Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado tratará durante el día de hoy la Ley Micaela, un proyecto que propone la creación de una capacitación sobre violencia de género para todos los trabajadores y trabajadoras estatales. El debate se incorporó en sesiones extraordinarias gracias a la presión popular y a las denuncias de abuso que se difundieron a partir del caso de la actriz Thelma Fardin.
Micaela García era de Gualeguay, provincia de Entre Ríos y tenía 21 años. Fue asesinada en abril de 2017. El femicida, Sebastián Wagner, había sido condenado a nueve años de prisión efectiva por dos violaciones cometidas en julio y noviembre de 2010. Sin embargo, desde enero de 2016, contaba con salidas transitorias, hasta que el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, le concedió libertad condicional, a pesar de que los informes del Servicio Penitenciario y del Equipo Técnico Crimonológico lo desaconsejaban. El caso movilizó al país y, gracias a la presión popular, Wagner fue condenado a prisión perpetua. Por su parte, Néstor Pavón, fue condenado a 5 años por encubrimiento agravado.
El proyecto de ley inicialmente presentado en mayo de 2017 por la Fundación Micaela García, con el apoyo de legisladores del Frente para la Victoria, Libres del Sur, Movimiento Evita y Frente de Izquierda, propone un programa de capacitación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.
El proyecto de ley inicialmente presentado en mayo de 2017 por la Fundación Micaela García, con el apoyo de legisladores del Frente para la Victoria, Libres del Sur, Movimiento Evita y Frente de Izquierda, propone un programa de capacitación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado. Recién el pasado 20 de noviembre, en el plenario de las comisiones de Familia, Niñez y Adolescencia y de Presupuesto y Hacienda, se aprobó un dictamen de consenso que crea el “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres”. El 18 de diciembre, obtuvo media sanción en Diputados, con 171 votos a favor. El único que votó en contra fue el diputado Alfredo Olmedo que justificó su decisión diciendo estar en contra de la «ideología de género».
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Foto: Página/12
Entre sus principales puntos, la ley prevé la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado y organismos descentralizados, en concordancia con la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El programa estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y del Ministerio de Modernización y será de cumplimiento obligatorio, lo que implica que, negarse a realizarlo «sin causa justa», será considerado una «falta grave», pasible de sanción disciplinaria. Una vez aprobada la ley, las integrantes del INAM tendrán cuatro meses para establecer los contenidos curriculares del curso a implementarse durante el año próximo.
El programa estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y del Ministerio de Modernización y será de cumplimiento obligatorio, lo que implica que, negarse a realizarlo «sin causa justa», será considerado una «falta grave», pasible de sanción disciplinaria.
La inclusión de este proyecto en las sesiones extraordinarias de la agenda legislativa se logró gracias a la presión social. En un principio, su tratamiento había sido descartado, pero la situación cambió particularmente luego de las innumerables denuncias de abuso difundidas en redes sociales y medios de comunicación a partir del caso de Thelma Fardin y de la reacción social a la campaña «Mirá cómo nos ponemos», iniciada por el colectivo Actrices Argentinas. Tampoco se puede dejar de mencionar la reciente sentencia sobre el crimen de Lucía Pérez, en donde los jueces absolvieron a los imputados de abuso y femicidio, en un fallo machista que revictimiza a la joven e invisibiliza el contexto de vulnerabilidad.
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La falta de consciencia sobre la complejidad del problema y la gravedad de la violencia de género es parte de una realidad cotidiana de la cual el Estado es responsable. Las conductas machistas de la Justicia, pero también del resto de los poderes estatales se confirman todos los días, en la falta de políticas para proteger a las víctimas y para erradicar la violencia de género antes de que ocurra. En este sentido, la Ley Micaela es así una herramienta fundamental para desarmar las relaciones de poder que, inmersas en la cultura, marcan las decisiones de los funcionarios y funcionarias y para desmontar, desde el propio Estado, la cadena de violencias que llevan a que, en Argentina, una mujer muera cada 32 horas.
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