La represión estatal no dejó de existir tras el fin de la dictadura. Desde 1983 hasta la fecha, gobierno tras gobierno, se reafirmó el rol de las fuerzas de seguridad en una política estatal de seguridad, control social y represión. La impunidad imperante en una democracia – que nunca rompió con las prácticas asesinas de su aparato de fuerza – se conjuga con familiares de víctimas que se organizan y nunca dejaron de reclamar por justicia. En este contexto, Cambiemos batió todos los récords y logró ser el gobierno que más sangre del pueblo derrama. (Foto: Política Argentina)
Por Giuliana Sordo*
La continuidad de la represión en democracia
Torturas, secuestros, desapariciones, muerte son prácticas represivas conocidas de la última dictadura cívico-militar que nunca dejaron de existir. El Estado nunca dejó de apañar y fortalecer la represión. Aunque la persistencia de este accionar en las fuerzas que componen el aparato de fuerza estatal responde a diferentes cuestiones, el Estado nunca decidió erradicarlas en su totalidad sino que, por acción y/u omisión, reconfiguró el objetivo hacia donde están dirigidas.
El Estado es responsable de la muerte de 6.564 personas que fueron asesinadas por su brazo armado. Así lo señala el informe sobre la Situación Represiva Nacional de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) que evidencia la sangre derramada por los y las agentes estatales desde la reapertura de la democracia hasta febrero del año 2019.
El Estado es responsable de la muerte de 6.564 personas que fueron asesinadas por su brazo armado. Así lo señala el informe sobre la Situación Represiva Nacional de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) que evidencia la sangre derramada por los y las agentes estatales desde la reapertura de la democracia hasta febrero del año 2019. Mediante el gatillo fácil, la tortura hasta la muerte en lugares de encierro y los asesinatos en contextos de protesta social, el Estado selecciona a sus víctimas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostiene que, según sus registros entre el mes de enero de 1996 y febrero del año 2018, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad asesinaron, al menos a 3.430 personas. Además, desde el organismo de derecho humanos, señalan que “una porción importante de las muertes es ocasionada por efectivos policiales que en el momento del hecho estaban fuera de servicio, de franco o retirados”. Estos números evidencian un accionar que es sistemático en el tiempo y que trasciende las fronteras provinciales, los cambios de gobierno y los “lavados de cara” que le dan a las instituciones con renovaciones y recambios. Además, se demuestra los usos indebidos e indiscriminados de las armas reglamentarias que entregan a sus integrantes.
Privación de libertad: primera causa de muerte a manos del Estado
Siguiendo los números recopilados por la CORREPI, se podría afirmar que la primera causa de muerte a manos del Estado se da en contextos de encierro y con privación de la libertad en cárceles, comisarías y hasta patrulleros. El 47%, de las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad desde la recuperación de la democracia hasta la actualidad – un total de 3.074 – se encontraba en contexto de encierro. Allí, mediante la tortura, la aplicación de tormentos e incendios que no son resueltos a tiempo, el Estado asesina. Esto es aún más grave, dado su nivel de arbitrariedad, si se tiene en cuenta la siguiente afirmación de la organización antirrepresiva: “La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones”.
Se podría afirmar que la primera causa de muerte a manos del Estado se da en contextos de encierro y con privación de la libertad en cárceles, comisarías y hasta patrulleros.
De igual forma, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) afirma que más del 50% de las personas privadas de su libertad son inocentes. Este organismo analiza el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires y denuncia que durante los últimos 20 años el aumento extremo de la población carcelaria ha sido producto de las políticas de mano dura, la demagogia punitiva y de leyes que reducen los derechos de las personas privadas de su libertad. Esta superpoblación agrava las condiciones inhumanas de detención ya existentes.
