En este 25 de noviembre se cumple un año del asesinato de Rafael Nahuel, el joven mapuche fusilado por la espalda por agentes de Prefectura tras la represión en la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, Río Negro. Esta muerte fue avalada por los funcionarios del Gobierno nacional que defendieron el accionar asesino de las fuerzas. El Estado es responsable y su muerte, un año después, permanece impune.
Rafael Nahuel, el joven obrero y mapuche de 22 años, fue asesinado por la espalda con balas de plomo de los efectivos del grupo especial Albatros de Prefectura Nacional, el 25 de noviembre de 2017, en el contexto de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro. Hace exactamente un año este accionar que resultó en una nueva muerte con la marca del Estado, demostró el avance represivo que está dispuesto a ejercer, y avalar discursivamente, este Gobierno.
Ese día, Rafael Nahuel se encontraba con otros integrantes de la comunidad mapuche refugiado en una montaña en las inmediaciones del Lago Mascardi, cuando miembros de Prefectura comenzaron a perseguirlos. Salieron a cazarlos. Ellos se intentaron defender con palos y piedras. A cambio, recibieron balas de plomo. Así fusilaron a Rafael Nahuel por la espalda.
Foto: Tato Barboza
A su vez, el asesinato de Rafael Nahuel es parte de una cadena de amedrentamientos y hostigamientos cotidianos de las fuerzas represivas a las comunidades mapuches de la zona, en complicidad con un Poder Judicial que los criminaliza constantemente. Sin embargo, la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu se encontraba en un territorio que había sido recuperado de forma legal el 14 de septiembre de 2017, logro amparado en los derechos de los pueblos originarios legitimados por la Constitución Argentina, leyes nacionales y leyes internacionales.
En los días sucesivos al asesinato, medios y funcionarios intentaron desmentir la versión de la comunidad. Hablaron de enfrentamiento, de una supuesta violencia de los jóvenes mapuches y de un accionar que estaría avalado en la legítima defensa de los agentes estatales. Esa versión oficial de la fuerza represiva fue tomada como verdad por el Gobierno. “Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad”, afirmó Patricia Bullrich en aquel momento y agregó que lo que sostiene Prefectura “tiene fuerza de verdad” y no necesitan más pruebas. “El beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad», aseguró la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Estos argumentos que alertaron sobre los límites peligrosos que estaban dispuestos a pasar desde el Gobierno y que permitieron comenzar a defender la persecución, la represión y la muerte por parte de los miembros de las fuerzas, fueron en incremento a partir de este año con la puesta en marcha de la doctrina Chocobar y el aval oficial a los policías y agentes que disparan por la espalda. De este modo, se evidencia la política estatal de Cambiemos: bancar, como sea, el ejercicio de la represión, en dónde sea, contra trabajadores, militantes sociales, comunidades de pueblos originarios en defensa del territorio o jóvenes pertenecientes a los barrios populares.
Foto: Tato Barboza
El Gobierno nacional no se preocupó jamás por la muerte de Rafael Nahuel. No la disimularon, ni la negaron, tampoco les importó mancharse, nuevamente, de sangre. Todo lo contrario, afirmaron que ese va a ser su accionar oficial, una y otra vez, con aquellos que ejerzan el legítimo derecho a la protesta social, sobre todo, frente a las comunidades originarias que intenten recuperar o sostener su territorio. A pesar de esto, Patricia Bullrich sigue siendo ministra y su rol permanece legitimado por medios y funcionarios del Estado.
Rafael Nahuel murió en manos de un aparato represivo estatal que nunca dejó de asesinar, pagó con su vida su participación en la recuperación de territorios ancestrales para su comunidad y es una víctima fatal de una lucha histórica por recuperar las tierras que les pertenecen a los pueblos originarios. Frente a la impunidad que pretende manejar este Gobierno respecto a los asesinatos con los que carga y la promesa de seguir matando, la muerte de Rafael Nahuel no debe correr el riesgo de quedar impune ni mucho menos olvidada.
