En Argentina el feminismo es palabra corriente desde que el grito por Ni Una Menos estalló en el año 2015. Tras esa fecha emblemática, numerosas movilizaciones comenzaron a quebrar estructuras y a convocar a diferentes generaciones de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Esa visibilización irrumpió en cada espacio donde la política parecía ajena. Sin embargo, entre aquella fecha y la actualidad, las políticas estatales para fomentar la igualdad y luchar contra la violencia de género se desentendieron de los reclamos que tomaron las calles y que buscan derribar el sistema patriarcal. (Foto de portada: Nadia Diaz)
Por Lucía De Dominicis, Giuliana Sordo y Laura Verdile
Es difícil separar cuidadosamente los acontecimientos que llevaron al estado actual de las cosas: somos parte de una época en la que la necesidad de transformación atraviesa espacios y generaciones, se instala para replantear estructuras y cuestionarlo todo de raíz. La genealogía es larga y sinuosa, cuidadosamente construida por el trabajo constante del feminismo, que teje redes de contención para reclamar la libertad desde lo colectivo. Traza un camino histórico, marcado por un punto de inflexión a partir del cual las consignas se multiplican en las calles. La primera marcha por Ni Una Menos, allá por aquel 3 de junio de 2015, fue un salto histórico que sentó las bases para hacer posible mucho de lo que vino después, como el Primer Paro Internacional de Mujeres.
En 2017, el 8 de marzo se resignificó convirtiéndose por primera vez en la historia en una instancia que se multiplicó en sesenta países de todo el mundo. En Argentina, la lucha había comenzado en octubre de 2016, con el Paro Nacional de Mujeres convocado luego del femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
En 2017, el 8 de marzo se resignificó convirtiéndose por primera vez en la historia en una instancia que se multiplicó en sesenta países de todo el mundo. En Argentina, la lucha había comenzado en octubre de 2016, con el Paro Nacional de Mujeres convocado luego del femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras” fue el lema que encabezó la jornada y que preparó el escenario para evidenciar la correlación entre la violencia de género y la desigualdad económica. Para el mes de marzo, la herramienta del paro fue redefinida al ser tomada por aquel sector desestimado de la fuerza productiva: las mujeres no solo fueron relegadas históricamente dentro de los gremios, sino también al ocupar tareas domésticas y de cuidado no reconocidas ni remuneradas.
Desde entonces, el poder de la movilización expandió los límites de los movimientos feministas, masificando las demandas y desafiando el sentido común patriarcal, fuertemente arraigado en todos los ámbitos sociales. Así, lo que hasta hace un tiempo se encontraba naturalizado, pasó a ser objeto de una fuerte condena que se tradujo en acciones concretas: las denuncias por violencia simbólica contenida en el discurso de personajes públicos; las marchas autoconvocadas contra femicidios; el repudio a la justicia machista; el reclamo por la libertad sobre el propio cuerpo; el quiebre de estructuras herméticas de poder donde el abuso resultaba invisibilizado, como el fútbol, el rock y la industria del espectáculo. El cambio es progresivo, firme. A nivel social, ya no hay punto de retorno, pero a nivel político hay fuertes resistencias y retrocesos que no se pueden eludir a la hora de dar un golpe certero al círculo de violencias.
Los cuerpos que pagan el ajuste
Si bien la concientización sobre la violencia contra las mujeres permitió visibilizar la desigualdad en clave económica, en el día a día, son ellas quienes más cargan la crisis social en sus cuerpos. Desde la llegada al poder del Gobierno de Cambiemos en 2015, el ajuste no solo golpeó cada vez más duro a los sectores vulnerables de la sociedad, sino que además profundizó la brecha de género, limitando la autonomía y el poder de decisión de las mujeres.
