Luego del debate por la legalización del aborto en Argentina, fueron muchos los países que tomaron el impulso para ampliar los derechos sexuales y reproductivos. Tampoco faltaron las reacciones de los movimientos de derecha que buscan constantes retrocesos. En el Día Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro nos preguntamos cuál es la situación de cada país respecto al derecho al aborto y qué pasa hoy, en cada país, ante el contexto de pandemia que estamos viviendo. (Foto: Nadia Díaz)
Argentina
La masividad y visibilización de los movimientos feministas durante los últimos años ha sido clave en la lucha por el aborto legal. Si bien el camino se inició décadas atrás con el Encuentro Nacional de Mujeres de 1986 o la Comisión por el Derecho al Aborto, en 2018 se conjugaron múltiples factores que permitieron instalar el reclamo por la ley en la agenda política, social y mediática. Así, la séptima presentación del proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue la que finalmente siguió su curso en el Congreso, siendo aprobada por la Cámara de Diputados en una sesión histórica y luego rechazada en el Senado, el 8 de agosto de 2018. El proyecto volvió a presentarse por octava vez el 28 de mayo de 2019 y aún espera iniciar un nuevo recorrido legislativo.
Hoy en día, la necesidad del tratamiento para la legalización sigue siendo una demanda urgente. Según las últimas estadísticas oficiales, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con aborto en un año. El 16% tenía entre 10 y 19 años. Durante la cuarentena, se registraron al menos 3 muertes por abortos inseguros. Como herramienta para permitir el acceso a un aborto no punible en el contexto de cuarentena, el Ministerio de Salud de la Nación reforzó la Línea de Salud Sexual que, en la primera mitad del año, pasó de un promedio de entre 5 a 11 consultas diarias a casi 70. Según los registros, esta demanda telefónica creció así un 536%.
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Hoy en día, la necesidad del tratamiento para la legalización sigue siendo una demanda urgente. Según las últimas estadísticas oficiales, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con aborto en un año. El 16% tenía entre 10 y 19 años.
En Argentina, el aborto está contemplado en el Código Penal desde 1921. El artículo 86 establece excepciones a la punibilidad en caso de que el embarazo implique peligro para la vida y/o salud de la mujer, o sea producto de una violación. Esto fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia el 13 de marzo de 2012, al confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Chubut que, en el año 2010, había autorizado un aborto a una joven de 15 años violada por su padrastro. De este modo, la Corte exhortó a las autoridades de todos los niveles de gobierno a garantizar el acceso efectivo al aborto no punible y a que se aprueben protocolos sanitarios para tal fin, como sucedió con el publicado en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación.
Sin embargo, son solo 9 las jurisdicciones que han adherido al Protocolo Nacional: Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, San Luis, Santa Fe, La Rioja, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se sumó a principios de 2020. Por su parte, Chubut y Río Negro cuentan con legislación propia que se ajusta a los criterios establecidos por la Corte. Aunque la ausencia de protocolo no quita la posibilidad de acceso a un aborto legal, su inexistencia implica múltiples obstáculos.
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Aborto Legal en América del Sur// Octava presentación del Proyecto IVE en Argentina// Foto: Nadia Díaz
Chile
En agosto de 2017, luego de dos años de discusión, el Tribunal Constitucional finalmente aprobó el proyecto de ley que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad del feto. Hasta ese momento, Chile era, junto a Surinam, uno de los países sudamericanos con normativa más restrictiva al penalizar el aborto en toda circunstancia. Si bien la ley se promulgó en septiembre de ese mismo año, en la práctica su aplicación ha estado plagada de obstáculos. El reglamento elaborado por el Ministerio de Salud que vio la luz en enero de 2018 fue modificado por el actual Sebastián Piñera a poco tiempo de su asunción, de forma tal que salvaguardó la objeción de conciencia en los servicios de salud privados, sin que existiera una cantidad suficiente de profesionales no objetores para garantizar el derecho.
