Desde la llegada al poder de Mauricio Macri en diciembre de 2015, no se ha avanzado ni un paso en lo que respecta a la lucha por los Derechos Humanos: temas relativos a la memoria, la verdad, la justicia, el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y la reflexión sobre el genocidio sucedido en Argentina han sido relegados en la agenda del gobierno. El vaciamiento de políticas públicas, el retroceso en los procesos judiciales y el negacionismo de los representantes de Cambiemos marcan un camino claro en oposición a los avances alcanzados gracias a la lucha y persistencia de los organismos de Derechos Humanos, familiares y organizaciones. (Foto de portada: Fran Rodriguez)
Por Lucía De Dominicis, Giuliana Sordo y Laura Verdile
En diciembre de 2014, cuando la idea de ver a Mauricio Macri portando la banda presidencial para muchos parecía inverosímil, el diario La Nación publicó una entrevista exclusiva con el flamante candidato titulada: “Conmigo se acaban los curros en Derechos Humanos”. Aunque durante la nota se recorrieron temas clave para la economía argentina, como las políticas alrededor de la inflación, el endeudamiento externo y los planes sociales, La Nación eligió para su título las declaraciones que exacerban los prejuicios contra el movimiento de Derechos Humanos. Las prioridades, desde ese momento, eran claras: estaba por llegar al poder un gobierno que estaría dispuesto a mirar para otro lado y a dejar de destinar recursos hacia la condena de responsables y ejecutores de la última dictadura cívico-militar.
Mauricio Macri llegó al poder y, de a poco, fue poniendo en marcha las ideas que estaban detrás del editorial de La Nación, proponiendo un cambio de rumbo en la histórica lucha por la Memoria, Verdad y Justicia en Argentina.
Un año después, envalentonado por esa ola fascista, el diario La Nación decidió publicar, al día siguiente de la victoria de Mauricio Macri en segunda vuelta, un categórico editorial sin firma titulado “No más venganza”. Allí, se exigía terminar con el “vergonzoso padecimiento de condenados” y se planteaba que mantener a represores en la cárcel debía ser considerado como “nuevas violaciones de derechos humanos”. Este editorial fue ampliamente repudiado, no solo por los movimientos y organizaciones de Derechos Humanos, sino también por los y las periodistas del propio diario que no se veían representados en ese escrito. Sin embargo, el daño estaba en proceso: Mauricio Macri llegó al poder y, de a poco, fue poniendo en marcha las ideas que estaban detrás del editorial de La Nación, proponiendo un cambio de rumbo en la histórica lucha por la Memoria, Verdad y Justicia en Argentina.
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La ausencia estatal en las políticas de memoria
El gobierno de Cambiemos comenzó su mandato con una ola de despidos en diversas agencias estatales. Entre ellas, se encuentran aquellos sectores que trabajaban hasta el 2015 en políticas públicas que fortalecían el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, principalmente, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el Ministerio de Justicia y DD.HH, pero también los Ministerios de Defensa y Seguridad. La ejecución de despidos masivos, la eliminación de programas específicos y la anulación del rol del Estado como querellante en los juicios de lesa humanidad fueron algunas de las situaciones que comenzaron a desgastar las políticas de memoria y a debilitar todo un proceso en el que el Estado volvió a desaparecer.
La ejecución de despidos masivos, la eliminación de programas específicos y la anulación del rol del Estado como querellante en los juicios de lesa humanidad fueron algunas de las situaciones que comenzaron a desgastar las políticas de memoria y a debilitar todo un proceso en el que el Estado volvió a desaparecer.
De la mano del secretario de Pluralismo Cultural y Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, se llevó a cabo un ajuste presupuestario y de personal desde la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación. Tanto el Archivo Nacional de la Memoria como los espacios culturales y los sitios de memoria denunciaron despidos desde finales del 2015 y comienzos del 2016. Avruj, al igual que la mayoría de los y las funcionarias de Cambiemos en ese momento, negó un vaciamiento y afirmó que se trataba de una “reorganización de personal” debido a un “exceso de gente”, según comentó en una entrevista con Agencia Paco Urondo. A su vez, el ministro de Justicia y DD.HH, Germán Garavano, decidió en 2016 eliminar el sitio web Infojus Noticias, que se dedicaba al seguimiento de causas judiciales, entre las que se encontraban las vinculadas a los delitos de lesa humanidad. Esta decisión, sumada a la falta de cobertura por parte de los medios comerciales, colaboró en el blindaje de información sobre el proceso judicial en marcha, a pesar de su fundamental importancia en la sociedad.
