En el debate en la Cámara de Senadores por la legalización del aborto, vuelven a escucharse argumentos que intentan desplazar el eje central de la discusión sin bases sólidas. Uno de ellos que ya se había presentado en Diputados y cobró más fuerza durante las últimas semanas es el de los supuestos costos mayores que el Estado enfrentaría en caso de aprobarse la ley. ¿Por qué el proyecto en realidad no representa un gasto? ¿Cuál es el costo actual que el sistema de salud sobrelleva como resultado de la clandestinidad? (Foto: Nadia Díaz)
En el debate en la Cámara de Diputados se desmintieron varios argumentos reiterados por quienes se oponen a la legalización del aborto que, en las últimas semanas, volvieron a escucharse en el Senado. Uno de ellos, desmentido en profundidad hace unos días, es el del costo que representaría la ley para el Estado. Además de destacar que una inversión en salud pública en un contexto en el está en riesgo la vida de miles de personas gestantes no debería representar un gasto, investigaciones demostraron que el acceso seguro a la práctica reduciría el presupuesto. Es decir que no solo se estarían evitando muertes y complicaciones originadas en la clandestinidad, sino también, desde el punto de vista económico – que es el sostenido por muchos legisladores -, se estaría ahorrando dinero.
Además de destacar que una inversión en salud pública en un contexto en el está en riesgo la vida de miles de personas gestantes no debería representar un gasto, investigaciones demostraron que el acceso seguro a la práctica reduciría el presupuesto
Eso fue lo demostrado en los informes de la senadora de Chubut, Nancy González (FPV) y de las economistas Sonia Tarragona y Malena Monteverde, de la Asociación de Economía de la Salud, que rebatieron lo sostenido por varios legisladores, inclusive por la vicepresidenta, Gabriela Michetti que, antes del debate, intentó girar el proyecto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Esteban Bullrich. “¿Quién paga el aborto gratuito?”, pregunta en una nota escrita para el diario La Nación la senadora Miriam Boyadjian, que propuso junto a Federico Pinedo un proyecto que obliga a las mujeres a continuar con la gestación para luego asegurar la adopción. Al igual que ella otros legisladores como Alicia Terada, Alfredo De Angeli y Alfredo Olmedo expresaron públicamente la misma postura.
(Leer nota relacionada: 5 mitos en contra del derecho al aborto que se dijeron en el Congreso)
Foto: Nadia Díaz
Lo que estos argumentos no contemplan es el costo que actualmente afronta el Estado ante las internaciones que surgen de la clandestinidad que, por otro lado, continúa engrosando los bolsillos de unos pocos ante el vacío de políticas públicas. Como ya hemos mencionado en La Primera Piedra, se estima que, desde el retorno de la democracia hasta 2016, murieron al menos 3040 mujeres por abortos inseguros en Argentina. “Con el aborto legal, seguro y gratuito no sólo podrían evitarse esas muertes sino también las 47.063 hospitalizaciones por abortos incompletos o mal realizados que suceden únicamente porque la práctica es ilegal y obliga a las mujeres a realizarlo en lugares inseguros y sin acceso a la información necesaria”, dice el informe presentado por Nancy González.
(Leer nota relacionada: Aborto legal: más de 3 mil razones por las que la democracia está en deuda)
Esta investigación, elaborada con la colaboración de las médicas Analía Messina, Patricia Rosemberg y Viviana Mazur afirma que la legalización permitiría al sistema público reducir el costo de lo que actualmente destina para atender complicaciones en un 43%. Además, si el Estado produjera misoprostol – medicamento utilizado en un 70% de las interrupciones enmarcadas hoy en los casos legales – el presupuesto destinado sería un 55% menor, ya que el Ministerio de Salud paga por esta droga el mismo precio de venta que el público general. Actualmente 16 pastillas tienen un precio de $3.433, ganancias obtenidas por Laboratorios Beta, que actualmente monopoliza su producción y comercialización.
Lo que los argumentos de quienes se oponen no contemplan es el costo que actualmente afronta el Estado ante las internaciones que surgen de la clandestinidad que, por otro lado, continúa engrosando los bolsillos de unos pocos ante el vacío de políticas públicas.
