Hoy, se cumple un año sin Santiago Maldonado. Desde el 1 de agosto de 2017, que el joven desapareció tras la represión ilegal de Gendarmería en un contexto de protesta social, se confirmaron algunas certezas y se mantienen muchas dudas. Su cuerpo, hallado muerto 77 días después, señala responsabilidades pero también silencios. ¿Por qué el Estado es responsable?
Tras contar día tras día su ausencia, el 17 de octubre se encontró el cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut y tres días después se pudo confirmar su muerte. Un hecho que paralizó al país por casi tres meses y puso en el podio de responsables a los agentes de la fuerza federal, los funcionarios estatales y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sin embargo, a pesar del silencio mediático y oficial, el hallazgo del cuerpo formuló más preguntas que certezas y el interrogante principal persiste a pesar del tiempo: ¿Qué pasó con Santiago Maldonado?
(Leer nota: “El estado actual de la causa de Santiago Maldonado es la total impunidad”)
Hoy, se cumple un año del último día que se lo vio con vida. En todo este tiempo, el reclamo de justicia se mantuvo por parte de su familia, organismos de derechos humanos y diferentes organizaciones sociales y políticas que apuntan contra la responsabilidad de un Estado que primero reprimió y, luego, ocultó información, y un gobierno que, a través de sus funcionarios, deslegitimó el reclamo por su desaparición y sembró información falsa sobre su paradero y estilo de vida. Por estas razones, el Estado y el Gobierno nacional son responsables de su desaparición y muerte.
La criminalización mapuche como política estatal
Santiago Maldonado aquel 1 de agosto se encontraba en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, solidarizado con la causa que pelea por recuperar sus tierras ancestrales y por la libertad del Lonko Facundo Jones Huala. Esa misma comunidad sufría la persecución y el hostigamiento de las fuerzas estatales desde el proceso de recuperación de los territorios comenzado en 2015, con un antecedente brutal de un operativo represivo en enero de 2017.
Mauricio Rojas, abogado querellante en la causa de Santiago Maldonado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), señala a La Primera Piedra: «Desde APDH decimos que hay que analizar todo el contexto en el cual hacen la irrupción del 1 de agosto porque se dieron hechos anteriores que hacen suponer que ese operativo no fue aislado ni casual sino que responde a la criminalización desatada contra los mapuches, donde la muerte de Santiago se da como resultado de una escalada de violencia».
A su vez, los integrantes de la comunidad mapuche fueron estigmatizados y criminalizados por funcionarios estatales antes y después de su desaparición: generaron teorías que fueron alimentadas por los medios de comunicación de la mano del Gobierno nacional para construir un enemigo interno que permitiría justificar la represión desatada contra los pueblos indígenas. Represión de la cual Santiago Maldonado fue víctima.
Un Estado históricamente represivo
El Estado argentino nunca dejó de reprimir tras la dictadura cívico-militar. A 41 años, nunca hubo una ruptura con un aparato represivo que sigue manteniendo las mismas modalidades -persecución, desaparición, tortura y muerte. Con la llegada de la democracia en 1983, la represión se reconfiguró: ya no se dirigía necesariamente a los militantes políticos u obreros organizados, sino que los sectores más vulnerables fueron el objetivo predilecto de una represión estatal que se fue volviendo cada vez más sistemática y cotidiana, pero también silenciosa.
A su vez, la represión también se hizo presente en democracia para desmovilizar, criminalizar y matar la protesta social. Sin embargo, el gobierno actual reivindica en discursos y decisiones el accionar de su aparato represivo. Lejos de las excusas que exponían gobiernos anteriores como los “desbordes”, “excesos”, o la “autonomía relativa” de las fuerzas represivas, distintos funcionarios de alto rango salieron a respaldar y alentar en diferentes ocasiones el rol represivo y asesino que mantienen las fuerzas de seguridad.
Desde diciembre de 2015 al mismo mes del año 2017, hubo 235 hechos represivos en todo el país, según el último informe presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). En uno de estos hechos, el resultado fue la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Antes de este operativo que desembocó en un nuevo episodio represivo el 1 de agosto de 2017, Santiago Maldonado estaba vivo.