Los sitios de memoria y espacios culturales que allí funcionan sufrieron recortes presupuestarios que dificultaron su continuidad y los mantienen aún hasta el día de hoy en una situación crítica: denuncian que los recursos asignados no les permiten afrontar gastos básicos de folletería y señalética para garantizar el trabajo pedagógico y de difusión que se les ha asignado. La mayoría de estos espacios – lugares fundamentales de prueba, testimonio e historia para comprender los alcances de la dictadura cívico-militar y para repensar su relación con el presente – subsisten gracias a la militancia de organismos, de los y las sobrevivientes y de la decisión de trabajadoras y trabajadores de seguir sosteniéndolos.
A pesar de las excusas y negaciones oficiales, los ajustes continuaron: en diciembre de 2017 los organismos de DD.HH. firmaron una nota de rechazo a 70 despidos ocurridos en el Ministerio de Defensa, desmantelando así un área destinada a sostener la política de Derechos Humanos y reduciendo equipos de relevamiento y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas. Estos programas estaban especialmente destinados a la investigación de los delitos de lesa humanidad. Creados para relevar documentos requeridos para contribuir en las causas judiciales, permitieron reconstruir cadenas de mando y organigramas de las dependencias al interior de las fuerzas. A pesar de su importancia, ya desde principios del 2016, se venían reduciendo los equipos de trabajadoras y trabajadores.
Además, en el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Derechos Humanos fue reemplazada por la Dirección Nacional de Control de Integridad de Fuerzas de Seguridad. Bajo su órbita funcionaba el Grupo Especial de Relevamiento Documental, que analizaba documentación que pudiera contribuir a la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad. En la misma sintonía, es necesario destacar el caso del Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ), creado en 2011 para intervenir en allanamientos para la obtención de muestras de ADN que sirvieran a la identificación de personas apropiadas en su infancia. A partir de la gestión de la ministra Patricia Bullrich, no solo se redujo su estructura, sino que además se permitió la participación de las fuerzas de seguridad en este tipo de investigaciones, a pesar de haberse demostrado que, en diferentes casos, habían actuado en complicidad con las personas apropiadoras.
En diciembre de 2017 los organismos de DD.HH. firmaron una nota de rechazo a 70 despidos ocurridos en el Ministerio de Defensa, desmantelando así un área destinada a sostener la política de Derechos Humanos y reduciendo equipos de relevamiento y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas.
Con respecto a los procesos judiciales, durante el gobierno de Cambiemos los organismos del Estado abandonaron en gran parte su lugar de querellantes en los juicios de lesa humanidad, como lo venían sosteniendo desde la reapertura del proceso en 2006. Aún en los casos en que se mantienen en vigencia, el avance de las causas se da gracias al impulso de los propios abogados y abogadas que, muchas veces, no reciben ni viáticos ni pagos a tiempo ni adecuados. Un ejemplo es la Unidad de Información Financiera (UIF), que había participado de la querella en juicios relacionados con delitos financieros, bancarios y de lavado de dinero. Tras la asunción del nuevo gobierno, se modificaron sus prioridades de forma tal que abandonó ese rol, a pesar de que haber otorgado información valiosa para el avance de las investigaciones judiciales.
El 25 de noviembre de 2015, a pocos días del triunfo de Mauricio Macri en las elecciones, se aprobó, por unanimidad en el Senado de la Nación, la creación la Comisión Bicameral de identificación de las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura cívico-militar. A pesar de haber sido promulgada desde el 2 de diciembre, a tres años y medio luego de su sanción, el oficialismo demora la conformación del cuerpo legislativo que debe investigar los delitos de los responsables y cómplices empresarios durante el genocidio. La decisión de no avanzar en esta materia se suma al resto de las medidas que vacían y desmantelan las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y que son sumamente coherentes con las medidas de este Gobierno.
El relativismo oficial para negar el genocidio
Desde aquella frase de Mauricio Macri como candidato a presidente que presentaba a los Derechos Humanos como un “curro”, al llegar al poder, funcionarias y funcionarios se sintieron habilitados a expresar sus versiones negacionistas y relativistas sobre lo sucedido en la dictadura cívico-militar, debilitando la necesidad de profundizar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Algunos sectores comenzaron a plantear públicamente la necesidad de “completar la memoria” y a señalar conceptos como “guerra” y “reconciliación”. De esta forma, con la llegada al poder de Cambiemos, se comenzó a expresar algo que hasta el momento no podía ser dicho porque implicaba avalar un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio.
