Hoy se cumplen 30 años del femicidio de María Soledad Morales, la adolescente de 17 años asesinada en Catamarca el 8 de septiembre de 1990. Una investigación atravesada por numerosas irregularidades abrieron una ventana a la trama de la complicidad estatal que involucró a los denominados «hijos del poder». La lucha por justicia movilizó a la sociedad entera y generó una ruptura institucional que desestabilizó a un poder arraigado por generaciones.
“A mi hija la mataron dos veces, física y moralmente, porque las calumnias y las injurias que levantaron contra ella fueron terribles…”, dice Ada Rizzardo desde su casa en el barrio de Santa Rosa, Departamento de Valle Viejo, Catamarca. A 900 metros, junto a la ruta 38, cerca del río que separa la zona de la capital provincial, un monolito recuerda a María Soledad Morales. Tenía 17 años cuando el 8 de septiembre de 1990 salió de una fiesta que había organizado con sus compañeras del Colegio del Carmen y San José, para juntar fondos para el viaje de egresados en el boliche Le Feu Rouge. Dos días después, dos trabajadores de Vialidad Nacional encontraron su cuerpo desnudo y mutilado. Las evidencias demostrarían que había sido drogada y violada entre al menos dos y cuatro personas.
La palabra “femicidio” aún no era una categoría en el Código Penal, pero el de María Soledad fue el primero que adquirió relevancia pública, la suficiente como para generar la movilización de la sociedad, la intervención de la provincia y el fin de una dinastía política.
La palabra “femicidio” aún no era una categoría en el Código Penal, pero el de María Soledad fue el primero que adquirió relevancia pública, la suficiente como para generar la movilización de la sociedad, la intervención de la provincia y el fin de una dinastía política. La visibilidad de una trama de corrupción estatal se condensó así en un término que marcaría la impunidad durante generaciones: “los hijos del poder”. Guillermo Luque, hijo del diputado nacional Ángel Luque, Pablo y Diego Jalil, sobrinos del intendente José Jalil y Miguel Ferreyra, hijo del jefe de la Policía provincial, fueron los principales sospechosos. Se les sumó luego Luis Tula, novio de María Soledad que, de acuerdo a los testigos, se encontró con ella la madrugada del 8 de septiembre y la dejó en manos de Guillermo Luque y otras personas en el boliche Clivus.
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El fin de una dinastía
En noviembre de 1990, Luis Tula fue arrestado por el cargo de homicidio: la primera de siete detenciones que se dictaron en su contra a lo largo del proceso. Guillermo Luque fue detenido en febrero de 1991 y enviado al Instituto Penitenciario Julio Herrera de la capital catamarqueña, donde permaneció hasta enero de 1993. Ambos quedaron en libertad antes del primer juicio oral, que comenzó recién en 1996. Cuando su hijo fue imputado, Ángel Luque, operador del entonces gobernador provincial Ramón Saadi y amigo personal del ex presidente Carlos Menem, marcaría la cara más corrupta del poder con una frase: “Un padre siempre va a proteger y a encubrir a su hijo, cualquiera sea su condición social. Y yo tengo el suficiente poder y la estructura como para que ese cadáver, si lo hubiera matado mi hijo, no apareciera nunca más”. Fue expulsado de la Cámara de Diputados, por 129 votos contra 2.
“Un padre siempre va a proteger y a encubrir a su hijo, cualquiera sea su condición social. Y yo tengo el suficiente poder y la estructura como para que ese cadáver, si lo hubiera matado mi hijo, no apareciera nunca más”, afirmó Ángel Luque. Fue expulsado de la Cámara de Diputados, por 129 votos contra 2.