El brutal empobrecimiento de las condiciones económicas y materiales las afecta particularmente en una sociedad en la que los roles de género determinan una asimetría en las tareas de cuidado. El tiempo dedicado a las tareas del hogar, no reconocido socialmente ni tampoco remunerado, implica que las mujeres vean afectadas sus oportunidades de inserción laboral y profesional, teniendo que aceptar en muchos casos trabajos precarizados y mal pagos, o incluso teniendo que realizar una doble jornada laboral para dedicarse a estas ocupaciones. Este dato fue corroborado por la primera encuesta realizada por el INDEC sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo.
El tiempo dedicado a las tareas del hogar, no reconocido socialmente ni tampoco remunerado, implica que las mujeres vean afectadas sus oportunidades de inserción laboral y profesional, teniendo que aceptar en muchos casos trabajos precarizados y mal pagos, o incluso teniendo que realizar una doble jornada laboral para dedicarse a estas ocupaciones.
En medio de un contexto de protesta y descontento social creciente, en diciembre de 2017, la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación aprobaron la Ley de Reforma Previsional. Esta normativa redujo el porcentaje de ingresos de las personas que cobrarán una pensión o jubilación por parte del Estado. La decisión también agudizó la brecha de género: el 62% de las personas jubiladas son mujeres y, en su mayoría, cobran un haber mínimo que en el día de hoy está cada vez más lejos de la canasta de bienes y servicios básicos. A su vez, de acuerdo a lo explicado por la organización Economía Femini(s)ta, se estima que, en términos generales, las mujeres cobran 24,5 % menos de jubilación que los hombres dados factores como la brecha salarial y la precarización laboral a la que conduce la ocupación en tareas domésticas por las que no se obtiene remuneración a cambio.
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En el año 2018, con la decisión del gobierno de Mauricio Macri de firmar el mayor endeudamiento de un estado soberano en la historia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la posterior votación de un presupuesto a medida de los designios de dicho organismo, ha quedado demostrado que las prioridades del Ejecutivo se encolumnan detrás de los acreedores internacionales y no de las necesidades de su pueblo. El compromiso firmado por el gobierno y el FMI para que las mujeres argentinas “puedan desarrollar todo su potencial” (a través de una reforma del sistema tributario, la promoción de paga y licencias igualitarias y la lucha contra la violencia de género) suena alentador en la teoría, pero ninguno de estos puntos parece estar en la agenda del último año de gobierno de Cambiemos.
El presupuesto anual es la principal herramienta del Estado para proyectar políticas públicas futuras y, en el caso de la violencia de género, permite planificar políticas de prevención y asistencia para limitar los alcances de la violencia machista, patriarcal y femicida. Sin embargo, en los últimos años se evidenció la falta de interés del gobierno en las políticas de género: año tras año las partidas específicas para el área disminuyen o son subejecutadas. En 2018, por ejemplo, sólo se ejecutó el 58% del monto aprobado para programas que tienen un impacto positivo en la disminución de las brechas de género. Para el 2019, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala una caída real del 19,1% en el conjunto de las partidas presupuestarias claves en el logro de la igualdad de género con respecto al Presupuesto 2018. El total del gasto orientado con objetivos explícitos de género es de 4.623 millones de pesos, lo que representa sólo el 0,11% del gasto total. Además, se estima destinar apenas un millón de pesos para reducir la brecha salarial.
En este sentido, la partida asignada al Instituto Nacional de las Mujeres, organismo rector de las políticas de género, se reduce a casi el 20% en el presupuesto asignado; se rebaja a un 44% el programa de ayuda social “Hacemos futuro juntas” para mujeres en el ámbito laboral. El presupuesto otorgado a las líneas telefónicas que trabajan para recepcionar las denuncias de violencia de género, como la 137, sufren una pérdida del 24% entre lo asignado en 2018 y 2019. Estos últimos números desarrollados por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) muestran que las políticas públicas están lejos de pensar y trabajar por los reclamos sociales del colectivo que incluye a niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, trans y travestis.
