El editorial «Niñas madres con mayúsculas», publicado por el diario La Nación en el mes de febrero fue un llamado de alerta: más allá del masivo rechazo que generó la idealización de niñas menores de edad como «madrazas» que merecen «admiración», logró poner el foco sobre una problemática histórica que siempre vivió en las sombras. Embarazo adolescente, abuso intrafamiliar, restricciones en el acceso a un aborto contemplado por la ley y violencia institucional por quienes dicen cuidar «las dos vidas» son elementos de una historia cotidiana que, gracias a la lucha de miles de mujeres, se vuelve cada vez más visible.
Por Laura Verdile y Lucía De Dominicis
“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Lucía tiene 11 años y vivía en Siete de Abril, un pueblo ubicado en el departamento de Burruyacú de la provincia de Tucumán, a un kilómetro y medio de la frontera con Santiago del Estero. El 23 de enero de 2019, se enteró de que estaba embarazada, luego de haber sido violada por la pareja de su abuela, de 65 años. Desde el primer momento, Lucía quiso interrumpir su embarazo. En el Hospital del Este Eva Perón, donde luego quedó internada, su mamá tomó conocimiento del protocolo para la interrupción legal del embarazo y solicitó el procedimiento. “Llevala a la chiquita y pensalo”, le dijeron. La respuesta institucional fue clara y, lo más grave, articulada: el sistema estatal se encargó en todo momento de obstaculizar el derecho de Lucía, desinformando a partir del miedo y la omisión.
La respuesta institucional fue clara y, lo más grave, articulada: el sistema estatal se encargó en todo momento de obstaculizar el derecho de Lucía, desinformando a partir del miedo y la omisión.
Desde el hospital, exigieron requisitos no contemplados por el protocolo: la denuncia de abuso sexual ante una fiscalía y donantes de sangre, estrategias para ganar tiempo y dilatar la aplicación de la ley. A pesar de los obstáculos, la mamá de Lucía siguió adelante y firmó el consentimiento de la práctica, que guardó durante su estadía en la institución, sin que nadie lo retirara o le explicara dónde entregarlo. Gustavo Vagliocco, el responsable del Sistema de Salud Provincial (Siprosa), tomó contacto con la mamá de Lucía y le dijo que el procedimiento ponía en riesgo la vida de su hija, que lo mejor era esperar hasta el séptimo mes de embarazo y que así salvaría “las dos vidas” y no tendría cargar en la consciencia “con la muerte de su nieta”. Ante la negativa, Vagliocco continuó presionando: ofreció pagarles un hotel a Lucía y a su mamá para cumplir con el plazo de tiempo, refaccionar su casa, ayudar a la chica con los estudios e incluso hacerse cargo del bebé.
La violencia institucional tejió una trama que excedió los muros del hospital. A fines de febrero, el gobernador provincial, Juan Manzur, informó que se continuarían “los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”, en función de “lo peticionado por la niña y la progenitora» y de acuerdo a un “oficio de la jueza civil de Familia de la 5a Nominación”. Ambas cosas fueron desmentidas: el comunicado no solo iba contra de la voluntad de Lucía y de su madre, sino también de la decisión de la jueza Valeria Brand, que en ningún momento dio tal orden. En línea con Manzur, se encuentran también la ministra de Salud de Tucumán, Roxana Chahla – quien apoyó el accionar de Vagliocco -, y la directora del hospital, Elizabeth Ávila. El poder judicial tampoco quedó afuera: la fiscal Adriana Giannoni, encargada de la Fiscalía especializada en Homicidios – ajena a la investigación del abuso sexual sufrido por Lucía – ordenó no interrumpir el embarazo, pidiendo “proteger la vida desde la concepción”.
Desde el hospital, exigieron requisitos no contemplados por el protocolo: la denuncia de abuso sexual ante una fiscalía y donantes de sangre, estrategias para ganar tiempo y dilatar la aplicación de la ley.