A su vez, señalan que la tortura no es excepcional, sino una parte programada del sistema carcelario. Como ejemplo de esto, la CPM informa que, entre 2011 y 2017, se tomó conocimiento de 16.700 hechos de tortura por parte del Estado. En democracia, los y las integrantes de las fuerzas de seguridad siguen aplicando métodos como el submarino seco, el torniquete, la picana eléctrica, entre otros. Además, entre 2008 y 2017 se produjeron 1.332 muertes en las cárceles de la provincia de Buenos Aires: un promedio de 133 muertes por año y 11 por mes.
Fusilamientos: la pena de muerte para los sectores vulnerables
Mediante la modalidad del fusilamiento o gatillo fácil fueron asesinadas 2.517 personas, principalmente jóvenes de los barrios más vulnerables. Este dato revelado por CORREPI evidencia que, del 38% de los asesinatos desde 1983 a la fecha, ser joven y pobre es posible causa de muerte en manos de los y las integrantes de las fuerzas de seguridad, y para un Estado que solo se presenta allí con botas, armas y fuego. Afirmación en la que coinciden con el CELS: la gran mayoría de los asesinatos y el hostigamiento policial están dirigidos a varones jóvenes.
Mediante la modalidad del fusilamiento o gatillo fácil fueron asesinadas 2.517 personas, principalmente jóvenes de los barrios más vulnerables.
La persecución de jóvenes en los barrios para hostigarlos, torturarlos y hasta matarlos es una práctica cotidiana. Esto es acompañado por diferentes gestos de poder por parte de los y las agentes hacia los pibes y las pibas que asesinan. Así, los pedidos de quienes portan el arma hacia sus víctimas pueden ir desde que los llamen con respeto con la palabra “señor” o “señora”, canten el himno nacional, recen una oración cristiana en particular o de salir corriendo en una carrera mortal con compañeros de torturas para que elijan a quién matar. Así de brutal y carente de sentido es esta realidad que más golpea en los sectores vulnerables: se mata por el simple hecho de hacerlo.
La protesta social fue, es y será criminalizada
“El uso de balas de plomo para reprimir manifestaciones públicas sólo fue problematizado por las autoridades políticas después de las violentas represiones del 19 y 20 de diciembre de 2001 en distintos puntos del país y del 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón (…). A partir de 2004, se prohibió que los agentes de fuerzas federales que participan de operativos de seguridad en manifestaciones porten armas de fuego. Sin embargo, en 2010, en el operativo montado en el Parque Indoamericano por la Policía Federal y la Policía Metropolitana, los efectivos dispararon balas de plomo y mataron a dos personas”, señalan desde el CELS respecto al uso de armas de fuego en manifestaciones.
Los asesinatos en el marco de la protesta social, es decir, aquellos que se dan en movilizaciones, marchas, cortes de ruta y reclamos por trabajo, tierra y vivienda, suman 91 desde 1989.
Según CORREPI, los asesinatos en el marco de la protesta social, es decir, aquellos que se dan en movilizaciones, marchas, cortes de ruta y reclamos por trabajo, tierra y vivienda, suman 91 desde 1989. Allí, el gobierno que rompió un récord difícil de superar es el de Fernando De La Rúa, con 42 muertes en el marco de la crisis del año 2001. Lo interesante de este dato es el rol que se les otorga a las fuerzas de seguridad respecto a la ejecución de la fuerza contra reclamos legítimos del pueblo. ¿En qué momento se decide asesinar a quienes luchan? Como en el resto de las modalidades, son los funcionarios y las funcionarias políticas de cada momento las personas responsables de las muertes y quienes deciden disparar contra quienes reclaman. Es el Estado el que carga con la sangre.
Femicidios, travesticidios y transicidios: el odio también es estatal
El uso letal de las armas reglamentarias por parte de integrantes de las fuerzas es responsable de diversos casos de femicidios, travesticidios y transicidios. Entre 2010 y 2017 el CELS registró 32 casos de femicidios cometidos por funcionarios de seguridad sólo en la Ciudad de Buenos Aires y partidos del Conurbano bonaerense. En cambio, CORREPI desde 1992 hasta febrero de 2019, en todo el país, contabilizó 349 casos de femicidios cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad.
