Los juicios de lesa humanidad se siguen sucediendo en todo el país. Con avances y retrocesos, el proceso fundamental para el movimiento que pide Memoria, Verdad y Justicia sigue un rumbo concreto para condenar a todos los genocidas y sus cómplices. Sin embargo, las últimas sentencias siguen señalando los frenos que existen para condenar a los responsables empresariales y civiles del genocidio y, a su vez, los beneficios a los que acceden quienes son condenados. (Fotos: Fran Rodriguez)
Gracias a la lucha colectiva, el proceso de juzgamiento por los delitos cometidos durante el genocidio, en 2006, tuvo un vuelco de 360 grados -al anularse las leyes de impunidad- y, al día de hoy, las sentencias ya fueron más de doscientas. A pesar de las amenazas, de los retrocesos y de la segunda desaparición de Jorge Julio López, los juicios de lesa humanidad se sostienen gracias al movimiento de derechos humanos, abogados y testigos que sostienen las causas, en su mayoría, con mucho esfuerzo.
De acuerdo con el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, al 20 de septiembre de 2018, se registran un total de 575 causas en las que fueron y son investigados más de tres mil imputados. Solo 984, de este número de imputados, han sido sentenciados, de los cuales 862 fueron condenados y 122 absueltos. El resto, 1323 exactamente, se encuentran en libertad. Respecto a la cantidad de detenidos que son 1004 en total, 641 se encuentran con arresto domiciliario. Además, más de 100 genocidas pidieron ser beneficiados con el 2×1.
Estos números revelan la misma marca que lo ya expresado anteriormente en este medio. A pesar de los avances en el juzgamiento de los delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar, la mayoría de los genocidas detenidos se encuentra con arresto domiciliario. A su vez, casi 2000 responsables de los delitos, con causas judiciales en trámite, se encuentran libres. Esto habla, por un lado, de las garantías que se ejercen durante estos procesos judiciales, pero también señala las trabas para juzgar a los genocidas y cómplices de la dictadura cívico-militar.
Acá se juzga genocidas
En los últimos meses culminaron diferentes procesos judiciales. Allí fueron juzgados no solo los militares por torturas y secuestros, sino la complicidad civil y empresaria del genocidio, la apropiación de bebés en Campo de Mayo y la violencia específica contra las mujeres por su género. Sin embargo, como mencionamos, a pesar de los avances en las causas y el logro de sentencias, la impunidad llega y se hace firme en los responsables civiles.
Foto: Fran Rodriguez
El 23 de agosto, en la localidad de Virasoro, en Corrientes, fue absuelto el general de división retirado y ex intendente durante la dictadura cívico-militar, Héctor María Torres Queirel, acusado por el secuestro de Marcelo Peralta, trabajador yerbatero en la estancia de Las Marías, propiedad de Adolfo Navajas Artaza, quien continua impune. La absolución fue resuelta por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, en un proceso histórico que tuvo lugar en la propia comunidad donde se cometieron los delitos. A pesar de lo necesario que es condenar a los responsables civiles del genocidio, la justicia decidió mantener la impunidad y como señalaron los familiares el día de la audiencia: “Se olvidaron del respeto por las víctimas”.
(Leer nota: Lesa humanidad en Corrientes: comienza el juicio contra Las Marías)
A su vez, el 3 de septiembre, culminó el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Allí, el genocida Santiago Omar Riveros, ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, fue condenado a 45 años de prisión con el beneficio del arresto domiciliario. Sin embargo, el médico Raúl Eugenio Martín, ex jefe de la División de Clínica Médica del Hospital entre 1976 y 1978, fue absuelto. Los dos imputados fueron juzgados por los casos de once detenidas-desaparecidas y sus hijos o hijas nacidas en cautiverio en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en Campo de Mayo. Muchos de ellos fueron apropiados, algunos continúan desaparecidos y otros fueron restituidos. Abuelas de Plaza de Mayo fue querellante en este proceso que logró solo un poco de justicia.
El juicio que investigó los delitos cometidos en el Hospital Posadas durante la dictadura cívico-militar culminó el 14 de septiembre con la condena a perpetua de Luis Muiña, el genocida que había sido beneficiado con el fallo del 2×1 en mayo de 2017, y el único imputado en el proceso -también estaba imputado Argentino Ríos, pero falleció antes de la sentencia, y el dictador Reynaldo Bignone que murió antes del inicio del juicio. Se trato del segundo juicio referido al centro clandestino «El Chalet», ubicado en las instalaciones del Hospital.
También, hace unas semanas hubo sentencia en Mendoza. El 20 de septiembre, cinco genocidas fueron condenados a perpetua, otros 13 a penas de 4 a 22 años y uno fue absuelto durante la lectura del fallo del sexto juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia. Fueron juzgados ex policías y ex militares. En este proceso se unificaron 10 causas con los casos de 86 víctimas de los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Casino de Suboficiales de la Compañía Comando y Servicios de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, en la Dirección de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2), en la Delegación local de la Policía Federal y en el Campo Las Lajas, perteneciente a la IV Brigada de la Fuerza Aérea Argentina. Allí, además, se juzgó la violencia por razones de género contra las mujeres como delito de lesa humanidad.
En el día de la fecha, 8 de octubre de 2018, se conoció en Santa Fe el fallo de la Megacausa Rafaela que condenó a cuatro ex polícias entre ocho y 25 años por los crímenes cometidos contra siete víctimas. Allí se condenó de forma histórica a genocidas por un aborto forzado de un embarazo producido por una violación: la víctima fue Silvia Suppo. A su vez, por primera vez este delito (la interrupción forzada del embarazo) fue considerado de lesa humanidad.