Finalmente, luego de casi un mes de dilación, la jueza Brand intimó al Siprosa a proteger los derechos de Lucía y realizar el procedimiento. Los funcionarios de salud no tuvieron otra opción que convocar a dos tocoginecólogos del sector privado, ya que los médicos y médicas capacitados para la intervención se declararon objetores de conciencia. El 27 de febrero, José Gijena y Cecilia Ousset realizaron una cesárea, método elegido al no haber podido realizarse un aborto por vía vaginal dados los repetidos abusos sufridos por Lucía, de acuerdo a las declaraciones de los especialistas. Al salir del hospital, un funcionario judicial les tomó los datos. Fueron denunciados por “homicidio agravado” por abogados y abogadas reconocidos por apoyar “el derecho a la vida”. Como muchos otros profesionales que garantizan los derechos de las mujeres, Gijena y Ousset están siendo criminalizados por terminar el calvario de una chica de 11 años a quien el sistema de salud le dio la espalda.
El caso Lucía, un ejemplo cotidiano
Que el caso de Lucía haya adquirido relevancia mediática en todo el país y que el sistema de salud tucumano se viera convulsionado ante la presión social es también resultado de la lucha que ocupó el centro de la escena durante el 2018. Pero, junto a la visibilidad, surgió el embate conservador, que pareció reforzarse luego del rechazo del proyecto por la legalización del aborto el pasado 8 de agosto, y que es la otra cara al reclamo por la libertad de las mujeres y personas gestantes. La articulación institucional, llevada adelante por los distintos sectores estatales para obstaculizar la interrupción del embarazo de Lucía, fue una muestra peligrosa de esa reacción encarnizada. Funcionarios y funcionarias trabajando juntos para asegurarse, por todos los medios, que la voluntad de una chica de 11 años fuera ignorada, proclamando la “defensa de la vida” sin importar la tortura a la que se la sometió.
Foto: China Díaz
De acuerdo a un informe del Ministerio de Salud, en Argentina, se producen anualmente cerca de 3 mil nacimientos de chicas menores de 15 años. Tal como cita el documento, cuando esto sucede, la niña “termina abruptamente su ciclo educativo, enfrenta serios riesgos para su salud y su vida, se alteran sus relaciones sociales, se reducen significativamente sus perspectivas de inserción laboral y generación de ingresos, multiplicándose su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión, la violencia y la dependencia”. En la misma línea, el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los derechos de las Mujeres (Cladem) elaboró un informe en el que se destaca un punto central: “la mayoría de los casos de embarazos infantiles aparecen como producto de violencia sexual, ejercida por integrantes de la familia (abuso sexual incestuoso), conocidos, vecinos, o extraños”.
De acuerdo a un informe del Ministerio de Salud, en Argentina, se producen anualmente cerca de 3 mil nacimientos de chicas menores de 15 años
Las consecuencias de un embarazo antes de la maduración física, mental y social son claras. Según lo explicado en dicho informe, las niñas de 14 años o menos se encuentran en alto riesgo. A esa edad, “hay mayores riesgos de sufrir preclampsia, eclampsia, ruptura de membranas, parto prematuro y diabetes gestacional”. Esas chicas tienen “4 veces más probabilidades de morir a causa del embarazo que las mujeres de entre 20 y 30 años y 5 veces más posibilidades de tener fístula obstétrica”. A esto se suma por supuesto el daño psicológico: tanto el informe de Cladem como el del Ministerio de Salud hablan de un alto porcentaje de síntomas de depresión, ansiedad, estrés post-traumático e ideas de suicidio.
La sociedad con la que sueña el diario La Nación «será aquella que respete y cobije en su seno a quienes tan valiente como amorosamente proclaman un claro y responsable compromiso, un canto a la vida, cuando defienden, con uñas y dientes, a sus niños». Ignorando el abuso, la violencia y el abandono institucional que sufren las niñas que atraviesan un embarazo no deseado, defienden amparados por un contradictorio discurso religioso. Desde las calles las mujeres continuarán defendiendo sus derechos detrás de la consigna que materaliza su lucha: «la maternidad será deseada o no será».
