A pesar de la impunidad reinante en los casos en los que el Estado es responsable de las torturas y la represión contra los sectores vulnerables, este 21 de septiembre seis ex integrantes de Prefectura fueron condenados por torturas, privación de la libertad y robo. Los hechos cometidos en el año 2016 contra Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, dos militantes de la organización La Poderosa, recibieron un amplio repudio social que permitió una celeridad histórica. Frente al gobierno de Cambiemos que batió todos los récords en represión estatal durante la democracia, este fallo ejemplar sienta precedente contra el aval oficial al accionar criminal de las fuerzas. (Fotos: Nico Cardello – Revista Cítrica)
Hace pocos días, la doctrina represiva estatal sufrió una condena histórica. El viernes 21 de septiembre de 2018, el Tribunal Oral Criminal N° 9 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a seis ex miembros de la Prefectura Naval Argentina por los delitos de imposición de torturas, privación ilegítima de la libertad y robo contra Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya con penas de entre 8 y 10 años de prisión, con los agravantes de actuar en banda, utilizar armas de fuego y pertenecer a una fuerza de seguridad.
Los integrantes de la agrupación villera La Poderosa, con 15 y 18 años en aquel momento, fueron víctimas de un infierno que tiene el sello de las botas de la represión, específicamente, de las que utilizan los integrantes de Prefectura. Hace casi dos años en la Villa 21-24 de Barracas sufrieron golpes, simulacros de fusilamiento, insultos, torturas físicas y psicológicas, el pedido de tirarse al Riachuelo y hasta una nefasta carrera en la que les anunciaron que iban a matar al que perdía. Todo ese recorrido nefasto fue relatado por los dos jóvenes a partir del 11 de mayo de este año, fecha en que comenzó el juicio oral y público contra los miembros de la fuerza.
(Leer nota: El primer juicio contra la represión de los agentes de Patricia Bullrich)
En el 2018, de forma excepcional y necesaria, los hechos represivos que sufrieron Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya lograron un poco de justicia. Algo no menor dado que en los casos en los que el Estado es responsable por gatillo fácil, detenciones arbitrarias o torturas, los hechos que llegan a juzgarse son realmente mínimos. A su vez, en los pocos casos que llegan a un juicio muchas veces termina ganando la impunidad estatal que es tradición desde hace varias décadas, o, aquellos en que se logran condenas, los fallos señalan apremios o excesos por parte de las fuerzas. Por el contrario, en esta condena histórica quedó claro que los jóvenes en los barrios vulnerables sufren delitos de tortura.
Leandro Adolfo Antúnez, Orlando Ariel Benítez, Osvaldo Alberto Ertel, Eduardo Sandoval, Yamil Alejandro Marsilli y Ramón Fernando Falcón, son los nombres de los seis prefectos torturadores. En su declaración algunos optaron por el silencio, otros por mostrarse arrepentidos, de manifestar una igualdad entre víctimas y victimarios, y hasta de señalar que «fue un hecho al voleo». Sin embargo, la cantidad de hechos represivos en los que las fuerzas se creen dueñas de las calles y las vidas se repiten cotidianamente y las principales víctimas son los jóvenes vulnerables.
Como ya mencionamos en La Primera Piedra, este proceso se trató del primer juicio contra integrantes de las fuerzas bajo la gestión de Patricia Bullrich y el gobierno de Cambiemos, que según el último informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) matan cada 23 horas, convirtiéndose así en la gestión más asesina de la democracia argentina. En este sentido, la condena es un freno a la represión estatal avalada desde los funcionarios estatales que, además de la acción, defienden y favorecen con discursos el accionar asesino y criminal de sus fuerzas, además de felicitar a quienes son capaces de matar por la espalda.
La celeridad de este proceso judicial, a diferencia de la regla general del sistema judicial, tuvo que ver con dos factores fundamentales: la valentía de los dos jóvenes de denunciar lo sucedido a pesar de las amenazas y hostigamientos que vivieron en su propio barrio para amedrentarlos, un ejemplo de ello es que durante el juicio la casa de de Iván fue baleada por Prefectura. A su vez, ellos vivieron la contención y acompañamiento de una organización popular que permitió visiblizar el caso y luchar por justicia.
(Leer nota: Repudio a la represión y los abusos de la Prefectura en la villa 21)
Gracias a estos jóvenes y militantes que se animaron a denunciar la violencia que recibieron por parte de las fuerzas de seguridad, y que es moneda corriente en los barrios vulnerables, este fallo sienta un precedente indiscutible para cada accionar represivo de los agentes de las fuerzas. Además, se da una señal necesaria contra la impunidad tradicional de las fuerzas represivas y contra un gobierno que impuso con acción y discursos la doctrina Chocobar. En un contexto en que pareciera que la represión se encuentra en aumento, la organización y la lucha popular señalan un freno fundamental a la represión estatal y las torturas que persisten en democracia.
