas lo hacemos. Ellas podrán participar si los partidos le dan los cupos, pero quienes no estamos en partidos, tenemos que buscar las formas de que, o los partidos políticos nos entreguen los cupos, o sencillamente que se modifiquen las disposiciones legales en el Congreso, para que las personas independientes tengan mayores facilidades para acceder al proceso”, explica.
“Haber obtenido la paridad en el mecanismo mediante el cual se elaborara la nueva Constitución nos hace tener más expectativas que cuando iniciamos esta ruta, pero no será un proceso fácil, está lleno de obstáculos que habrá que superar, la mayoría tienen que ver con encontrar la forma de ser candidatas a constituyente”.
La paridad es un logro, pero en una sociedad donde el conservadurismo está fuertemente arraigado, es solo el punto de partida. “También entendemos que la paridad no es sinónimo de mujeres feministas y que habrá que entrar a disputar con aquellas que logren participar de este proceso representando las fuerzas políticas que impulsan el tradicionalismo. Esto ya sucedió, hubo mujeres de esas colectividades políticas gracias a las cuales se logró la paridad, con las que se llego a un acuerdo, que entendieron que era una injusticia no tener paridad y, cuando llego la hora de votar en el Congreso, lo hicieron a favor, así que no es tampoco una tarea imposible, sobre todo porque van a estar obligadas, como lo estuvieron en ese momento a escuchar los planteamientos feministas que apuntan a la justicia”, dice Carmen. Todo el órgano encargado de elaborar esta redacción tendrá que escuchar el significado que tiene para nosotros una Constitución feminista, que no es otra cosa que buscar instalar una democracia paritaria, una nueva forma de entender al sistema político”, afirma.
Desde la Asamblea Feminista Pluirinacional, diversas organizaciones han estado trabajando por esta nueva Constitución con perspectiva de género, con propuestas que ya se venían elaborando desde hacía años, para generar políticas transversales inclusivas de las diversidades que puedan plasmarse a partir de garantías y derechos constitucionales. Son muchos los desafíos que los movimientos feministas en Chile tiene por delante para enfrentar a los conservadurimos, pero ahora con la certeza de que la mecha que se prendió el 18 de octubre de 2019 abre una ventana a transformaciones con la potencia de enterrar la herencia de la dictadura y crear un pacto social nuevo.
