Pasaron cuatro meses de debate y más de 800 expositores por los pasillos del Congreso. La agenda política finalmente tomó una demanda histórica de los movimientos de mujeres, que hace años reclaman el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Si hay algo que se dejó en claro en este último tiempo es que se trata de una política pública necesaria. ¿Cuáles son los principales motivos por los que debe legalizarse el aborto? (Foto: Nadia Díaz).
1- El aborto legal como deuda de la democracia
La lucha por la legalización del aborto no es nueva, sino que se encuentra inserta en un articulación federal y pluralista de movimientos de mujeres que tienen décadas en su haber. La discusión alrededor de la sexualidad y la libertad sobre los cuerpos era una cuestión ya planteada por el feminismo en los ’70, pero fue en 1986, cuando se introdujo en el primer Encuentro Nacional de Mujeres. Como resultado de alianzas y consensos surgió en 2015 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que generó nuevos vínculos y difundió argumentos de un reclamo histórico.
Lo que estos últimos meses dejaron en evidencia es que esos años de lucha encontraron un eco en la mayoría de la sociedad, que exige en su conjunto lo que los representantes políticos se negaron durante años a tratar en la agenda, tapando la realidad de miles de personas gestantes.
Lo que estos últimos meses dejaron en evidencia es que esos años de lucha encontraron un eco en la mayoría de la sociedad, que exige en su conjunto lo que los representantes políticos se negaron durante años a tratar en la agenda, tapando la realidad de miles de personas gestantes. Tal como muestran los registros oficiales, desde el retorno a la democracia hasta 2016, alrededor de 3040 mujeres murieron por aborto en Argentina. Esto representa un 30% del total de fallecimiento de mujeres gestantes en este periodo. En la mayoría de los años, esta fue la principal causa individual de muerte materna en nuestro país.
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Foto: Nadia Díaz
2- La desigualdad
A pesar de la negación de quienes se oponen a la ley, el aborto forma parte de una realidad cotidiana. De acuerdo a las últimos datos oficiales – difundidos en el debate parlamentario por el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein – en Argentina se realizan aproximadamente 354.627 abortos por año, lo que implica 41 procedimientos por hora. En el escenario actual, se producen 70.200 internaciones anuales, producto de las complicaciones surgidas por interrupciones inseguras, y alrededor de 37 muertes. Como ya mencionamos en La Primera Piedra, estos números son estimativos, puesto que la clandestinidad no permite dar cuenta de un registro exacto.
Mientras que muchas tienen el dinero suficiente para acceder a una práctica segura en la clandestinidad, son las personas gestantes con menores recursos las que sufren la falta de políticas públicas.
Mientras que muchas tienen el dinero suficiente para acceder a una práctica segura en la clandestinidad, son las personas gestantes con menores recursos las que sufren la falta de políticas públicas. Se ven confinadas al silencio, en muchos casos sin tener información, ni nadie a quien recurrir. Para ellas la salida es una clínica sin las condiciones de higiene básicas, una aguja de tejer, un tallo vegetal. Morir desangrada o terminar en el hospital con la posibilidad de ser criminalizada por el sistema médico. La inexistencia de una ley que permita acceder a un aborto en el sistema pública de salud las condena y pone en riesgo su vida.
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Foto: Nadia Díaz
3 – El negocio clandestino
No hay dudas de que los únicos beneficiados de la falta de políticas públicas son quienes forman parte de la red clandestina que lucra con el cuerpo de las personas gestantes. Tal como informa una investigación de la organización Economía Femini(s)ta, un aborto quirúrgico en una clínica clandestina sale entre 8 mil y 15 mil pesos, e incluso puede llegar a ascender hasta los 50 mil, dependiendo del grado de evolución embarazo. Esto se discutió en los debates parlamentarios, donde muchos expositores hicieron referencia también a la doble moral de trabajadores de la salud que dicen estar en contra del aborto pero proporcionan las prácticas mediante contraprestación monetaria.
No hay dudas de que los únicos beneficiados de la falta de políticas públicas son quienes forman parte de la red clandestina que lucra con el cuerpo de las personas gestantes.
El acceso al misoprostol, el método más recomendado por la Organización Mundial de la Salud, también se encuentra obstaculizado por este negocio. En Argentina es comercializado bajo el nombre de Oxaprost exclusivamente por Laboratorios Beta, empresa que aprovecha su monopolio para establecer precios exorbitantes. Actualmente, las 16 pastillas necesarias cuestan alrededor de 3400 pesos. La proporción del precio en relación al salario mínimo aumentó de un 12 por ciento en 2012 a más de un 30 por ciento en 2018. En el mercado negro, los precios del medicamento son aún más caros e incluso es común que circulen réplicas falsas del mismo.
