El reclamo masivo por el aborto legal permitió visibilizar la existencia de uno de los métodos más seguros pero hasta hace poco tiempo desconocidos por muchas personas: el misoprostol. Su demanda, en el centro del debate, llevó a que se autorizara su producción y a que se conociera el trabajo de un laboratorio santafesino que está trabajando en el primer lote público. No es la primera vez que la provincia de Santa Fe está al frente de políticas esenciales para la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas gestantes. (Foto: Nadia Díaz)
Desde que comenzó el debate por el aborto, la producción pública de misoprostol estuvo en el centro de los reclamos. Esta pastilla, originalmente fabricada para uso gástrico, tuvo sus primeras aplicaciones ginecológicas en la década del ‘80, cuando en Brasil las mujeres de sectores populares comenzaron a buscar métodos más seguros para interrumpir un embarazo. Los conocimientos para resistir al contexto de clandestinidad se transmitieron entre generaciones y a lo largo de toda Latinoamérica: en Argentina, el medicamento estuvo disponible a partir de los ‘90 antes de ser retirado del mercado y reintroducirse luego de casi diez años.
En las regiones más restrictivas, el misoprostol se convirtió en uno de los saberes claves en las redes de contención, que a pesar de los obstáculos se forjaron para socializar información confiable, haciéndose un lugar entre el vacío y la desidia estatal.
Hoy el misoprostol es recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los métodos más seguros para realizar un aborto. En los países en donde se encuentra legalizado, permitió bajar los costos de internación y anestesia, ya que implica una práctica ambulatoria, en un momento y lugar de libre elección – siendo también necesario un control posterior mediante ecografía -. En las regiones más restrictivas, esta pastilla se convirtió en uno de los saberes claves en las redes de contención, que a pesar de los obstáculos se forjaron para socializar información confiable, haciéndose un lugar entre el vacío y la desidia estatal. Sin embargo, para muchas personas su existencia continuó siendo una incógnita, al menos hasta hace unos meses.
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Foto: Nadia Díaz
Gracias a la irrupción del aborto en la escena pública, el misoprostol dejó de ser un secreto: se difundió en la pantalla de televisión y en las conversaciones personales, así como también en múltiples exposiciones parlamentarias, que dieron cuenta de su necesidad y desmintieron falsedades sobre las intervenciones. En pocos tiempo pasó de ser una palabra desconocida a estar en el centro del debate, para luego convertirse en objeto de una decisión histórica. El pasado 2 de julio, la Autoridad Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) autorizó al Laboratorio Domínguez, una empresa nacional con más de cien años de trayectoria radicada en Buenos Aires, a producirlo para fines gineco-obstétricos, aunque, por el momento, exclusivamente para uso hospitalario y no en farmacias, a menos que sea bajo receta archivada.
Gracias a la irrupción del aborto en la escena pública, el misoprostol dejó de ser un secreto: se difundió en la pantalla de televisión y en las conversaciones personales, así como también en múltiples exposiciones parlamentarias, que dieron cuenta de su necesidad y desmintieron falsedades sobre las intervenciones.
La resolución de la Anmat representó un paso fundamental reclamado por organizaciones civiles desde el 2016 para romper con el monopolio de Laboratorios Beta, que se aprovecha de su posición en el mercado para fijar precios irrisorios e inaccesibles: hoy 16 pastillas de misoprostol cuestan alrededor de 3500 pesos. Además, esta presentación en el mercado, comercializada como Oxaprost, viene mezclada con diclofenac que debe separarse de la pastilla al ingerir la dosis necesaria para practicar un aborto. La versión de Domínguez no contará con otras drogas, tendrá una concentración de 200 microgramos – los necesarios para la interrupción del embarazo- y vendrá con 4, 8, 20, 48 y hasta 100 comprimidos. De acuerdo a lo informado por la directora técnica del Laboratorio, estiman que puedan producir el medicamento antes de fin de año para presentarse en las licitaciones del Ministerio de Salud.
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Foto: Nadia Díaz
Misoprostol estatal
La visibilización del misoprostol permitió levantar barreras y dar impulso a propuestas que vienen gestándose desde hace años. En Santa Fe, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) trabaja en la fabricación del medicamento desde el año 2013. A principios de 2017, el Ministerio de Salud provincial ordenó empezar con la producción y, en enero de 2018, se logró el primer lote: 100 mil comprimidos de 200 microgramos en blisters de cuatro. Una vez que pase por las pruebas de estabilidad, el misoprostol producido por el LIF estará en condiciones de ser aprobado por la Anmat, y de ser vendido al Ministerio de Salud de la Nación así como también al resto de las provincias. Según los cálculos podría llegar a los centros de salud santafesinos en el próximo mes de marzo.
El LIF se convertirá así en el primer laboratorio público en fabricar el medicamento y Santa Fe en la primera provincia que deje de depender del precio del mercado, con una producción de entre 10 y 15 mil pastillas mensuales
El LIF se convertirá así en el primer laboratorio público en fabricar el medicamento y Santa Fe en la primera provincia que deje de depender del precio del mercado, con una producción de entre 10 y 15 mil pastillas mensuales. A diferencia de las pastillas generadas por Laboratorios Domínguez, que son de uso vaginal, estas se administrarán de forma oral. Tal como se informa en revista Anfibia, el primer lote le costó al estado menos del 10 por ciento que el producto comercial, con un valor de 9.30 pesos por comprimido. En toda la producción del laboratorio público, las soluciones y medicamentos del LIF cuestan entre un 20 y un 25 por ciento del precio total.