“Los datos disponibles arrojan información suficiente para explicar por qué no sólo es falaz que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo puede generar problemas de solvencia para el sistema de salud pública, sino que, por el contrario, representaría un uso más justo y eficiente de los recursos”, asegura el documento. Siguiendo los datos, el Estado hoy destina apróximadamente 1077 millones de pesos anuales, que resultan de sumar los abortos no punibles y las hospitalizaciones que surgen por complicaciones de prácticas inseguras, que representan un 79% del costo total. De aprobarse la ley, se estima que estas internaciones se reducirían a un 2% y que aumentarían las interrupciones con medicación, puesto que, además de ser el método menos costoso, es el menos invasivo y el más recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
(Leer nota relacionada: ¿Qué es el misoprostol?)
Foto: Nadia Díaz
Además de considerar los abortos no punibles, las cifras del informe fueron calculadas estimando que el Estado se haría cargo de alrededor de 157.500 interrupciones voluntarias del embarazo, suponiendo que, de los abortos que se estima se realizan anualmente en Argentina, el 35% corresponde a personas gestantes sin cobertura y que, por lo tanto, recurren al sistema de salud pública. Pero, aunque se tomen en cuenta incluso mayor cantidad de interrupciones, el costo seguiría siendo menor. La investigación de Sonia Tarragona y Malena Monteverde, presentada en la tercera reunión plenaria de comisiones del Senado, registra distintos cálculos sobre la base de dos escenarios posibles: uno sobre un total de 300 mil abortos anuales, y el otro sobre 500 mil, cantidades estimadas según los estudios publicados y ya debatidos en la Cámara de Diputados.
“El ahorro para el sistema de salud, de avanzar hacia la legalización, estará entre los 3.658 y 4.394 millones de pesos por año si se registraran 300.000 abortos, y entre 6.096 y 7.323 millones de pesos si llegaran a 500.000 por año”, afirma la investigación de Tarragona y Monteverde.
“El ahorro para el sistema de salud, de avanzar hacia la legalización, estará entre los 3.658 y 4.394 millones de pesos por año si se registraran 300.000 abortos, y entre 6.096 y 7.323 millones de pesos si llegaran a 500.000 por año”, afirma el documento. “No existe ninguna posibilidad de pensar que hoy las mujeres que acceden a un aborto inseguro no se contactan con el sistema de salud. Siempre, antes o después, mintiendo o no mintiendo, revelando el origen de su problema o no haciéndolo, se contactan con el sistema”, aseguró Tarragona en su exposición. Esto no sólo incluye la atención de complicaciones, sino también controles y seguimientos anteriores o posteriores a la práctica.
(Leer nota relacionada: ¿De dónde surgen los números del aborto clandestino?)
Foto: Nadia Díaz
“Aún cuando usáramos solamente el escenario de precios mínimos para el costo de las complicaciones actuales y el de precios máximos para el aborto legal, las diferencias son al menos de dos veces y media lo que hoy estamos gastando por encima de lo que gastaríamos”, dijo la economista. Ella también se refirió a la necesidad de estatizar la producción y comercialización de misoprostol para posibilitar la reducción de costos a partir de la presencia de mayores oferentes en el mercado. “Esto permitiría aún ahorrar entre 500 y 800 millones de pesos adicionales, solamente por conseguir un medicamento a un precio menor”, afirmó. Al igual que González, mencionó el beneficio de regular el ingreso de la mifepristona, el otro medicamento que, combinado con misoprostol aumenta la efectividad del procedimiento y reduce los costos.
“Aún cuando usáramos solamente el escenario de precios mínimos para el costo de las complicaciones actuales y el de precios máximos para el aborto legal, las diferencias son al menos de dos veces y media lo que hoy estamos gastando por encima de lo que gastaríamos”, dijo la economista.
Estas investigaciones desmienten así la insistencia de quienes buscan obstaculizar la ley afirmando que representaría un costo inabordable, sin bases sólidas y sin considerar en ningún momento la situación actual, que enriquece a un negocio a costa del cuerpo de las personas gestantes. Como otros argumentos que se han presentado en las exposiciones parlamentarias, desplazan el eje de la discusión y consideran un gasto lo que en realidad es un derecho a decidir y vivir según el propio deseo, eliminando toda clase de estigma y temor a la persecución o la muerte en la clandestinidad.