Al llegar al poder, funcionarias y funcionarios se sintieron habilitados a expresar sus versiones negacionistas y relativistas sobre lo sucedido en la dictadura cívico-militar, debilitando la necesidad de profundizar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
En enero de 2017, el Gobierno nacional decretó que el feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fuera movible. Este avance, que el oficialismo luego calificó como un error, es inseparable de lo que fue, en su primer año de gestión, la escalada discursiva que minimizó el genocidio y que llegó a negar aspectos ya demostrados en materia de lesa humanidad. En el marco de este debate, el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, afirmó en televisión que no creía que “el gobierno de facto haya sido un plan sistemático” y cuestionó la cifra de personas desaparecidas con la frase: “No es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras”. Esos comentarios se sumaron a los realizados meses antes por Darío Lopérfido, quien era en ese momento ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y director del Teatro Colón. Lopérfido afirmó en una entrevista que “en Argentina no hubo 30.000 desaparecidos” y que la cifra se construyó para “conseguir subsidios”. Estas declaraciones habilitaron una discusión que pretendió minimizar el genocidio y no se trata de casos aislados: se enmarcaron en el discurso oficial y las políticas del Gobierno.
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Desde un primer momento, Cambiemos evidenció la voluntad de construir una narrativa oficial que se diferenciara de la vigente durante las gestiones kirchneristas. El mismo Mauricio Macri afirmó, en una entrevista, que consideraba que la dictadura se trató de una “guerra sucia” – la misma expresión que utilizó la Junta Militar para justificar la represión – y aseguró que no tenía idea “si fueron 30.000 o 9.000 los desaparecidos”. A su vez, cuando se cumplieron los 40 años del golpe de Estado, el 24 de marzo de 2016, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación reeditó el Informe de la CONADEP, “Nunca más”, y eliminó el prólogo que el Gobierno anterior había incorporado en 2006. Aquel texto denunciaba el proyecto económico y social que implantó la dictadura, destacaba la responsabilidad de actores civiles y rechazaba la teoría de los dos demonios. “Es el Nunca más tal cual fue, sin aditamento ideológico, una deuda que teníamos desde la política, desde el Estado”, afirmó el secretario Claudio Avruj al presentar la publicación.
En ese sentido, durante el 2016 la gestión actual retornó, por diferentes vías, a la teoría de los dos demonios que dominó el discurso en la década del ‘80, y que figuraba en aquel primer prólogo del Nunca Más.
En ese sentido, durante el 2016 la gestión actual retornó, por diferentes vías, a la teoría de los dos demonios que dominó el discurso en la década del ‘80, y que figuraba en aquel primer prólogo del Nunca Más. De esta forma, se volvía a poner sobre la mesa la existencia de una simetría entre la violencia del Estado y la violencia de las organizaciones políticas y militares en los años ‘70. Mauricio Macri, en el primer aniversario de la dictadura cívico-militar que atravesaba como presidente, el 24 de marzo de 2016, planteó: “Nunca más a la violencia política, nunca más a la violencia institucional”. Así, no sólo igualó la acción ilegal y clandestina del Estado con el accionar de las organizaciones políticas de aquel entonces, sino que, para hablar del genocidio sucedido en Argentina, utilizó una categoría construida en democracia para evidenciar, principalmente, la violencia policial. Estos planteos no hacen más que confundir y ocultar el accionar militar, clandestino y extremo que empleó la dictadura cívico-militar.
Mientras se llevaba adelante esta minimización del genocidio, el Gobierno abrió el diálogo con actores que sostienen la idea de que en los años ‘70 existió una simetría de violencias, y que consideran que las organizaciones políticas deben ser juzgados como terroristas, al igual que reivindican a genocidas como “presos políticos”. En enero de 2016, Claudio Avruj se reunió con representantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), organización que se dedica a la asistencia de las víctimas de acciones violentas cometidas por las organizaciones político-militares en la década del setenta.