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Una Justicia patriarcal y un Estado ausente
Pasaron poco más de dos meses del 2019 y ya se cometieron más de 30 femicidios, nada extraño según las estadísticas existentes: a pesar de la visibilización de la violencia de género, los casos de mujeres asesinadas no han disminuido. Según el Registro Nacional de Femicidios de MuMaLá, hubo 895 en los tres primeros años de Cambiemos en el poder (se registraron 322 casos en 2016, 298 en 2017 y 260 hasta noviembre de 2018, sumados a los 15 casos en diciembre 2015 tras la asunción de Macri). Estas cifras hablan de una emergencia social que, sin embargo, no ha generado movilización alguna en las políticas públicas del gobierno. Según lo establecido en el presupuesto 2019, el Estado destinará solo $11,36 por mujer en la aplicación de la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Mientras tanto, los intereses de la deuda externa contraída con el FMI consumirán $56 mil millones del presupuesto anual.
Al mismo tiempo que se observa la falta de interés del Poder Ejecutivo y Legislativo en la lucha contra la violencia de género, y a pesar de los cientos de movilizaciones, la Justicia sigue respondiendo a un sistema machista y patriarcal.
Al mismo tiempo que se observa la falta de interés del Poder Ejecutivo y Legislativo en la lucha contra la violencia de género, y a pesar de los cientos de movilizaciones, la Justicia sigue respondiendo a un sistema machista y patriarcal. El año 2018 brindó otro ejemplo preocupante con el fallo del caso de Lucía Pérez, en Mar del Plata: los jueces desestimaron el femicidio y limpiaron de toda responsabilidad a los acusados, estigmatizando a la joven y resolviendo que su muerte había sido causa de un “accidente” ocurrido en un marco de “normalidad y naturalidad”. En este sentido, la implementación de la recientemente sancionada Ley Micaela, que propone capacitar obligatoriamente en perspectiva de género a trabajadores y trabajadoras estatales, resulta una necesidad fundamental.
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Según datos de MuMaLá, el 82% de los casos de femicidio registrados desde el 2015 a la fecha fueron perpetrados por un integrante del círculo íntimo de la víctima y un 17% de los agresores tenían denuncias de violencia previas. La falta de velocidad de reacción frente a las denuncias también es responsabilidad de un Estado que debería intervenir en las comisarías y fiscalías para facilitar a las mujeres el acceso a la Justicia. Según la Encuesta Nacional de Victimización publicada por el INDEC en 2017, el delito contra las personas menos denunciado es el de ofensa sexual, que sólo es reportado en el 12,5% de los casos. De este bajo porcentaje de denuncias, un número aún menor termina efectivamente en una condena.
La falta de velocidad de reacción frente a las denuncias también es responsabilidad de un Estado que debería intervenir en las comisarías y fiscalías para facilitar a las mujeres el acceso a la Justicia.
Un estudio del Ministerio Público Fiscal analizó 158 denuncias de violencia de género y encontró que, tras dos años, solo seis casos llegaron a una condena: cinco a través de juicios orales abreviados y uno luego de juicio oral. Del resto de las denuncias analizadas, la mayoría se archivaron o desestimaron. Estos datos arrojan una evidencia que el Estado no puede ignorar a la hora de prevenir la violencia de género: los niveles de impunidad que se manejan en estos tipos de delitos pueden influir a la hora de decidir avanzar en un proceso judicial o no.
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La negación del derecho al aborto
El año 2018 estuvo atravesado por la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Desde enero, el debate se hizo presente en la pantalla chica, ocupando un espacio del que se encontraba vedado, y continuó luego en las calles, con el primer pañuelazo frente al Congreso en el mes de febrero. El proyecto por la legalización, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero fue rechazado en Senadores, puso en el centro de la escena un tema que hasta el momento era considerado uno de los tabúes más grandes sobre el cuerpo de las mujeres y personas gestantes. Aunque la despenalización social se transformó en un hecho, la negativa en la Cámara Alta envalentonó a los sectores conservadores, que arremetieron incluso contra derechos ya conquistados.
