Ayer comenzaron las exposiciones en la Cámara de Senadores de cara a la votación del proyecto de ley que se realizará en el recinto el miércoles 8 de agosto. Si bien en las reuniones parlamentarias se acordó que el eje principal de la discusión será el proyecto aprobado en Diputados el pasado 14 de junio, también se incluirán en el tratamiento otras tres propuestas «alternativas». ¿Qué es lo que se busca en estos textos y por qué afectan el derecho a decidir? (Foto: Nadia Díaz)
Falta cada vez menos para un día clave en una lucha por los derechos de las mujeres y personas gestantes. Después de varios conflictos al interior de los bloques parlamentarios frente a maniobras dilatorias, ayer comenzaron formalmente las exposiciones en el Senado alrededor de la legalización del aborto. Tal como se acordó en el cronograma, las reuniones plenarias están pactadas para los próximos martes y miércoles de julio, para luego consensuar y firmar el dictamen el 1 de agosto, que se votará en recinto el día 8. La lista elaborada durante la semana pasada cuenta con un total de 56 expositores, la mayoría de los cuales ya participaron del debate en la Cámara de Diputados.
Tal como se acordó en el cronograma, las reuniones plenarias están pactadas para los próximos martes y miércoles de julio, para luego consensuar y firmar el dictamen el 1 de agosto, que se votará en recinto el día 8.
Cabe recordar que la primera jornada del 3 de julio estuvo marcada por un límite a la libertad de expresión: la reunión no fue transmitida en vivo y muchas periodistas feministas fueron excluidas del recinto, mientras que grandes medios tuvieron permitido el acceso. Por el contrario, en el debate de la Cámara de Diputados, el lugar para la prensa ya estaba asignado y se garantizó que quienes quisieran cubrir el evento pudieran visualizarlo desde una pantalla en otro salón, cosa que esta vez no sucedió.
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Foto: Nadia Díaz
De acuerdo a lo establecido en Labor Parlamentaria, el eje de la discusión es el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados el pasado 14 de junio, que tuvo como base el presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito y que es el único que aborda la despenalización y la legalización. Sin embargo, se incluyen también otras tres iniciativas individuales que fueron giradas e ingresadas a comisiones en vísperas de que el proyecto de legalización llegara a la Cámara Baja. Estos últimos fueron presentados como «alternativas» que excluyen el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y desconoce la necesidad de que el aborto forme parte de las políticas públicas.
Los otros tres proyectos que se incluyeron en el Senado fueron presentados como «alternativas» que excluyen el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y desconoce la necesidad de que el aborto forme parte de las políticas públicas.
Una de las iniciativas es la presentada por el presidente provisional del senado, Federico Pinedo (PRO), que ni siquiera propone despenalizar la interrupción del embarazo, sino modificar el artículo 88 del Código Penal, manteniendo las penas de 1 a 4 años para «la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare». La modificación de Pinedo consiste en «reducir la pena a la mujer al mínimo legal en atención a su edad, su educación, la calidad de los motivos que la determinaron a actuar, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, y las consecuencias lesivas que hubiese sufrido como consecuencia del hecho”. «No se puede convivir sin vivir. En consecuencia considero que no es aceptable la despenalización del aborto y menos aún su legalización», sentencia el senador en la fundamentación.
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Foto: Nadia Díaz
La propuesta de Pinedo va en consonancia con el proyecto que presentó junto a Miriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino), titulado “El Estado se Hace Cargo y te Acompaña”, un programa que obliga a las mujeres con un embarazo no deseado a llevar la gestación a término para luego asegurar la asegurar la adopción. «El Estado Nacional se hará cargo por sí o por intermedio de terceros del control, seguimiento y asistencia médica, sanitaria y, de ser necesario, de habitación y alimentación, de las mujeres embarazadas que decidan no asumir al momento de su nacimiento la crianza y patria potestad de sus hijos por nacer, a los fines de salvaguardar la integridad tanto de la mujer embarazada como del niño por nacer y velar por el interés superior del niño», dice el artículo 2 del texto.
La propuesta de Pinedo va en consonancia con el proyecto que presentó junto a Miriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino), titulado “El Estado se Hace Cargo y te Acompaña”, un programa que obliga a las mujeres con un embarazo no deseado a llevar la gestación a término para luego asegurar la asegurar la adopción.
Además de no reconocer el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a obligar a las personas gestantes a afrontar cambios físicos que no desea – sin mencionar impedimentos sociales y laborales -, como si se tratasen de incubadoras sin ninguna otra clase de opción, la propuesta de Pinedo y Boyadjian habla de «hijos por nacer». Incluso plantea una «campaña de concientización sobre la importancia del derecho a vivir del niño por nacer». Esto esconde un eje ampliamente mencionado en el debate en Diputados: a nivel médico, los términos correctos a utilizar son «feto» o «embrión». Por el contrario, hablar de «hijo», «niño», o «persona» es querer imponer en un proyecto de ley una construcción social inexistente para aquella persona que no elige la maternidad, y por lo tanto, plasmar una creencia individual y moral en lugar de priorizar la salud pública.
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Foto: Nadia Díaz
Por último, el senador Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino) introdujo el proyecto de «Ley especial sobre protección de la mujer con embarazo no deseado” que presenta, en sus palabras, como «una alternativa válida a la problemática derivada del tratamiento del debate sobre despenalización del aborto», que también quiere sustituir por un proceso de adopción. Según el texto, este último se realizaría «a partir que la mujer tome conocimiento de su situación de embarazo y tome la decisión libre e informada” y, en el caso de que esté casada «se requerirá la decisión libre e informada de su cónyuge». La iniciativa aplica para «menores de 13 años”, “mujeres embarazadas producto de una violación”, “adolescentes entre 13 y 16 años”, y “mujeres con embarazos no deseados”.
El senador Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino) introdujo el proyecto de «Ley especial sobre protección de la mujer con embarazo no deseado” que presenta, en sus palabras, como «una alternativa válida a la problemática derivada del tratamiento del debate sobre despenalización del aborto», que también quiere sustituir por un proceso de adopción.
«La vida es un don de Dios, que por su carácter sagrado, debe ser respetada. Desde la formación de la primera de sus células, la vida humana debe ser tratada con el respeto incondicional que se le debe a toda criatura de nuestra especie», dice la fundamentación del proyecto de Pereyra. «[…] Se está intentando imponer la libertad de la mujer como el bien jurídico protegido por sobre el resto de los bienes jurídicos que sí están establecidos en nuestras leyes, como es la vida», agrega, luego de afirmar que «el planteo que a nivel social se presenta como una dicotomía entre “Aborto legal” o “Aborto clandestino” es falaz» y que «ambos son lo mismo».
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Si hay algo que estos proyectos de ley dejaron en claro es la resistencia que existe a romper el vínculo entre las mujeres y la maternidad, que aún hoy aparece como una condición forzosa. Todo lo que ven es un cuerpo gestante, sin que importen los deseos o la libertad. A diferencia del proyecto por el aborto seguro, legal y gratuito, configuran un Estado para el que ser madre es un destino biológico e inevitable, que busca obligar a gestar y parir imponiendo una construcción moral, muy alejada de de una sociedad que contemple los derechos de las mujeres.
