«¿Con qué te pinchaste? ¿Qué tomaste? ¿Qué te hiciste?», le preguntaron a Yamila al llegar de urgencia a una guardia, luego de tener un aborto espontáneo por el que fue condenada a nueve años de prisión. Como ella, son muchas las personas gestantes crimininalizadas por un sistema que se ensaña con violencia con quienes no encajan en el modelo de una «buena madre». Dicen que tuve un bebé (Siglo XXI, 2020), escrito en conjunto por las abogadas María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos, trae siete historias de mujeres encarceladas por abortos espontáneos, partos prematuros y bebés que nacieron sin vida.
“Es necesario aclarar que las mujeres que causan su aborto no van presas con la legislación vigente”. “El aborto está despenalizado en la Argentina, de hecho, porque no hay mujeres presas por abortar”. La primera fue escrita por Federico Pinedo, ex presidente provisional del Senado, en una nota para La Nación, en junio de 2018. La segunda corresponde a un abogado y profesor de la Universidad Católica Argentina, que expuso en uno de los plenarios de las comisiones de la Cámara Alta durante el debate por el aborto legal, seguro y gratuito. Uno de los argumentos hacia los que se volcaron quienes se oponían al proyecto: la inexistencia de criminalización. Pero los hechos están muy lejos de esas afirmaciones. Dicen que tuve un bebé (Siglo XXI, 2020), recientemente publicado por las abogadas María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos narran las historias de siete mujeres encarceladas ante abortos espontáneos, partos prematuros o bebés que nacieron sin vida.
Persecuciones institucionales que constituyen solo un muestra de prácticas extendidas en el sistema penal y que no se muestran en los medios de comunicación, a excepción de un puñado de casos en los que los titulares se encargan de estigmatizar y desconocer los derechos sexuales y reproductivos y los contextos de vulnerabilidad y violencia de género.
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A través de sus relatos, las autoras realizan un recorrido por la violencia de las prácticas del sistema judicial, la discriminación y, en definitiva, la violación de los derechos de las personas gestantes. Los casos ponen de manifiesto el afán punitivo y el especial ensañamiento con aquellas mujeres que no se ajustan a las expectativas sociales de lo que suponen la maternidad o los procesos de embarazo, gestación y parto. Persecuciones institucionales que constituyen solo un muestra de prácticas extendidas en el sistema penal y que no se muestran en los medios de comunicación, a excepción de un puñado de casos en los que los titulares se encargan de estigmatizar y desconocer los derechos sexuales y reproductivos y los contextos de vulnerabilidad y violencia de género. Hilados por la codena y el disciplinamiento, los discursos médicos, policiales y judiciales se unen en un punto común: sus raíces machistas y la imposición de un determinado modelo moral.
“A nivel social, como a través de las previsiones del Código Penal argentino, las mujeres fueron y son vistas como esposas, madres, hermanas y descendientes; es decir componentes de la familia como un rol dependiente. En esa línea, maternidad, sexualidad y dependencia fueron las características de la mujer como objeto de represión y/o tutela de derecho”, explican las autoras. Históricamente pensado e implementado en relación a las necesidades y demandas masculinas, el derecho se presenta así como un dispositivo de control en el que eventos obstétricos, involuntarios por definición, se convierten en casusas judiciales, con calificaciones arbitrarias y figuras penales inexistentes. Así es como se aplican leyes discriminatorias que generan obstáculos y restricciones en el acceso igualitario a la justicia, algo advertido no solo en Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
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Dicen que tuve un bebé (Siglo XXI, 2020) de María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos
«Con qué te pinchaste»
Quizás uno de los casos más paradigmáticos de los últimos años respecto a la criminalización de las mujeres en relación con un evento obstétricos es el de Belén. En abril de 2014, la joven tucumana sufrió un aborto espontáneo. Luego de haber estado detenida en prisión preventiva por 900 días y de haber sido condenada a ocho años de prisión “homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía”, la lucha feminista en las calles logró finalmente su libertad y absolución en marzo de 2017. Pero si hay algo que el libro de Carrera, Ferrante y Orrego-Hoyos demuestra es que su caso no es el único, sino que es parte de una trama invisibilizada que no llega a las pantallas de televisión, que escapan a los registros y que silencian el confinamiento de mujeres que pasan años tras las rejas, incluso, a veces, ellas mismas convencidas de que merecen un castigo, resultado de un sistema que naturaliza su condena.
Si hay algo que el libro de Carrera, Ferrante y Orrego-Hoyos demuestra es que su caso no es el único, sino que es parte de una trama invisibilizada que no llega a las pantallas de televisión, que escapan a los registros y que silencian el confinamiento de mujeres que pasan años tras las rejas, incluso, a veces, ellas mismas convencidas de que merecen un castigo, resultado de un sistema que naturaliza su condena.
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“Con qué te pinchaste, qué tomaste, qué te hiciste”, le preguntó a Yamila el obstetra que la atendió en la guardia por un aborto espontáneo, antes de decirle a su padre que hiciera la denuncia en la comisaría. Fue condenada a nueve años de prisión. Paloma fue condenada a seis años luego de que – producto de una violación – tuviera a un bebé que creyó muerto. A Gimena le pasó algo similar. Tiene 26 años, hace cuatro que está en un penal de Salta y le quedan seis a una condena de “homicidio agravado por el vínculo”. Su sentencia dice que “favorecida por la clandestinidad de la noche” expulsó “al menor víctima en una letrina”. Eliana también, pero como tenía 20 años, fue condenada a prisión perpetua. Hoy se encuentra en la cárcel de Chimbas, en San Juan. Patricia pasó los últimos cinco años de su vida privada de su libertad, condenada por el “homicidio” de un bebé prematuro. Murió en 2019, esposada a la cama de un hospital, producto de un infección de vesícula que no había sido tratada en la cárcel.
Son varios los factores que estos casos tienen en común: la persecución sistemática de mujeres en contextos de vulnerabilidad castigadas penal y socialmente, en definitiva, por no cumplir mandatos. La invisibilización de sus voces, la anulación de su derecho a ser escuchadas es parte de un mecanismo estatal por controlar la moral y los cuerpos, lo que conduce, un vez más, a un postulado clave, movilizado por los feminismos: todo parto es político. Al igual también que todo aborto, que la posibilidad de decidir y que la obsesión punitiva por vulnerar los derechos de las personas gestantes.