De igual forma, Germán Garavano, en abril de 2016, recibió, en un encuentro reservado, a Cecilia Pando, presidenta de la “Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina”, ferviente defensora del terrorismo de Estado y un personaje símbolo de las posturas que plantean a los juicios de lesa humanidad como escenarios de venganza. En mayo de 2016, el ministro mantuvo, además, audiencias con representantes de la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, organización que en 2014 realizó un encuentro para coordinar acciones contra los juicios de lesa humanidad. Mientras esto sucedía, los organismos históricos de DD.HH. que defienden el proceso de Memoria, Verdad y Justicia esperaban ser recibidos por el Poder Ejecutivo.
Las declaraciones de integrantes del Gobierno en estos más de tres años de gestión recuperaron argumentos alentados por sectores que buscan deslegitimar, relativizar y negar la gravedad del terrorismo de Estado. En este sentido, la manipulación y desconocimiento del número 30.000 ignora la rigurosa construcción que se realizó en dictadura y democracia.
Otro hito negacionista de este Gobierno se dio en julio de 2016. En el marco del Bicentenario de la Independencia, se llevó adelante una reivindicación del rol de las Fuerzas Armadas en la dictadura cívico-militar. Aldo Rico, ex coronel y jefe del alzamiento carapintada contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, participó del acto oficial y volvió a relativizar el número de personas desaparecidas. En la misma fecha, en Tucumán, mientras se llevaba adelante el juicio por el Operativo Independencia, hecho que señala el comienzo del genocidio y la existencia de centros clandestinos desde 1975, los perpetradores de aquel accionar asesino desfilaron por las calles como reivindicación de su rol en la historia. Esta apuesta por la “reconciliación” se mantuvo como una constante en esta gestión que olvida que, hace más de 40 años, los organismos señalan la imposibilidad de reconciliación mientras no exista justicia. En este sentido, en diversas cenas y actos conmemorativos del Ejército Argentino, el presidente insistió con la propuesta de dejar atrás “enfrentamientos inútiles” y “divisiones” del pasado.
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Las declaraciones de integrantes del Gobierno en estos más de tres años de gestión recuperaron argumentos alentados por sectores que buscan deslegitimar, relativizar y negar la gravedad del terrorismo de Estado. En este sentido, la manipulación y desconocimiento del número 30.000 ignora la rigurosa construcción que se realizó en dictadura y democracia. Además de que la responsabilidad de establecer el número y la identidad de las personas desaparecidas y asesinadas en el genocidio y de establecer los victimarios de estos hechos, es solo del Estado, la dificultad para reconstruirlo con precisión es una de las secuelas de la clandestinidad del plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio y del silencio de responsables y cómplices.
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Este breve repaso pone en evidencia que existieron diferentes posicionamientos del presidente y de funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo que, animados por un revisionismo histórico, tendieron a reconfigurar el discurso oficial respecto a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Además de poner en discusión el trabajo de los organizaciones y familiares que siempre lucharon por la democracia y la justicia en paz, lo que estos discursos negacionistas olvidan y callan intencionadamente es el objetivo final de la dictadura cívico-militar y la razón por la que fue apoyada por múltiples sectores de poder.
La impunidad genocida
El proceso judicial por delitos de lesa humanidad que, tras la anulación de las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final” y de los indultos, fue reactivado en 2006, – sin haber nunca terminado de fortalecerse -, comenzó a tener cada vez mayores dificultades, demoras y retrocesos a partir de 2015, avalados por las posiciones oficiales que buscaron deslegitimar y minimizar el genocidio. A través del vaciamiento de políticas públicas y del negacionismo oficial, distintos sectores, entre ellos integrantes del Poder Judicial, fueron habilitados a desacreditar un proceso que mantiene todas las garantías de las personas imputadas y a arremeter con fuerza contra la necesidad de Justicia.
Existe una tendencia en alza respecto al total de imputados en libertad, registrándose un ascenso ininterrumpido desde 2015: actualmente un 57% de investigadas por delitos de lesa humanidad están libres.
En este sentido, siguiendo lo relevado en el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, desde la reapertura del proceso judicial hasta el 15 de diciembre de 2018, hay 575 causas en trámite. A su vez, se dictaron un total de 218 sentencias en todo el país. Sin embargo, en 2018 se lograron solo 17 sentencias, confirmando así la tendencia decreciente registrada entre 2014 y 2016. Desde el año 2010 no se registraba una cantidad menor a 20 sentencias al año.
