El 26 de junio de 2002, el Estado desataba una represión organizada y, como resultado, asesinaba a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En medio de un contexto de fuerte desocupación, hambre generalizada y un aumento atroz de la pobreza, la resistencia popular crecía en las calles y en los barrios. Desde hace 16 años, la Masacre de Avellaneda señala a los funcionarios políticos que fueron responsables de un brutal operativo represivo y que aún deben ser juzgados. (Foto de portada: ANDigital)
En el año 2002, tras la crisis institucional, política y económica que había estallado en diciembre del 2001, el neoliberalismo seguía haciendo estragos con los sectores populares. En ese contexto, los movimientos populares crecían en diversas organizaciones sociales, de desocupados o piqueteras, para hacer frente a las políticas económicas que seguían condenando a la miseria a miles de personas. En ese camino se encontraron Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, hace 16 años en la estación de Avellaneda. Mismo lugar en el que ambos fueron asesinados impunemente por las fuerzas represivas.
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Desde aquella fecha, familiares, militantes y organizaciones populares denuncian la existencia de un plan de represión por parte del Estado que coordinó una masacre organizada y reclaman por la condena a los responsables políticos de las muertes. Una masacre ejecutada por las fuerzas de seguridad en un operativo conjunto de las Policías Federal y Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y los servicios de Inteligencia, y decidida por la cúpula del poder político de aquel momento.
La complicidad y organización del operativo represivo fue demostrada por una serie de reuniones que, durante las semanas previas a la masacre, mantuvieron miembros del gabinete con responsables de las fuerzas de seguridad, por los llamados con los servicios de inteligencia y también por las declaraciones hechas a los medios en aquellos días. Además de todo esto, desde el Estado se justificaron las muertes, se acusó a los propios manifestantes por los hechos y se negó el arsenal represivo con el que contaban los uniformados que dispararon con balas de plomo ante la multitud.
El 9 de enero de 2006 se conoció la sentencia a los responsables directos y materiales de los asesinatos: el ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta fueron condenados a prisión perpetua -sentencia que quedó firme recién 10 años después, a principios del 2016, por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que confirmó la condena del Tribunal-, los efectivos Félix Vega, Carlos Quevedo y Héctor De la Fuente recibieron cuatro años de prisión efectiva por el delito de encubrimiento agravado, el ex efectivo Lorenzo Colman fue condenado a dos años de cárcel, el ex subcomisario Gastón Sierra a tres años de prisión y el ex policía Celestino Robledo recibió una condena de diez meses.
Foto: Grupo de Arte Callejero
Sin embargo, no fue la única investigación iniciada en aquellos años. Desde finales del año 2002, a pocos meses de la Masacre, los familiares de Santillán y Kosteki exigieron indagar penalmente las responsabilidades políticas. Tras varios años de mantenerse en la etapa de instrucción, la causa fue archivada en el 2010 hasta el 2014, momento en el que los querellantes presentaron un nuevo pedido para reabrir la causa con más indicios y pruebas. En paralelo, muchos de los acusados estaban realizando campaña para ocupar diferentes cargos en el Estado a partir del año 2015.
En este proceso están acusados distintos funcionarios de aquel momento: Eduardo Duhalde, presidente de la Nación; el ex vicejefe de la SIDE, Oscar Rodríguez; el ex gobernador, Felipe Solá; ministro de Seguridad de la provincia, Luis Genoud; el ex jefe de Gabinete, Alfredo Atanasoff; Jorge Vanossi, ministro de Justicia; el ex secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández; el ex secretario de Seguridad Interior, Juan José Álvarez; Carlos Federico Ruckauf, ex gobernador de la provincia; y el ex ministro del Interior, Jorge Matzkin.
A pesar de los leves avances, aún los responsables políticos no han sido juzgados. La causa, que desde el comienzo, se encuentra en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del Juez Federal Ariel Lijo y donde, actualmente, interviene la fiscal federal María Paloma Ochoa, podría demostrar la planificación del operativo represivo que las organizaciones sostienen desde el primer momento, a pesar de que todos los sospechosos mencionados negaron su vinculación con los hechos. A 16 años de la masacre, familiares y militantes siguen exigiendo al Juez Lijo la celeridad del proceso.
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La lucha por justicia por las muertes de Kosteki y Santillán es una batalla contra la continúa impunidad del aparato represivo estatal. Además, es una pelea contra los sectores de poder y contra personajes que aún tienen una activa participación en la vida política nacional. Muchos de los que deberían enfrentar condenas siguen promoviendo su candidatura a puestos altos en un Estado que aplaude a quién mata de forma organizada.