El reglamento elaborado por el Ministerio de Salud que vio la luz en enero de 2018 fue modificado por el actual Sebastián Piñera a poco tiempo de su asunción, de forma tal que salvaguardó la objeción de conciencia en los servicios de salud privados
Según datos de la Mesa de Acción por el Aborto del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, de Corporación Humanas, se realizan en Chile entre 80 mil y 260 mil abortos por año, de los cuales únicamente un 3% representan procedimientos enmarcados dentro de la ley de las tres causales. Esto implica que la mayor parte se realizan por lo tanto en la clandestinidad, en condiciones insalubres, que ponen en riesgo la vida de las mujeres y personas gestantes. En este contexto de pandemia, colectivos feministas han denunciado la falta de organización de la atención integral respecto a derechos sexuales y reproductivos, así como también el faltante de los medicamentos necesarios para llevar a cabo un aborto no punible, algo ya denunciado desde principios del año.
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Aborto Legal en América del Sur// Marcha en Chile por las 3 causales
Uruguay
En Uruguay la interrupción voluntaria del embarazo es legal hasta la duodécima semana de gestación desde el año 2012, algo que también se garantiza en Cuba, Puerto Rico, México DF y Guyana. Antes de ese momento, en Uruguay ya se venía implementando el programa de Iniciativas Sanitarias Contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, que fue lo que posteriormente permitió una implementación exitosa de la ley y del que derivó un protocolo de asistencia pre y post aborto con el que se brindaba información. De la mano de este programa, se realizaron también campañas de sensibilización y capacitaciones en todo el país, fundamentales para llevar adelante la práctica del aborto por medio de medicamentos. Hoy Uruguay es el país con menor tasa de mortalidad materna de América Latina, logrando a su vez que se alcanzara una las tasas de embarazos interrumpidos más bajas del mundo.
Antes de ese momento, en Uruguay ya se venía implementando el programa de Iniciativas Sanitarias Contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, que fue lo que posteriormente permitió una implementación exitosa de la ley y del que derivó un protocolo de asistencia pre y post aborto.
La objeción de conciencia fue también, en este caso, uno de los principales obstáculos para la implementación. Durante los primeros años, esta barrera llegaba a un 30% a nivel nacional, situación que, con el paso de los años empezó luego a cambiar. Según un trabajo editado por el médico brasileño Anibal Faúndes, del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Estadual de Campinas en San Pablo, en Uruguay el aborto legal pasó de provocar el 37,5 por ciento de las muertes maternas en el período 2001-2005 a solo el 8,1 por ciento en 2011-2015. Durante la cuarentena por Coronavirus, el Ministerio de Salud Pública estableció que el aborto es un “servicio de urgencia”, para evitar los obstáculos a quienes requieran interrumpir un embarazo en el contexto de emergencia sanitaria.
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Aborto Legal en América del Sur// Marcha en Uruguay en 2012// Foto: Pablo Cardozo
Brasil
En Brasil el aborto tiene una pena de hasta tres años de prisión, excepto en los casos de violación, riesgo para la salud y/o vida de la madre y, desde el año 2012, de anencefalia fetal, una malformación congénita en la que el feto no llega a desarrollar el cerebro. En 2018, por iniciativa de la jueza Rosa Weber se realizaron dos audiencias públicas para que representantes de la sociedad civil expusieran ante el Supremo Tribunal Federal sus argumentos sobre el tema. La convocatoria se realizó luego de que el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y la ONG Anís – Instituto de Bioética presentaran en marzo del 2017 un pedido para que la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación deje de ser considerada un crimen.
Con la ultraderecha en el gobierno a partir de la asunción de Jair Bolsonaro, el panorama no es alentador. Desde su llegada al poder, intentó llevar adelante enmiendas constitucionales que instauraran el comienzo de la vida a partir de la concepción, para obstaculizar el derecho al aborto.
Sin embargo, con la ultraderecha en el gobierno a partir de la asunción de Jair Bolsonaro, el panorama no es alentador. Desde su llegada al poder, intentó llevar adelante enmiendas constitucionales que instauraran el comienzo de la vida a partir de la concepción, para obstaculizar el derecho al aborto. Hace unas pocas semanas, a fines del pasado mes de agosto, que restringió el procedimiento para que las víctimas de violación puedan interrumpir un embarazo. A partir de ahora, el personal de salud debe notificar del aborto a la policía, independientemente de la voluntad de la persona gestante quien debe dar “un relato detallado” de lo sucedido, pudiendo ser procesada por fraude y aborto ilegal si no prueba su afirmación. Además, se le debe ofrecer a la persona la opción de realizarse una ecografía antes de la intervención.
