En la provincia de Corrientes inicia el proceso judicial que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de la empresa Las Marías. Luego de diversos obstáculos para juzgar a los responsables civiles de la dictadura cívico militar, este lunes 2 de julio, comienza el debate oral en la Casa del Bicentenario de la localidad de Gobernador Virasoro. Un logro de familiares y víctimas contra la cara más evidente de la complicidad empresarial del genocidio. (Fotos: Justicia para Virasoro)
Este lunes 2 de julio arranca un juicio clave respecto al juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el genocidio en la provincia de Corrientes. En esta causa se investiga la privación ilegítima de la libertad de delegados de los sindicatos de la industria de la alimentación y de trabajadores rurales de Virasoro. El debate oral que se desarrollará en la Casa del Bicentenario de la localidad investigará, en términos formales, sólo el caso del obrero rural Marcelo Peralta de la empresa Las Marías.
El único imputado por este hecho es Héctor María Torres Queirel, quién fue el intendente de Virasoro durante el golpe cívico-militar y, desde ese entonces, dueño de la Estancia María Aleida, lugar donde se produjo la desaparición de Peralta. Torres Queirel está sindicado como partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad agravada del trabajador yerbatero.
Las Marías es un establecimiento agroindustrial ubicado en las cercanías de Gobernador Virasoro, es la principal empresa de la región que integra todo el circuito productivo de la yerba mate y es dueña de Taragüí, Unión, La Merced y La Mañanita. Como ya mencionamos anteriormente en La Primera Piedra, durante la década del 70, los trabajadores rurales e industriales de la empresa forzaron a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. Sin embargo, al iniciar la dictadura cívico-militar en 1976 se produjo el secuestro de más de una decena de obreros, todos participaban activamente en los sindicatos. Dos de ellos, Neris Victoriano Pérez y Marcelo Peralta, aún permanecen desaparecidos.
Miembros del personal directivo y jerárquico del establecimiento, entre ellos su presidente Adolfo Navajas Artaza, aportaron información y recursos logísticos y materiales a las fuerzas y motivaron las detenciones sufridas por los trabajadores. En este sentido, este hecho es uno de los tantos que señala el enseñamiento contra los sectores obreros combativos y la responsabilidad de civiles y empresarios con el proceso genocida.
El proceso judicial que juzga estos delitos llega más de 40 años después. En este sentido, tras la espera por justicia, fallecieron algunos de los obreros que fueron víctimas de las detenciones ilegales y los secuestros, y varios testigos claves. Además, los principales responsables de los secuestros y desapariciones quedarán impunes. Los oficiales Duilio Martínez y Ricardo Schweizer, quienes fueron los responsables militares, fallecieron durante el proceso. A su vez, el coronel Llamil Reston y el capitán Juan Carlos Sacco fueron apartados por razones de salud.
A pesar de la evidencia presentada en reiteradas instancias respecto a la responsabilidad empresarial de Las Marías, Navajas Artaza fue sobreseído sin ser nunca indagado. Más de 20 jueces se excusaron por su imputación hasta que Antonio Chalup ordenó su sobreseimiento en mayo del año 2008 y terminó así con la imputación que existía en contra del empresario e industrial yerbatero.
Sin embargo, este nuevo juicio de lesa humanidad que se iniciará en la provincia de Corrientes es un hecho de gran trascendencia para familiares y víctimas de la localidad de Gobernador Virasoro. Se trata del primer proceso de justicia en el pueblo respecto a los crímenes de lesa humanidad que allí se cometieron, dado que a pedido de las víctimas el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni, se constituirá en la propia localidad para tomar los testimonios de victimas, sobrevivientes y familiares.
Un nuevo proceso judicial que comienza con más de cuatro décadas de demora. A pesar de los retrocesos, la impunidad y el silencio, la lucha de los familiares afianzó un camino para juzgar a los responsables de los secuestros, desapariciones y las muertes de los trabajadores de Las Marías. Un nuevo proceso histórico para condenar la responsabilidad civil y empresaria de un genocidio que sigue impune.
