El lunes 5 de noviembre se conoció la sentencia del juicio a Jorge Horacio Capellino, médico del Hospital Militar de Paraná, por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. La condena de 13 años de prisión fue menor a los pedidos de las querellas y la fiscalía, señalando la impunidad que sigue rigiendo principalmente para los responsables civiles del genocidio. (Foto: Mateo Oviedo)
Este lunes 5 de noviembre de 2018, Jorge Horacio Capellino, médico del Hospital Militar de Paraná, fue condenado a 13 años de prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos durante los años 1976 y 1977. Mientras ejercía funciones en la institución controlaba el estado de salud de los detenidos-desaparecidos durante las sesiones de torturas que sucedían en el centro clandestino de detención que funcionaba en el el Batallón de Comunicaciones del Ejército en Paraná, Entre Ríos. En aquellos años se desempeñaba como jefe del Área de Clínica Médica del Hospital Militar.
Fue juzgado por haber “legalizado” los homicidios de Juan Alberto Osuna, Carlos José María Fernández y Pedro Miguel Sobko, en lo que se conoce como la Masacre de La Tapera. Sin embargo, fue condenado como partícipe secundario de la muerte de Sobko, pero absuelto por los de Osuna y Fernández. Además, fue condenado por la privación ilegal de la libertad de Gustavo Hennekens, pero fue absuelto por las torturas.
La sentencia firmada por el juez federal Pablo Seró de 13 años de prisión estuvo por debajo del pedido de las querellas, que exigían prisión perpetua y, también, del pedido del Ministerio Público Fiscal que señalaba la necesidad de que sea condenado a 25 años de prisión. A su vez, en el fallo se dispuso que Capellino siga con el beneficio de la domiciliaria, que cumple actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta condena es un reflejo de un proceso por memoria, verdad y justicia que sigue vigente gracias a la lucha de abogados querellantes, familiares, sobrevivientes y organismos de Derechos Humanos. Sin embargo, es notable la baja pena recibida a pesar de los pedidos expresados en las audiencias anteriores a la condena. A pesar de los avances, los cómplices y responsables civiles del genocidio aún siguen gozando de la impunidad que convalida el Poder Judicial.
