Las Casildas, agrupación que busca visibilizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, presentó el segundo informe de violencia obstétrica desde la creación del observatorio, en 2015. Estos datos son esenciales para contar con un registro concreto de una de las formas más naturalizadas de violencia de género: aquella sufrida durante el embarazo, parto y pos parto, en donde, el machismo inherente al sistema médico vulnera las decisiones sobre el propio cuerpo, dejando marcas físicas y psicológicas. (Foto: Mujeres por un parto respestado – Córdoba)
“Si te gustó lo dulce ahora aguante lo amargo”, “Callate y pujá”, “Si te movés, te vamos a tener que atar”. La lista podría seguir, son solo algunas de las tantas agresiones que reciben muchas mujeres al momento del parto, y que también se registran durante el embarazo y pos parto. La violencia obstétrica es mucho más común de lo que se cree: se trata de una de las formas de violencia de género más naturalizadas, encubiertas por un sistema en que el saber médico somete a las mujeres y personas gestantes. Representa otra de las prácticas en las que el cuerpo se vuelve ajeno, un objeto a merced de las decisiones externas, algo que se ha puesto en el centro de la escena pública, en particular durante el último año, gracias al debate por el aborto legal, seguro y gratuito.
Las Casildas, agrupación feminista fundada en 2011 para visibilizar y difundir los derechos sexuales y reproductivos, presentó en el Congreso el informe “Secuelas de la Violencia Obstétrica”, producto de una segunda instancia de recolección de datos.
El 9 de abril, Las Casildas, agrupación feminista fundada en 2011 para visibilizar y difundir los derechos sexuales y reproductivos, presentó en el Congreso el informe “Secuelas de la Violencia Obstétrica”, producto de una segunda instancia de recolección de datos. La primera había sido una encuesta realizada entre agosto de 2015 y septiembre de 2016, a través de la cual se llegó a recolectar datos de alrededor de 5 mil mujeres en todo el país, con el fin de tener un “panorama claro y real de la vulneración de los derechos en la escena del parto”. Fue una de las primeras acciones del Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO), luego de su creación, también en 2015, poco tiempo después de que se reglamentara la Ley de Parto Humanizado.
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En este segundo informe, los resultados indican que 8 de cada 10 mujeres encuestadas sufrieron maltrato verbal o físico durante el embarazo o el parto y 3 de cada 10 dijo haber recibido conductas aleccionadoras o amenazantes. También se registraron casos de intervenciones innecesarias y falta de información sobre el proceso o las prácticas aplicadas por el personal médico. A su vez, las conclusiones del informe muestran que la violencia se agrava cuando se trata de traslados de partos planificados a domicilio o de abortos, lo que muestra la tendencia disciplinante hacia aquellas personas gestantes que reclaman la soberanía sobre sus propios cuerpos, ya sea decidiendo cómo parir o bien, interrumpir un embarazo, ambos temas rechazados por el conservadurismo que continúa rigiendo gran parte del sistema médico.
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La importancia de este informe también radica en los datos que muestran las secuelas físicas y/o psicológicas sufridas. De acuerdo a las estadísticas, 60.2% de las mujeres sienten que la violencia obstétrica impactó en su cuerpo a través del auto-rechazo (55%), de la sensación de vergüenza por marcas y/o cicatrices (50,4%) y de sentir falta de poder (90%). Además, están quienes reconocen afectado su estado emocional, por pesadillas recurrentes o la sensación de haber fallado y quienes vieron afectada su salud sexual y reproductiva: 4,9 de cada 10 mujeres sufrieron infertilidad, daños en el suelo pélvico y prolapsos. Por otra parte, 4,4 de cada 10 siente que la violencia obstétrica dañó el vínculo con su hijo o hija, por ejemplo mediante la dificultad en la lactancia o la falta de conexión.
De acuerdo a las estadísticas, 60.2% de las mujeres sienten que la violencia obstétrica impactó en su cuerpo a través del auto-rechazo (55%), de la sensación de vergüenza por marcas y/o cicatrices (50,4%) y de sentir falta de poder (90%).
A su vez, el 74.6% de los casos se registraron en instituciones privadas, mientras que el 24.8% en públicas. Cabe también destacar que el 28.4% de las mujeres violentadas pagaron honorarios extra para personalizar su atención. El informe destaca, como parte de sus conclusiones que la violencia obstétrica es independiente del escenario, estando relacionada directamente con los y las profesionales de salud, y que el abuso de medicalización, ocurre incluso en gestaciones/partos calificados de bajo riesgo. En este contexto, es importante mencionar que 9.5 de cada 10 mujeres no denunciaron los hechos de violencia sufridos y que, las pocas que lo hicieron, radicaron su queja en la misma institución en las que fueron agredidas.
Estos últimos datos dan cuenta de la necesidad de información para que las personas gestantes puedan defender sus derechos: la mayoría de las mujeres dijo no haber denunciado por desconocimiento. En aquellos casos en los que las instituciones y profesionales se niegan a cumplir con la Ley de Parto Humanizado, las denuncias pueden realizarse en la CONSAVIG (Área de asuntos de género del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) y en la Defensoría del Pueblo de la Nación. En 2015, tuvo lugar el primer juicio civil por violencia obstétrica en Argentina, en el que tanto la madre como el bebé se encuentran convida. Hasta ese momento, todas las demandas introducidas habían sido de tipo penal, en casos de mala praxis en los que se produjeron lesiones o muertes durante el parto.
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Las estadísticas de este segundo informe y el trabajo de recolección de datos que realiza el Observatorio de Violencia Obstétrica son entonces fundamentales: buscan poner en el escenario cifras concretas de una agresión naturalizada. De esta forma, continúa un camino para que las mujeres y personas gestantes pueden reclamar autonomía sobre su propio cuerpo, y para que el machismo, al que no escapa el sistema médico, deje de apropiarse de sus derechos sexuales y reproductivos.
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