Desde el rechazo del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo el pasado 8 de agosto, se conocieron al menos tres casos de mujeres que ingresaron a hospitales por abortos inseguros. Dos de ellas murieron por infecciones. A la falta de políticas estatales se suman la criminalización y la desidia de un sistema que continúa dando la espalda a quienes tienen menos recursos y que, como se dejó en claro en el debate, es una realidad permanente. Sin embargo, algo cambió luego de estos últimos meses. (Fotos: Nadia Díaz)
“Si la ley no se vota, voy a estar más aliviada”, declaró la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, antes de la sesión del 8 de agosto. La vicepresidenta, Gabriela Michetti, incluso festejó después de la votación que rechazó un proyecto esencial para la salud pública, resultado de un arduo trabajo y un extenso debate parlamentario. Celebraron la decisión de cuarenta senadores que se negaron a ver una realidad que continúa cobrándose la vida de miles de mujeres sin recursos para atravesar las barreras impuestas por la clandestinidad. La diferencia es que, ahora, la sociedad está movilizada y que se rompió un silencio al que ya no se va a volver.
Celebraron la decisión de cuarenta senadores que se negaron a ver una realidad que continúa cobrándose la vida de miles de mujeres sin recursos para atravesar las barreras impuestas por la clandestinidad. La diferencia es que, ahora, la sociedad está movilizada y que se rompió un silencio al que ya no se va a volver.
En menos de dos semanas se conocieron al menos dos muertes por aborto clandestino: Elizabeth, de 34 años y Romina, de 30, ambas de la provincia de Buenos Aires. Hace unos días, una joven de 21 ingresó a la Maternidad Provincial de Córdoba con el útero perforado producto de una interrupción realizada con una sonda. La habían derivado de la Maternidad Nacional con un remís y lograron salvarla solo luego de una histerectomía. Antes de la votación en la Cámara de Senadores, el 5 de agosto, Liliana Herrera, de 22 años, murió en el Hospital Regional de Santiago del Estero, donde tardaron una noche en atenderla mientras desarrollaba un cuadro séptico.
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Foto: Nadia Díaz
Estos casos están cruzados por la clandestinidad, pero también por la certeza de que se está atravesando un camino irreversible. Nunca antes las muertes por abortos inseguros habían tenido un espacio en los principales medios de comunicación, ni habían generado tanta movilización en la sociedad. Hasta hace no poco tiempo atrás, los rostros y los nombres de estas mujeres eran invisibles, subsumidos en estadísticas concretas pero de las que se siguen desconfiando, a pesar de los numerosos estudios y exposiciones presentados con rigurosidad durante cuatro meses en el Congreso. De la misma manera que las distintas formas de violencia de género fueron tomando cada vez más lugar en el discurso público, el aborto clandestino como femicidio estatal se hizo presente en la agenda mediática.
La visibilización de estas muertes puso en evidencia la necesidad de la ley a la que los legisladores le dieron la espalda con argumentos vacíos, la hipocresía de una clase política que dice defender la vida, pero que con su voto no hizo otra cosa que seguir poniéndola en peligro.
La visibilización de estas muertes puso en evidencia la necesidad de la ley a la que los legisladores le dieron la espalda con argumentos vacíos, la hipocresía de una clase política que dice defender la vida, pero que con su voto no hizo otra cosa que seguir poniéndola en peligro. Y es que además se corre el riesgo de que los discursos contrarios al aborto que circularon durante el último tiempo profundicen la criminalización y el miedo al estigma. “Que los senadores hayan elegido la clandestinidad hace que las personas le teman a los sistemas de salud y que ni siquiera accedan al misoprostol. El Estado expulsó a las personas del sistema de salud y habilitó estas prácticas nefastas que nos preocupan mucho. Retrocedimos un montón en el tiempo”, afirmó para Página/12 Ana Paula Fagioli, médica de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
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«Al miedo a la cárcel y a una posible condena social se suma la persecución de los grupos antiaborto y un retroceso en el cumplimiento de derechos adquiridos: muchos médicos que garantizaban el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo ahora sienten que tienen el aval estatal para negarse», dijo para Cosecha Roja Ornella Tinnirello, integrante de La Hoguera, un espacio de consejerías feministas en salud sexual integral y violencias. Así, el temor a recurrir al sistema de salud, alimentado por la sentencia conservadora y religiosa, es lo que termina de cerrar la sentencia de muerte para quienes sufren las consecuencias de la clandestinidad. Pero incluso quienes llegan al hospital para controlar una infección no reciben la atención que necesitan a tiempo y son víctimas también de instituciones que ocultan la información.
Foto: Nadia Díaz
Ese fue el caso de Romina, que llegó al Hospital Sanguinetti, en Pilar, con un aborto incompleto el 8 de agosto. Si bien parecía haberse estabilizado después de que le practicaran un legrado, tres días después se descompensó por una infección que comenzó en los pulmones y se convirtió en un shock séptico. De acuerdo a lo relatado por sus familiares a Página/12, Romina se había quejado desde un principio por un dolor en el pecho al que ningún médico le prestó atención. De hecho, le habían dicho que le darían el alta, horas antes de terminar en terapia intensiva. Cuando murió, los médicos no dieron detalles y le negaron a la familia la historia clínica. No se preocuparon hasta que la historia se filtró en los medios: ahora piden exhumar el cuerpo de Romina para una autopsia.
En la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 16.137 egresos hospitalarios por aborto, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Salud de la Nación. En 2017, se registraron además 7.200 egresos por abortos legales.
Como Romina, Elizabeth también vivía en la provincia de Buenos Aires, en José León Suárez. Murió de una infección generalizada el 14 de agosto, por una infección generalizada resultado de un aborto con un tallo de perejil, una de las prácticas inseguras más antiguas. En la provincia que gobierna Vidal hay alrededor de 16.137 egresos hospitalarios por aborto, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Salud de la Nación. En 2017, se registraron además 7.200 egresos por abortos legales. Sin embargo, el modelo de reducción de riesgos garantizado por el protocolo para todo el territorio bonaerense fue obstaculizado por Vidal en 2016.
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La clandestinidad continúa negociando con el cuerpo de las personas gestantes en un contexto de desigualdad que podría haber empezado a cambiarse con la aprobación del proyecto en el Senado. Los casos se siguen sumando y, como sucedió siempre, demuestran que todo lo que se dijo en el debate en un intento de desprestigiar la ley no son más que omisiones y falsedades: las pobres mueren desangradas sin políticas estatales que las ampare. Pero ahora eso ya no pasará desapercibido, sus nombres se sumarán a la bandera de lucha. Hasta que sea ley.