Según el Ministerio Público Fiscal, del total de las personas imputadas, 1384 se encuentran libres y 989 detenidas, de las cuales 641 tienen arresto domiciliario, modalidad que ha crecido durante los últimos tres años. Además, en ese período de tiempo, existe una tendencia en alza respecto al total de imputados en libertad, registrándose un ascenso ininterrumpido desde 2015: actualmente un 57% de investigadas por delitos de lesa humanidad están libres. Esto significa que no sólo crecieron las excarcelaciones (23% de las personas condenadas), sino que las nuevas imputaciones registran menos restricciones de la libertad y que la proporción de personas detenidas en dependencias penitenciarias se ha reducido fuertemente.
Un símbolo nefasto de la impunidad fue el beneficio otorgado a Miguel Etchecolatz, una de las caras más representativas del genocidio, recordado por los sobrevivientes de sus torturas por su brutalidad. Condenado más de cinco veces a prisión perpetua por apropiación de bebés, niños y niñas, asesinatos, torturas, secuestros y desapariciones, y sospechoso de ser el máximo responsable de la segunda desaparición de Jorge Julio López, Etchecolatz obtuvo el arresto domiciliario en diciembre de 2017. Luego de que varios tribunales fallaran a su favor a partir de 2015, el Tribunal Oral Federal N° 6 de La Plata le concedió el beneficio en el marco del juicio por crímenes cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en la Comisaría de Monte Grande y en la División Cuatrerismo. En marzo de 2018, gracias al repudio generalizado de la sociedad y a los escraches que se realizaron en su residencia de Mar del Plata, la justicia dio marcha atrás con la decisión y, en octubre de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia revocó de forma definitiva la prisión domiciliaria del represor.
Un símbolo nefasto de la impunidad fue el beneficio otorgado a Miguel Etchecolatz, una de las caras más representativas del genocidio, recordado por los sobrevivientes de sus torturas por su brutalidad
Etchecolatz no es el único caso: los números mencionados sobre los procesos de lesa humanidad son evidencia concreta de que la Justicia, siempre que puede, busca favorecer a represores y genocidas que siguen callando y manteniendo su pacto de silencio sobre las apropiaciones y desapariciones. Sin ir más lejos, en el mes de mayo de 2017, los jueces de la Corte Suprema de Justicia dictaron una sentencia en la que el genocida Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad por la desaparición de trabajadores del Hospital Posadas en 1976, fue beneficiado con el 2×1. De acuerdo a la ley 24.390, esto permite que, luego del segundo año de detención sin condena firme, se compute el doble cada día de prisión preventiva. Si bien la normativa estuvo vigente desde 1994 hasta 2001, quienes se encontraran en aquella situación antes de que la ley fuera derogada pueden recurrir a la misma.
La aplicación en condenas de lesa humanidad implicaba sentar un retroceso en la jurisprudencia argentina y un retroceso peligroso que podría haber beneficiado a centenares de represores. Así, entre la impunidad y las potenciales consecuencias que ponían en peligro a testigos del proceso del juzgamiento de los responsables de la dictadura cívico-militar, los organismos de Derechos Humanos repudiaron la sentencia, acompañaron en el Congreso un proyecto de ley que impida la aplicación del beneficio en caso de crímenes de lesa humanidad y convocaron a una movilización popular con el objetivo de sepultar la intención de avanzar con aquellos indultos encubiertos. En diciembre de 2018, la Corte emitió un nuevo pronunciamiento rechazando la aplicación del cómputo del 2×1 en el caso del imputado Rufino Batalla que terminó de enterrar la posibilidad de otorgar este beneficio a los genocidas. A pesar de que numerosos funcionarios buscaron desentenderse del fallo “Muiña”, alegando la independencia de la Justicia respecto a las políticas del gobierno, esta medida es parte de un clima de época que frivoliza y niega la magnitud del genocidio.
Los retrocesos y las demoras en este proceso judicial histórico en Argentina y a nivel mundial, se evidencian, de esta forma, en el escaso número de sentencias firmes, la disminución en las elevaciones a juicio y en la cantidad de sentencias dictadas, y el estancamiento de las causas en la etapa de instrucción, la primera etapa de la investigación.