Este retroceso a los derechos de las personas gestantes se ordenó luego de una niña de 10 años violada por su tío pudiera acceder a la interrupción de su embarazo tras un fallo judicial rechazado por el sector conservador. Durante la primera mitad del 2020, las estadísticas oficiales registran que al menos 642 brasileñas de entre 10 y 14 años fueron ingresadas en un hospital para abortar. De acuerdo a estadísticas oficiales, entre el 2008 y el 2017 se estima que se realizaron entre 9.5 y 12 millones de abortos en el país y que al menos cuatro mujeres mueren diariamente en hospitales públicos debido a un procedimiento clandestino para abortar. También en este país, profesionales de la salud y activistas alertan sobre la falta de servicios médicos para los abortos no punibles, relegando el cuidado de los derechos sexuales y reproductivos ante la pandemia.
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Aborto Legal en América del Sur// Marcha en Brasil// Foto: AP
Colombia
En 2006, la Corte Constitucional de Colombia estableció la despenalización del aborto en caso de violación, incesto o inseminación artificial no consentida; riesgo de vida o salud para la persona gestante; o malformaciones del feto incompatibles con la vida. Fuera de esas causales, la interrupción del embarazo está penada con hasta cuatro años de cárcel. Sin embargo, en 2019 la abogada conservadora Natalia Bernal Cano abrió nuevamente el debate realizando dos demandas para penalizarlo en todo caso, basadas en artículos del Código Civil y Penal. En respuesta, el magistrado constitucional, Alejandro Linares, presentó una ponencia a principios de este año, en la que proponía, como contrapartida, despenalizar al aborto hasta la semana 16 de gestación, sin causales de por medio, retomando así las presentaciones hechas sobre el tema ante el Congreso colombiano desde 1975.
Durante la pandemia y la cuarentena activistas y personal de salud identificaron varios obstáculos para el acceso a un aborto no punible: la imposibilidad de las personas gestantes de trasladarse a los centros de salud urbanos, la falta de transporte garantizado por el servicio sanitario, las situaciones de abuso que impiden que las mujeres puedan salir de sus hogares o concertar citas médicas y la falta de distribución de tareas domésticas y de cuidado que no tienen en quién delegar.
Finalmente, la Corte descartó ambas iniciativas – tanto la ampliación como el retroceso de derechos – y decidió dejar la legislación tal como estaba desde 2006. Según datos del Ministerio de Salud, mueren, por mes, un promedio de seis mujeres por practicar abortos inseguros. El Instituto Guttmacher registra, además, que se realizan al año alrededor de 400 mil clandestinos. Durante la pandemia y la cuarentena activistas y personal de salud identificaron varios obstáculos para el acceso a un aborto no punible: la imposibilidad de las personas gestantes de trasladarse a los centros de salud urbanos, la falta de transporte garantizado por el servicio sanitario, las situaciones de abuso que impiden que las mujeres puedan salir de sus hogares o concertar citas médicas y la falta de distribución de tareas domésticas y de cuidado que no tienen en quién delegar.
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Aborto Legal en América del Sur// Marcha en Colombia// Foto: Mauricio Alvarado para El Espectador
Paraguay
En este país, el aborto está solo permitido en caso de que peligre la vida de la persona gestante. Junto a Venezuela, Perú y Ecuador, es uno de los cuatro países del subcontintente que aún no ha despenalizado el aborto en caso de violación. Fuera de esa única excepción, la práctica se sanciona con penas de entre cinco a ocho años de cárcel. Según los últimos datos del Ministerio de Salud de 2018, se estima que se realizan entre 19 mil y 32 mil abortos anuales. En un año, el Ministerio Público abrió 45 casos contra mujeres que se realizaron abortos y el Ministerio de Justicia informó también que, a esa fecha, al menos 3 personas estaban privadas de su libertad, 2 de ellas con penas de seis años de prisión. Si bien en los últimos años, no se ha llevado adelante ninguna iniciativa parlamentaria, el debate en la sociedad comenzó a tener más visibilidad social en 2018, luego del tratamiento de la ley en Argentina.