Aunque la despenalización social se transformó en un hecho, la negativa en la Cámara Alta envalentonó a los sectores conservadores, que arremetieron incluso contra derechos ya conquistados.
La ofensiva no solo provino de organizaciones de la sociedad civil que se opusieron férreamente a la reforma de la Educación Sexual Integral, sino también desde el interior del Estado. A fines de octubre, el Tribunal Superior de Justicia porteño desestimó los recursos legales presentados contra el protocolo de aborto no punible establecido en la Ciudad de Buenos Aires en 2012, por su fuerte contenido restrictivo. De quedar firme, la sentencia reestablecería requisitos rígidos que obstaculizarían el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE). Algo similar ocurrió en Tucumán en el mes de noviembre, donde la Legislatura provincial introdujo un proyecto de ley para eliminar la violación como causal del aborto no punible, que luego fue retirado gracias a la presión social.
Los casos de más reciente difusión ocurrieron en las provincias de Jujuy y Tucumán. En Jujuy, el pasado mes de enero, una niña de 12 años violada y embarazada por su vecino de 60 solicitó una ILE junto a su madre, pero el sistema de salud provincial obstruyó su derecho, dilató los tiempos y terminó por practicarle una cesárea para “salvar las dos vidas”, mientras que el gobernador, Gerardo Morales, anunció que “una importante familia” tenía deseos de adoptar a la beba prematura, que murió a las pocas horas del procedimiento. De forma similar, en febrero, en Tucumán, se obligó a parir a una niña de 11 años mediante una cesárea, a pesar de haber estado cursando un embarazo producto de una violación intrafamiliar y de haber requerido la ILE correspondiente. Así, los guiños conservadores al interior de las instituciones estatales configuran un panorama más que preocupante en la lucha por un derecho fundamental.
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Ante la brutalidad, un Paro mundial
Las mujeres, lesbianas, travestis y trans son las que más sufren este sistema desigual y patriarcal, responsabilidad de un Estado ausente, acentuado por las políticas económicas y por la Justicia que sigue estigmatizando y señalando culpables. A pesar de la situación de emergencia, el Gobierno vació cualquier espacio que intentaba promover una solución y, en el último año de su gestión, intenta reducir aún más las políticas públicas destinadas a dar respuestas a las históricas demandas por la igualdad y contra todo tipo de violencia.
A pesar de la situación de emergencia, el Gobierno vació cualquier espacio que intentaba promover una solución y, en el último año de su gestión, intenta reducir aún más las políticas públicas destinadas a dar respuestas a las históricas demandas por la igualdad y contra todo tipo de violencia.
Frente al ajuste, a la estigmatización de la Justicia, a la impunidad y al avance de los sectores conservadores y religiosos, las movilizaciones para el reclamo de políticas públicas y el cese de la desigualdad son cada vez más convocantes. Es por eso que, ante los retrocesos, se lleva adelante el Tercer Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans en más de setenta países del mundo: un reclamo que cruza generaciones y que, en Argentina, busca interpelar a un Estado y una gestión que aún hace oídos sordos a pesar de que sus reclamos se volvieron parte de la agenda desde el 2015.
Este 8M señala que, sin voluntad política, el sistema patriarcal no solo no se va a caer, sino que seguirá fortaleciéndose sobre la base de los mismos conceptos arcaicos. Este Paro une en un grito colectivo las injusticias que se viven desde hace cientos de años, pero que se sostienen y avalan con las políticas actuales, que perpetúan la desigualdad en todos los ámbitos, y que tienen su extremo más cruel en los asesinatos impunes contra las mujeres, lesbianas, trans y travestis, atacadas solo por el hecho de serlo. Todas estas ausencias son las razones para seguir luchando en las calles, en el Estado y en las casas hasta que los reclamos se hagan ley.