El hartazgo de la sociedad ante los encubrimientos desencadenó una crisis institucional que significó el fin de favoritismos y dinastías familiares. “No tenemos miedo” fue el canto de cabecera de quienes llevaron adelante las reconocidas “Marchas del silencio”. Empezaron con las compañeras de colegio al que había asistido María Soledad, con el apoyo de la rectora, Martha Pelloni, y llegaron a reunir más de 33 mil personas, el tercio de la población catamarqueña de ese entonces. Fueron un total de 66 movilizaciones en las que se exigía justicia y el fin de la violencia y la corrupción policial, política y judicial, que encarnaba el gobierno de los Saadi, al frente del poder desde 1940. Comenzó con Vicente Leónidas Saadi, gobernador en dos ocasiones y senador provincial por tres períodos y siguió con su hijo Ramón.
La presión social fue demasiado grande y Menem no pudo sostener a sus aliados en el poder. El 17 de abril de 1991, intervino la provincia de Catamarca, designando al frente a Luis Prol. Saadi no volvió a recuperar la gobernación, pero luego de perder las elecciones de 1996, asumió como diputado nacional durante dos mandatos. Para la investigación del femicidio, Menem puso a cargo al represor Luis Patti, ex sub comisario y ex intendente, actualmente condenado a dos prisiones perpetuas por crímenes de lesa humanidad y juzgado por el homicidio de un periodista entrerriano en 1976. Denunciado por torturas al llevar adelante la investigación, Patti manejó la hipótesis de un “crimen pasional”, poniendo el foco en Tula y apartando a Luque de las acusaciones. Bajo sospechas de desviar la causa, fue quitado finalmente del caso.
Marcha del Silencio a partir del femicidio de María Soledad Morals
Juicio y encubrimiento
El 26 de febrero de 1996 comenzó el primer juicio oral contra Luque y Tula. Contra el resto, la investigación no prosperó por falta de pruebas. Después de años de espera, el primer proceso judicial terminó abruptamente: un gesto entre dos jueces del tribunal, captado por las cámaras y transmitido en televisión fue interpretado como un gesto de favoritismo hacia Luque. El presidente del tribunal, Aejandro Ortiz Iramaín renunció, seguido de Juan Carlos Sampayo y Alejandra Martínez Azar. El juicio se anuló al igual que los 111 testigos y 19 audiencias que lo conformaron. A esa altura, el caso había pasado ya por tantos funcionarios que tuvieron que intervenir de otras provincias. El segundo proceso comenzó en agosto de 1997, con el juez Santiago Olmedo de Arzuaga procesado en 2016 por su complicidad con crímenes de lesa humanidad. Hoy está a la espera de un fallo de la Corte, luego de que la Cámara de Casación anulara su sobreseimiento en 2019.
Fueron seis meses con 87 audiencias y 372 testigos, donde no faltaron los dedos acusatorios que revictimizaron a María Soledad y la culparon por su violación y asesinato.
Al juicio se sumaron el fiscal cordobés Gustavo Taranto y los jueces Jorge Raúl Álvarez Morales y Edgardo Rubén Álvarez. Fueron seis meses con 87 audiencias y 372 testigos, donde no faltaron los dedos acusatorios que revictimizaron a María Soledad y la culparon por su violación y asesinato. Hubo dos testimonios claves: Rita Furlán, cajera del boliche Clivus y Jesús Muro, barman, quienes ubicaron a la adolescente junto a Tula, Luque y a algunos de sus amigos, incluidos Hugo Ibañez y Luis Méndez, quienes más adelante serían procesados y sobreseídos. El fiscal terminó de reafirmar la hipótesis: Tula dejó a María Soledad en manos de Luque y su grupo de amigos, quienes la intoxicaron con cocaína y la violaron hasta que sufrió un shock que le provocó la muerte. Luego la trasladaron hasta la casa de Ángel Luque y de allí al Sanatorio Pasteur (propiedad de la familia Jalil), donde intentaron reanimarla.