Junto a Venezuela, Perú y Ecuador, es uno de los cuatro países del subcontintente que aún no ha despenalizado el aborto en caso de violación. Fuera de esa única excepción, la práctica se sanciona con penas de entre cinco a ocho años de cárcel.
Bolivia
A fines de 2017, el Senado boliviano sancionó un proyecto de ley que aprobó la legalización del aborto en ocho causales, a partir de la introducción del artículo 147 en el Nuevo Código del Sistema Penal. De acuerdo a esta modificación, la interrupción del embarazo se permite hasta ocho semanas de gestación cuando se trate de casos de jóvenes estudiantes o a cargo de personas discapacitadas o de la tercera edad; cuando se realice para prevenir un riesgo de vida; por malformaciones fetales incompatibles con la vida; cuando el embarazo sea producto de violación o incesto; y cuando la embarazada sea niña o adolescente. Fuera de estos casos, la pena por abortar es de 1 a 3 años de prisión y de 3 a 10 años para quien realice un aborto sin consentimiento de la persona gestante.
Aborto Legal en América del Sur// Marcha en Paraguay// Foto: ABC
Venezuela
Como en Paraguay, la normativa venezolana es altamente restrictiva permitiendo únicamente el aborto para salvaguardar la vida de la persona gestante, castigando la práctica con penas de entre seis meses a dos años de prisión. La reforma del Código Procesal Penal de 2012, no realizó modificaciones al respecto sino que, por el contrario, hace referencia a la “obligación de denunciar” al personal de salud involucrado en un aborto. En 2018, colectivos feministas entregaron a la Asamblea Nacional Constituyente un documento con propuestas para reclamar la legalización del aborto y la garantía de derechos sexuales y reproductivos, sin haber obtenido aún respuesta alguna.
En 2017, comenzó a discutirse en el Parlamento de Ecuador una reforma para despenalizar el aborto en caso de violación, incesto y malformaciones del feto incompatibles con la vida. La iniciativa fue rechazada en septiembre de 2018.
Ecuador
En este caso, el aborto se admite cuando está en riesgo la vida y/o la salud de la persona gestante o cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. En 2017, comenzó a discutirse en el Parlamento una reforma para despenalizar el aborto en caso de violación, incesto y malformaciones del feto incompatibles con la vida. La iniciativa fue rechazada en septiembre de 2018: faltaron solo cinco votos para su aprobación entre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Según datos oficiales, entre 2008 y 2018 más de 20 mil niñas menores de 14 años fueron obligadas a parir. Además, entre 2014 y 2018 hubo noticias de al menos 307 mujeres criminalizadas por realizarse un aborto.
Aborto Legal en América del Sur// Marcha en Paraguy// Foto: API/ Cristina Vega para La República
Perú
Aunque a fines de 2016, el gobierno permitió tratar una iniciativa ciudadana que proponía un proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación, no hubo modificaciones al respecto. Hoy en día, solo se admite el aborto en casos de que la vida de la persona gestante corra riesgo. De acuerdo a registros del Poder Judicial, en la última década, 571 mujeres fueron llevadas a juicio por abortar. El número de persecuciones es aún mayor: solo entre 2015 y 2018, la fiscalía impulsó 961 denuncias caratulas como el delito del “autoaborto”. Las penas pueden ser de hasta cinco años de prisión, pero en muchos casos terminan siendo trabajos comunitarios, que suponen una condena moral, un disciplinamiento y una estigmatización para las mujeres, clasificadas así en el sistema legal como “criminal”.
De acuerdo a registros del Poder Judicial, en la última década, 571 mujeres fueron llevadas a juicio por abortar. El número de persecuciones es aún mayor: solo entre 2015 y 2018, la fiscalía impulsó 961 denuncias caratulas como el delito del “autoaborto”.
Durante la pandemia, la situación se agudizó: de acuerdo a datos de organismos oficiales, hasta junio de 2020 se han reportado 287 violaciones a menores de edad y al menos 268 niñas menores de 14 años que han tenido partos. En los últimos cinco años, un promedio de cinco niñas por día son obligadas a ser madres.