Foto: tiempodelsurnoticias
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El operativo represivo fue ilegal
El operativo desplegado al interior de la comunidad Pu lof en Cushamen, luego de despejar la ruta, el 1 de agosto nunca contó con la orden del juez para cometer el allanamiento en el cual desaparece Santiago Maldonado. Sin embargo, desde el gobierno se escudan en la figura de la «flagrancia» que se trata de una excepción que establece el Código Procesal Penal bajo determinadas circunstancias para actuar sin la orden de un juez. «No hay ningún sustento que permita acreditar la flagrancia», aclara Mauricio Rojas, abogado de la APDH, a La Primera Piedra, y agrega: «Para que haya flagrancia tiene que establecerse dos requisitos: la inmediatez y la urgencia. Esto no existe en el operativo desplegado».
«Si hay inmediatez no pueden actuar 24 horas después de la comisión del delito, como lo hicieron, ya que Gendarmería había iniciado el operativo en la ruta el 31 de julio y el 1 de agosto a las tres de la mañana ya había sido despejada, por lo tanto, no hay ningún elemento que pueda sostener la inmediatez del delito para que puedan proceder bajo flagrancia. A su vez, la urgencia no era tal dado de que eso solo se da cuando no se cuenta con un juez para que de una orden y evitar una posible fuga pero ellos estaban desde el día anterior bajo la supervisión de un juez federal», asegura Rojas.
«El mismo Ministerio de Seguridad, días antes, públicamente alentaba a la utilización de esta figura. Claramente, el discurso hacia abajo era que se utilizarían estos resquicios del Código Procesal Penal para poder actuar sin orden judicial». La figura de flagrancia es una herramienta que encuentran las fuerzas y funcionarios estatales para justificar la represión en cualquier momento y contexto. «Hay un montón de elementos que hacen suponer que esta flagrancia no fue tal, sino que fue un ardid planteado a los efectos de justificar la represión ilegal: el 31 de julio, Pablo Noceti en una reunión con el comando Patagónico Sur empieza a plantear que se iban a realizar operativos con la comunidad mapuche; el 1 de agosto a las 9 de la mañana, horas antes de la represión, Gendarmería hace un seguimiento controlado de un auto que sale de la Pu Lof, con el agravante de que allí también participa Noceti. Todo el procedimiento deviene en ilegal y el resultado fue la muerte de Santiago», sentencia el abogado del organismo de derechos humanos.
La estigmatización al reclamo por justicia y el ocultamiento oficial
Desde el Gobierno, pero también de muchos medios de comunicación, se empecinaron en desconocer y deslegitimar el reclamo cada vez más fuerte por conocer dónde estaba, primero, y qué pasó con Santiago, después. Así, mientras el eje debía estar puesto sobre la responsabilidad estatal y la investigación sobre la principal hipótesis que apuntaba a la fuerza federal, las mentiras sobre el joven pero también sobre su familia circularon cada vez con mayor virulencia, «olvidando» que lo más importante era encontrarlo y con vida.
El Gobierno nacional, con Patricia Bullrich a la cabeza, se encargó de desviar la información, desconocer la desaparición y exponer mentiras sobre la vida de Santiago Maldonado. El 16 de agosto ante la Comisión de Seguridad del Senado, la ministra eludió la responsabilidad de la fuerza a su cargo, acusó a la familia del joven e intento instalar hipótesis falsas sobre la causa, y así hasta la fecha.
Además del Ejecutivo, el Poder Judicial entorpeció pruebas que podían facilitar información sobre su paradero y sobre su muerte. A su vez, se desconocieron los reclamos de la familia por una investigación realmente independiente: «Hemos solicitado que se conforme un grupo de expertos independientes pero hasta la fecha no se ha iniciado», comentó Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado, a La Primera Piedra.
Se ocultó material audiovisual del operativo represivo que culmina con la desaparición de Santiago Maldonado, aún falta la información precisa sobre el accionar de la fuerza estatal en el operativo del 1 de agosto y se introdujeron pistas falsas en el expendiente de la causa. Por este ocultamiento también es que la causa está caratulada como desaparición forzada y agrava la responsabilidad estatal en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
