Tras la investigación que aportó pruebas sobre las irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal aún no ha asumido su responsabilidad política. En su rol de presidente del partido, es designada por ley como la principal responsable frente a denuncias de corrupción relacionadas al origen de los fondos recibidos para la campaña.
6 semanas atrás, una investigación encabezada por el periodista de El Destape, Juan Amorín, denunció que cientos de personas que figuran en los registros de financiamiento de campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires son beneficiarias de planes sociales que niegan haber aportado ese dinero. Según esta denuncia, los denominados «aportantes truchos» habrían sido afiliados al partido sin su consentimiento y su información personal habría sido utilizada para blanquear aportes millonarios de procedencia desconocida. Luego de la difusión de la investigación, surgieron otros cientos de casos que incluían a empleados públicos y dirigentes del partido que negaban haber hecho los aportes que se les atribuían.
Según esta denuncia, los denominados «aportantes truchos» habrían sido afiliados al partido sin su consentimiento y su información personal habría sido utilizada para blanquear aportes millonarios de procedencia desconocida.
Durante las primeras semanas, la denuncia se difundió principalmente a través de redes sociales, ya que los medios hegemónicos no retomaron la información con la velocidad que ameritaba una denuncia contra una líder del oficialismo: a pesar de que los fondos en cuestión fueron derivados para las campañas de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, todas las miradas se posaron inmediatamente en la gobernadora María Eugenia Vidal. Aquel personaje político construido mediáticamente alrededor de los ideales de la transparencia y la honestidad quedó en medio de un escándalo de corrupción del que no podría salir fácilmente.
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¿Quieren culpar a la contadora y desligar a Vidal? Van mal.
Siempre recuerden esto: la ley electoral dice que Vidal, como presidenta del PRO bonaerense, es responsable por los aportes truchos.
👇👇 pic.twitter.com/T3Snj9b4mk— ari lijalad (@arilijalad) 29 de julio de 2018
¿Por qué Vidal es responsable por estas denuncias? Principalmente por el rol que ocupa como presidente del partido de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Según el artículo 63 de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos promulgada en el año 2007, «el presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años» en caso que «no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos«. Según lo planteado en la ley, más allá del conocimiento o desconocimiento de la gobernadora, su responsabilidad política es la misma.
Según el artículo 63 de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos promulgada en el año 2007, «el presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económicofinanciero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años» en caso que «no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos».
Hasta el momento, Vidal ha impulsado públicamente tres medidas para demostrar que el gobierno se preocupa por el escándalo de los «aportantes truchos»: ordenar una auditoría interna sobre el financiamiento de la campaña, proponer una ley para la bancarización de los aportes y pedir la renuncia de la titular de la Contaduría General de la provincia, Fernanda Inza, quien había sido designada pocos días atrás. «Mi conducta ha estado basada a lo largo de toda mi vida en honestidad. Frente a estas denuncias de aportes falsos, he tomado decisiones concretas», afirmó la gobernadora, aunque su honestidad no alcanza para asumir su responsabilidad política.