Las irregularidades y los falsos testimonios poblaron una causa envuelta en tensión permanente. Los jueces tenían custodia y el fiscal recibía amenazas cada vez que volvía a su provincia. Un colectivero, Carlos Ponce, identificó a dos policías en el lugar en el que encontraron a María Soledad la madrugada del 8 de septiembre. Fue perseguido en numerosas ocasiones para cambiar su relato. Tres bomberos declararon que el comisario José Antonio Leguizamón, quien dependía directamente de la jefatura de Policía del ex comisario Miguel Ángel Ferreyra, les ordenó lavar el cuerpo antes de la autopsia. El expediente en donde se registraban sus testimonios desapareció del Juzgado de Instrucción. También se buscaron falsos culpables: años antes un auto – de modelo similar al de Luque – de un vecino de la zona, Jorga Vargas, había aparecido con restos de sangre. Incluso había sido detenido hasta que las pruebas se comprobaron falsas.
Ada Rizzardo. Madre de María Soledad Morales
Sentencia e impunidad
El 27 de febrero de 1998 el tribunal dictó la sentencia: 21 años para Guillermo Luque por violación y homicidio y 9 para Luis Tula por ser “partícipe necesario”. Fueron los únicos condenados por un femicidio del que muchos otros salieron impunes. Luque fue puesto en liberad siete años antes por “buen comportamiento”, el 11 de abril de 2010. Tula salió en 2006, juró como abogado en 2009 y ahora trabaja en el fuero local. En el veredicto, también se ordenó el procesamiento por falso testimonio a 33 testigos, entre los los que se encontraban el ex diputados nacionales Luis Saadi, Carlos Rosales Saadi (familiares del ex gobernador) y Luis Uriondo. También se ordenó investigar por encubrimiento a 21 personas, entre ellos al ex gobernador Saadi, su hermana Alicia, Jorge Díaz Martínez, ex subsecretario del Interior de la Nación, y por lo menos a17 policías que intervinieron en la investigación, incluido el ex jefe, Miguel Ferreyra. Las acusaciones no solo no prosperaron, sino que, con el tiempo, muchos de ellos lograron ascensos en sus funciones a pesar de las sospechas que recaían en su contra.
Luego de la sentencia, se ordenó investigar por encubrimiento a 21 personas – entre ellos al ex gobernador Saadi – y por lo menos 17 policías que intervinieron en la investigación, incluido el ex jefe, Miguel Ferreyra. Las acusaciones no solo no prosperaron, sino que, con el tiempo, muchos de ellos lograron ascensos en sus funciones a pesar de las sospechas que recaían en su contra.
La causa por encubrimiento estuvo en manos de varios jueces, pero nunca se llevó adelante. La investigación empezó en febrero del 2000 e involucraba también la manipulación de pruebas y testigos, En 2011 fue archivada argumentando la prescripción. “No quiero ser un símbolo, sólo quiero ser una mamá que siempre se ocupó de sus hijos”, repite en cada aniversario Ada Rizzardo. Elías Morales, el padre de María Soledad, murió en agosto de 2016. Martha Pelloni, reconocida también por lucha por el esclarecimiento del caso tiente hoy 79 años vive hoy en Santos Lugares. Es fundadora y coordinadora de la Red Infancia Robada que asiste a víctimas de trata de personas, abuso infantil, explotación sexual y adicciones. A fines de 2019, comenzó un proyecto para instalar bancos rojos en plazas como símbolo de lucha contra la violencia de género. Este miércoles, se colocará uno en nombre de María Soledad, en la Plaza de las Chacras, Catamarca.
El femicidio de María Soledad Morales fue un caso clave en la historia reciente: el primero que se visibilizó de forma masiva, pero que además logró generar un quiebre en el poder. La red de complicidades estatales que une el estamento político, judicial y policial fue denunciada públicamente por una sociedad que dejó de tener miedo y expuso la corrupción de una dinastía política, con un alcance mucho más profundo de lo que parece. A 30 años, la lucha por lograr justicia por María Soledad se convirtió así en un emblema, parte de un camino por desnaturalizar la violencia de género y la trama del Estado machista.