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Foto: Nadia Díaz
4 – La criminalización
La ilegalidad deja desprotegidas a miles de mujeres y personas gestantes en un contexto en el que, desde muchos sectores, se continúa insistiendo en que el aborto es un «crimen» que debe ser penado. Así, esta postura avala la criminalización y persecución, incluso en aquellos casos en los que la interrupción del embarazo está contemplada en el Código Penal. No son pocas las situaciones en las que el sistema médico se ha negado a practicar abortos legales, lo que va en contra de los protocolos establecidos por la Corte Suprema de Justicia desde el año 2012. De hecho, quienes los solicitan son muchas veces víctimas de maltratos y de intentos disuasorios por quienes deberían proveer un derecho que en realidad ya debería estar plenamente garantizado.
La ilegalidad deja desprotegidas a miles de mujeres y personas gestantes en un contexto en el que, desde muchos sectores, se continúa insistiendo en que el aborto es un «crimen» que debe ser penado.
Lo cierto es que falta de un marco regulatorio junto al estigma que persiste a nivel social y estatal, no solo alimentan el circuito clandestino, sino que también reproducen la violencia institucional sobre las mujeres. Son numerosos los casos de quienes son condenadas al asistir a centros de salud porque peligra su vida como consecuencia de un aborto clandestino: se tratan en su mayoría de mujeres de bajos recursos, demostrándose así la selectividad y estigmatización como parte de prácticas sistemáticas. Así, la criminalización de las más pobres infunde el miedo y actúa como un mensaje disciplinador en contra del derecho a decidir sobre el propio cuerpo.
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Foto: Nadia Díaz
5 – La libertad de decisión
Con la legalización del aborto, lo que está en juego es un cambio profundo en el orden establecido por la cultura machista. Se trata de una política pública que le brinde a las mujeres y personas gestantes autonomía, y que rompa con la idea de una maternidad obligatoria que debe aceptarse abengadamente. Este es el núcleo fundamental de la resistencia a la ley: la posibilidad de desplazar los mandatos patriarcales que anulan la voluntad de la mujer y la subordinan a un rol que se encontraría «destinada» a cumplir. Es también la posibilidad de finalmente reclamar soberanía sobre el propio cuerpo, concebido históricamente como un objeto sobre el que nunca se tuvo verdadero poder.
Con la legalización del aborto, lo que está en juego es un cambio profundo en el orden establecido por la cultura machista. Se trata de una política pública que le brinde a las mujeres y personas gestantes autonomía, y que rompa con la idea de una maternidad obligatoria que debe aceptarse abengadamente
De esta forma, entran en disputa los sentidos alrededor de los derechos reproductivos y de la sexualidad, tradicionalmente unida para las mujeres a los fines reproductivos. Quebrar con este status quo, fervientemente impulsado por el conservadurismo y la Iglesia católica, es poder decidir sobre el rumbo de la vida, y apropiarse del deseo y del placer, que aún hoy continúa siendo condenado, siendo el embarazo una contrapartida obligada.
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Foto: Nadia Díaz
6 – El acceso a la salud sexual y reproductiva
Tal como lo recomiendan numerosos organismos internacionales, legalizar el aborto es un paso necesario para mejorar las condiciones de salud sexual y reproductiva de las personas gestantes. Permitiría reducir las muertes maternas por procedimientos inseguros y eliminar los riesgos a los que se ven sometidas en el contexto de clandestinidad. De lo contrario, el Estado estaría permitiendo que continúen muriendo desangradas mientras un negocio paralelo se enriquece, ignorando una realidad que atraviesa el país. Un informe recientemente publicado por Amnistía Internacional sobre los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes registra que, en 2017, hubo en Argentina un total de 72.791 embarazos no deseados, lo cual representa una tasa de 41,9 cada mil mujeres de entre 15 y 19 años.
Tal como lo recomiendan numerosos organismos internacionales, legalizar el aborto es un paso necesario para mejorar las condiciones de salud sexual y reproductiva de las personas gestantes. Permitiría reducir las muertes maternas por procedimientos inseguros y eliminar los riesgos a los que se ven sometidas en el contexto de clandestinidad.
El documento también muestra que el 30% de las jóvenes que abandonó el secundario lo hizo por embarazo o maternidad. Además, un 67% de las niñas y adolescentes que no estudia, no trabaja, ni busca trabajo, se encuentra cuidando niños en sus hogares, lo que implica que la mayor inactividad laboral se encuentra así fuertemente vinculada con la demanda de las tareas de cuidado en el hogar, que recaen mayoritariamente en las mujeres. Entre los principales factores asociados a los embarazos en mujeres menores de 15 años, el informe destaca la pobreza, la exclusión/abandono escolar, la violencia sexual, la falta de educación sexual a edades tempranas, la ausencia de servicios de salud accesibles y la falta de acceso al aborto legal.
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