Los retrocesos y las demoras en este proceso judicial histórico en Argentina y a nivel mundial, se evidencian, de esta forma, en el escaso número de sentencias firmes, la disminución en las elevaciones a juicio y en la cantidad de sentencias dictadas, y el estancamiento de las causas en la etapa de instrucción, la primera etapa de la investigación. Esta situación se ve avalada por un Poder Ejecutivo que desconoce la importancia del proceso. A su vez, no solo se ha reducido significativamente el número de personas detenidas sino que se ha consolidado el arresto domiciliario como forma de detención predominante entre las personas privadas de su libertad por crímenes contra la humanidad. Este proceso que se considera de “justicia tardía”, a pesar de los obstáculos y retrocesos, sucede tras más de 40 años desde el momento en que se comenzaron a cometer estos hechos que, en muchas sentencias, se enmarcan en la categoría de genocidio.
Volver atrás: sacar las Fuerzas Armadas a la calle
En este contexto, con un oficialismo que niega lo sucedido, con el desmantelamiento de políticas públicas que buscaban fortalecer un proceso social de Memoria, Verdad y Justicia, y con los retrocesos concretos en materia judicial, las medidas del Gobierno siguieron un rumbo concreto. A mitad del año 2016, se presentó el decreto 721-2016: esta medida, que modificó un decreto del gobierno de Raúl Alfonsín, devolvió la autonomía a las Fuerzas Armadas, anulando el control civil que se les asignó en el retorno de la democracia, y asignándoles nuevas funciones. El decreto, que fue fuertemente repudiado, encendió las alarmas de un camino que, a pesar de los reclamos, no hizo más que concretarse paso a paso.
Esto recrudeció en julio de 2018, cuando Macri anunció la decisión, mediante el decreto 683/2018 de modificar el rol de las Fuerzas Armadas para que colaboren en tareas de seguridad interior, defensa de fronteras, lucha contra el narcotráfico y apoyo contra las “nuevas amenazas del siglo XXI”.
Esto recrudeció en julio de 2018, cuando Macri anunció la decisión, mediante el decreto 683/2018 de modificar el rol de las Fuerzas Armadas para que colaboren en tareas de seguridad interior, defensa de fronteras, lucha contra el narcotráfico y apoyo contra las “nuevas amenazas del siglo XXI”. El anuncio, además, fue realizado desde Campo de Mayo, donde se localizó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura cívico-militar, una maternidad clandestina y por donde pasaron más de 5000 personas detenidas-desaparecidas. Esta decisión que modifica una ley nacional, destruye el consenso social logrado luego de décadas de lucha respecto al lugar que deben ocupar las Fuerzas Armadas en Argentina y en una sociedad democrática.
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Ambas medidas reivindican el paradigma del “enemigo interno” por el cual la dictadura violó sistemáticamente los Derechos Humanos, además de promover la militarización del país. México, Colombia y Brasil ejercieron medidas similares sin mayores resultados que la violación cotidiana de derechos. Estas decisiones no solo ponen en evidencia la necesidad del Gobierno de abandonar un proceso de condena social del genocidio y el rol que las Fuerzas Armadas pueden o deben tener en Argentina, sino que se suman a las decisiones de la ministra de Seguridad interior, Patricia Bullrich, con las que defiende y envalentona al aparato represivo en su totalidad.
La misma lucha desde hace 40 años
Todos estos ejes en los que el macrismo decide, con acciones concretas, retroceder en el proceso de la Memoria, Verdad y Justicia, no pueden leerse de forma alejada de los objetivos últimos del genocidio en Argentina. La dictadura cívico-militar fue brutal y asesina por la necesidad económica de los sectores de poder de implementar un nuevo modelo de país. Eso fue ejercido de forma planificada, sistemática y sangrienta: desapareciendo a grandes sectores de la población que luchaban por otra forma de vida.
El gobierno de Cambiemos trajo consigo no solo las banderas del negacionismo y el retroceso, sino también la profundización de un sistema económico neoliberal basado en el endeudamiento externo que trae reminiscencias del modelo que instalaron los militares y civiles tras tomar el poder en 1976 y que modificó de raíz la estructura del país. Este modelo, que acrecentó la brecha y la desigualdad entre ricos y pobres no puede generar más que exclusión, pobreza y hambre en un sociedad que se cansó hace rato de esta miseria planificada. Por más de que el discurso oficial se esfuerce en plantearlo como un tema del pasado que pertenece a los libros de historia, las luchas de los últimos 40 años nos atraviesan y, frente a los retrocesos vividos durante este gobierno, prueban seguir siendo necesarias.
