Daniel Solano desapareció en noviembre del año 2011. A la salida de un boliche, recibió una brutal golpiza y su cuerpo fue desaparecido para ocultar el homicidio. Siete policías fueron imputados y, ayer, condenados a perpetua por estar comprobada su participación en la desaparición y muerte del joven. Un hecho más que demuestra el rol represivo que siguen cumpliendo las fuerzas de «seguridad» y que revela la represión que persiste en democracia.
Daniel Solano marca con su nombre la ausencia. La desaparición forzada en democracia, una práctica que no culminó con el fin de la dictadura cívico-militar y que persiste en toda las instituciones que forman parte del aparato represivo en democracia, se repite gobierno tras gobierno. La desaparición de un cuerpo es una de las herramienta que encuentran los agentes estatales para encubrir un crimen y garantizar la impunidad.
Daniel Solano desapareció el 5 de noviembre del año 2011 en Río Negro. Ese mismo año había llegado desde Tartagal, Salta, a Choele Choel, la ciudad ubicada en el departamento de Avellaneda de la provincia, para trabajar. Solano trabajaba en Agrocosecha, una empresa subsidiaria de multinacional Exprofrut en la que terceriza la producción y la contratación de mano de obra. Los trabajadores de esta empresa son principalmente captados en el norte argentino entre comunidades de pueblos originarios, una forma de reducir costos y asegurar tener mano de obra sin reclamos laborales.
Sin embargo, Daniel Solano peleó por los derechos de los trabajadores denominados «golondrinas» y antes de ser secuestrado y asesinado preparaba un reclamo junto a sus compañeros. Aún hoy, casi siete años después de la última vez que se lo vio con vida, su cuerpo continúa desaparecido. La complicidad entre los empresarios, funcionarios judiciales y los agentes de la institución policial forman un entramado siniestro de ocultamiento y silencio sobre la desaparición forzada y asesinato de Daniel Solano. Una complicidad cotidiana en los casos que apuntan a la responsabilidad represiva del Estado.
El 5 de noviembre de 2011 fue visto por última vez a la salida del boliche Macuba de Choele Choel. Mediante la lucha de su familia y organizaciones, principalmente de Gualberto Solano, su padre, que murió en este 2018 a la espera del juicio, se logró probar el homicidio e imputar a los policías responsables de la muerte y la desaparición forzada.
En el proceso judicial que se llevó adelante durante este año, la Cámara Segunda en lo Criminal de General Roca resolvió por una unanimidad condenar a prisión perpetua a los siete polícias imputados por la muerte de Daniel Solano por “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones como miembros de una fuerza de seguridad”. Esta condena se produjo, a pesar de que el cuerpo nunca apareció, gracias a los testigos que pudieron contar lo que vieron.
El crimen de Daniel Solano producto de una brutal golpiza y su desaparición forzada, a modo de disciplinamiento para los compañeros trabajadores, demuestra la vigencia de la represión en democracia y la permanencia de la complicidad entre empresarios y agentes estatales para avanzar sobre los sectores obreros. Daniel Solano es parte de los más de 200 desaparecidos por fuerzas estatales desde el retorno de la democracia en 1983, en este sentido, esta condena es ejemplar para lograr tan solo un poco de justicia ante tanta impunidad.