Para las personas trans y travestis, la violencia policial es la segunda causa principal de muerte, luego de aquellas que se producen por falta de condiciones de vida dignas ante la ausencia estatal y la carencia de políticas públicas para garantizar sus derecho.
Teniendo en cuenta los últimos tres informes publicados por el Observatorio Nacional de crímenes de odio LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la situación de los derechos trans y travestis en Argentina, el promedio arroja que el 20,8% de los crímenes de odio contra la comunidad es cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal. Para las personas trans y travestis, la violencia policial es la segunda causa principal de muerte, luego de aquellas que se producen por falta de condiciones de vida dignas ante la ausencia estatal y la carencia de políticas públicas para garantizar sus derechos.
Ningún gobierno es inocente
Se trata de una persistencia que no es inocente en el tiempo: quienes más sufren la represión estatal son quienes más se ven afectados y afectadas por el modelo económico imperante desde la culminación de la dictadura cívico-militar. Por la acción o la inacción de los diferentes gobiernos constitucionales, las fuerzas de seguridad no dejaron de torturar, desaparecer y matar. Como se mencionó anteriormente, el accionar asesino está dirigido principalmente a los sectores que viven en los barrios más vulnerables, que son quienes más sufren un sistema excluyente y desigual que se sostiene, por lo menos, desde 1983 y que en la actualidad se profundiza salvajemente.
Ningún gobierno fue ajeno a la represión y por ello los números no paran de crecer; sin mucha difusión, la impunidad impera en la gran mayoría de los casos. Mediante el encubrimiento oficial de las prácticas y el silencio mediático, el Poder Judicial pocas veces empatiza con el reclamo interminable por justicia de organizaciones y familiares de las víctimas. Así se mantiene la histórica impunidad con la que gozan los asesinos del Estado.
En los seis años del gobierno de Raúl Alfonsín, y según lo que pudieron recopilar desde CORREPI, las muertes por el Estado fueron 157. Durante los 10 años de menemismo, se conoció la existencia de 693 asesinatos. En el período comprendido entre el gobierno de Fernando De La Rúa y el gobierno de Eduardo Duhalde, hubo 753 asesinatos en manos del Estado. Durante los 12 años del ciclo de gobierno kirchnerista, se lograron contabilizar 3.658 casos en los que la violencia estatal mata. En el caso del actual gobierno de Cambiemos, en tan solo tres años (diciembre 2015-febrero 2019), 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo.
Mediante el encubrimiento oficial de las prácticas y el silencio mediático, el Poder Judicial pocas veces empatiza con el reclamo interminable por justicia de organizaciones y familiares de las víctimas. Así se mantiene la histórica impunidad con la que gozan los asesinos del Estado.
Estos números fríos esconden las diferentes medidas de los gobiernos para fortalecer a las fuerzas de seguridad y/o favorecer la impunidad de las y los asesinos estatales. En el actual Gobierno Nacional, con Patricia Bullrich a la cabeza del Ministerio de Seguridad y Mauricio Macri como presidente de la Nación son responsables de la muerte de una persona cada 21 horas, récord histórico de la democracia argentina.
Este planteo del problema sobre la represión en democracia no solo genera indignación sino que cuestiona radicalmente cómo se mantiene un sistema tan asesino y desigual. ¿Cómo se sostiene la idea de un Estado democrático cuando se mata y se tortura sin pudor? ¿cuando las ejecuciones son absolutamente arbitrarias e injustificadas? ¿cuando los fusilamientos se dan por el solo hecho de poder hacerlo? ¿cuando se sostiene y se profundiza en todos los gobiernos constitucionales? ¿Cómo se puede hablar de una efectiva democracia cuándo se mata a los sectores más vulnerados de forma tan impune y tradicional?
