Hoy comienza la tercera semana de medidas de fuerza en las 57 universidades nacionales del país. Reclaman por un ajuste en las paritarias que fijan sus condiciones salariales y un aumento en el presupuesto educativo para el 2019. Desde noviembre del 2017, los docentes solo han recibido un 5% de aumento salarial, frente a un incremento en la inflación que se proyecta en más del 30% para este año. El gobierno de Mauricio Macri, integrado principalmente por egresados de universidades privadas, no parece tener a la universidad pública entre su agenda de prioridades.
Comienza el sexto día consecutivo sin clases en las universidades nacionales de todo el país. El reclamo docente, apoyado por el cuerpo estudiantil, se sostiene más allá de la negligencia del gobierno: en la negociación llevada a cabo la semana pasada, insistió con una propuesta de aumento salarial del 15% para el año 2018, a cobrar en 3 cuotas. En un contexto donde se estima que la inflación se acercará al 30% de aumento anual, las condiciones planteadas por el ministerio de Alejandro Finocchiaro parecen desestimar la importancia de invertir en la educación superior pública y gratuita del país. Hasta el momento, los docentes universitarios solo han cobrado un 5% de aumento desde noviembre del 2017.
El reclamo docente, apoyado por el cuerpo estudiantil, se sostiene más allá de la negligencia del gobierno: en la negociación llevada a cabo la semana pasada insistió con una propuesta de aumento salarial del 15% para el año 2018, a cobrar en 3 cuotas.
La postura intransigente del gobierno ha impedido que se inicien las clases del segundo cuatrimestre en las universidades y a partir de esta semana repercutirá también en las escuelas secundarias preuniversitarias, que también adherirán a las medidas de fuerza. Los gremios docentes convocan a la realización de clases públicas, intervenciones callejeras y abrazos simbólicos a los edificios educativos para visibilizar un reclamo que hasta ahora parece silencioso. Aunque la educación pública es una prioridad para los discursos de campaña y para los comunicadores de los medios hegemónicos al hablar de las necesidades del país, las pésimas condiciones que ofrece el gobierno para los docentes no parecen formar parte de la agenda mediática.
📢 ¿Querés apoyar el periodismo independiente? Te invitamos a formar parte de #TribuLPP y acceder a descuentos y sorteos exclusivos ➡ Hacete socix acá
El estado le debe 13 mil millones de pesos a las universidades públicas. 57 universidades están de paro. El último aumento a los docentes fue el año pasado y un miserable 5%. Es una vergüenza que no se invierta en la educación. SIN UNIVERSIDAD PÚBLICA NO HAY FUTURO
— 💚 (@StarkeyFlor) 17 de agosto de 2018
El jueves 30 de agosto se realizará la Marcha Universitaria Nacional para pedir por mejoras salariales para los docentes y un aumento en el presupuesto educativo que permita la inversión en educación pública a futuro. Los gremios exigen un 30% de aumento salarial para el año 2018, que permita a los docentes mantener su nivel de ingresos por sobre los aumentos de la inflación y la corrida cambiaria. También reclaman que se respete el monto presupuestado para la educación superior y que se amplíe para el año próximo, junto con el presupuesto de Ciencia y Tecnología.
El jueves 30 de agosto se realizará la Marcha Universitaria Nacional para pedir por mejoras salariales para los docentes y un aumento en el presupuesto educativo que permita la inversión en educación pública a futuro.
Por primera vez en la historia argentina, el presidente de la Nación (al igual que la mayoría de su gabinete) no pasó por las aulas de la universidad pública y no conoce el valor del sistema por dentro. En el contexto del ajuste impulsado por el Fondo Monetario Internacional, la educación corre el riesgo de caer fuera de las prioridades del partido gobernante al negociar las partidas presupuestarias para el 2019. En el presupuesto del año actual, ya se ha perdido un amplio margen del dinero destinado a este sector debido a la inflación y a la pérdida de valor del peso. En ese contexto, casi un 90% del presupuesto va destinado a pagar salarios del cuerpo docente y no docente, dejando un mínimo margen para la inversión en infraestructura o en investigación y desarrollo.
El trabajo de la universidad pública no se reduce al contenido de las clases dictadas, sino que funciona como motor de progreso e impulso para el futuro desarrollo de la Nación, abriendo las puertas del conocimiento a amplios sectores de la sociedad. La educación pública no debe ser limitada por motivos presupuestarios, reduciendo el salario real de los docentes y evitando la inversión en infraestructura para financiar la deuda externa y el ajuste de otros sectores. La lucha de los docentes y alumnos universitarios es la única solución para impedir esta salida.