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Foto: Nadia Díaz
Rosario, modelo a seguir
Mucho antes de que la producción estatal dejara de ser un secreto, en Santa Fe ya se compraba misoprostol para distribuir de forma gratuita en los centros de salud. Fue particularmente en la ciudad de Rosario donde se implementaron los primeros cambios que la colocaron en la vanguardia en lo que a los derechos de las personas gestantes se refiere. Luego de que en 2012 el Ministerio de Salud nacional publicara el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, los concejales adaptaron en poco el tiempo el texto y el municipio autorizó la primera compra del medicamento que se distribuyó, al cabo de un año, a toda la provincia. Antes de eso, se tenían que conseguir y pagar por cuenta propia en las farmacias con una receta médica.
Desde entonces, hace ya seis años, en Rosario hay mortalidad cero por aborto. De acuerdo a las estadísticas oficiales, son entre 500 y 600 mujeres por año las que recurren al sistema de salud para acceder al aborto no punible. El 80 por ciento lo realiza de forma ambulatoria con el misoprostol.
Desde entonces, hace ya seis años, en Rosario hay mortalidad cero por aborto. De acuerdo a las estadísticas oficiales, son entre 500 y 600 mujeres por año las que recurren al sistema de salud para acceder al aborto no punible. El 80 por ciento lo realiza de forma ambulatoria con el misoprostol, mientras que el resto opta por la técnica de Aspiración de Membranas Endouterinas (AMEU), con la que la ciudad cuenta desde 2016, cuando firmó un convenio con la organización no gubernamental Ipas para contar la tecnología necesaria. Ambos procedimientos reemplazaron al raspaje, técnica que aún sigue siendo una de las más utilizadas en el país, a pesar de que la OMS la prohibió en 2002 por ser invasiva, riesgosa y compleja, al requerir internación y anestesia general.
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Antes, todas las mujeres eran hospitalizadas, muchas en peligro de muerte por abortos incompletos y realizados en contextos de clandestinidad. La clave estuvo en la a interpretación amplia del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, considerando a la causal de la salud de la mujer no solo desde lo físico, sino también desde la dimensión emocional y socio económica. De esta forma, se garantiza la atención respetuosa de todas aquellas personas que solicitan un aborto en el sistema de salud, para que ninguna recurra a prácticas clandestinas que pongan en riesgo su vida. Cada centro hospitalario cuenta con profesionales dispuestos a cumplir con el aborto no punible y, además, se asegura que quienes se encuentren registrados en listas de objetores de conciencia no obstaculicen la práctica.
Foto: Nadia Díaz
La experiencia rosarina en políticas de salud sexual y reproductiva tiene ya una larga historia. En esta ciudad fue donde se creó una red de más de 80 centros de salud que funcionan en distintos barrios, y que están distribuidos de forma tal que nadie vive a no más de 15 cuadras de alguno de estos establecimientos. En 1997, una ordenanza pionera en todo el país creó un Programa de Procreación Responsable que permitió proporcionar información sobre salud sexual y métodos anticonceptivos de distribución gratuita. En ese entonces, ninguna región del país contaba aún con legislación sobre el tema. En 2007, se sanciona el protocolo de aborto no punible, en concordancia con el publicado por el Ministerio de Salud Nacional ese mismo año y comenzando un camino de capacitación y abastecimiento de equipos.
La experiencia rosarina en políticas de salud sexual y reproductiva tiene ya una larga historia. En esta ciudad fue donde se creó una red de más de 80 centros de salud que funcionan en distintos barrios, y que están distribuidos de forma tal que nadie vive a no más de 15 cuadras de alguno de estos establecimientos.
El modelo, que tuvo sus orígenes en el Hospital Roque Sáenz Peña se replicó en otros hospitales de la ciudad y el resto de la provincia. Allí se piensa la salud de las mujeres desde los derechos humanos, garantizando atenciones como los partos respetados. No es, sin embargo, la realidad de toda la región. Fue en la ciudad de Santa Fe donde los médicos del Hospital Iturraspe dejaron morir a Ana María Acevedo al haberse negado a interrumpir su embarazo y también a tratar adecuadamente el cáncer que tenía en la mandíbula. Su caso fue paradigmático: representó un punto de quiebre que llevó a repensar la objeción de conciencia y a publicar un listado público de objetores, donde se especifican las prácticas que se niegan a realizar, que van desde abortos, ligaduras de trompas, vasectomías hasta incluso recetar la píldora del día después o recomendar preservativos.
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La masividad del reclamo por el aborto legal permitió que el caso rosarino saliera a la luz, demostrando la efectividad de un modelo de salud respetuoso en el que las mujeres y personas gestantes toman decisiones autónomas, garantizadas gracias al medicamento que, por primera vez, la provincia de Santa Fe estará en condiciones de distribuir de forma pública a todo el país. Pero también permitió visibilizar que en la mayoría de los lugares, las asimetrías de poder siguen siendo demasiado fuertes, dejando a las mujeres relegadas a las decisiones de los trabajadores y trabajadoras de la salud.
