Facundo Jones Huala, el líder mapuche que está privado de su libertad desde el 27 de junio de 2017, se encuentra en una grave situación de salud. Desde hace más de 20 días realiza una huelga de hambre en reclamo porque no le permiten realizar una ceremonia ancestral de su comunidad dentro de la Unidad Penal en Esquel, Chubut. Mientras que su salud se agrava, el Estado le da la espalda a sus legítimos derechos. (Foto: Leandro Antiman)
¿Quién es Facundo Jones Huala?
Facundo Jones Huala descubrió su linaje mapuche a los 11 años, mientras vivía en la desigual ciudad de Bariloche, al igual que todas las grandes ciudades del país. Su padre, nació y vivió en Cushamen, lugar cercano a la localidad de Esquel, en Chubut, como ya manifestamos en La Primera Piedra. Territorio que fue comprado por Benetton, la empresa extranjera que extendió sus dominios allí, ocasionando la expulsión de los pobladores originarios de esas tierras.
Desde marzo de 2015 que Facundo Jones Huala, ya renombrado como Lonko -líder o referente- mapuche, y su comunidad sufren la persecusión y las amenazas por parte de las fuerzas de seguridad de la zona, y también las constantes detenciones. Es que desde aquel momento se inició un proceso de recuperación de algunas de las tierras ancestrales de su pueblo y crearon el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, el lugar en el que desapareció Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017.
En el año 2016, Jones Huala fue sometido a un juicio de extradición porque el Estado chileno exigía su traslado para ser juzgado por un ataque en la zona de Valdivia en el año 2013. Como mencionamos anteriormente, en aquella ocasión, el juicio oral fue declarado nulo al haberse demostrado que se habían llevado adelante tareas de inteligencia ilegales sobre él, su familia y su comunidad en connivencia con fiscales, policías de Chubut y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. Además, años atrás se habían anulado los cargos por los que se los acusaba en Chile.
Sin embargo, el 27 de junio de 2017, unas horas después de una reunión entre el presidente argentino Mauricio Macri y Michelle Bachelet, fue detenido en las cercanías de la ciudad de Bariloche, a partir de un pedido de captura internacional para ser extraditado y juzgado en Chile, demostrando así que la persecución a las comunidades originarias es una política regional. A pesar de que en el 2016 ya se había declarado la nulidad de ese pedido, la detención fue llevada adelante y, desde aquella fecha, el líder mapuche continúa privado de su libertad mientras su salud se encuentra cada vez más agravada.
Un Estado que desconoce derechos
El Lonko mapuche inició desde el 30 de mayo la huelga de hambre por la negativa del juez Gustavo Villanueva de autorizarlo a realizar una ceremonia tradicional para su cultura con todos los elementos necesarios: WiñoyTripantu (año nuevo para la comunidad mapuche). A su vez, la protesta se extendía en señal de reclamo por la detención y la negación de la excarcelación de Lautaro González y Fausto Jones Huala, los jóvenes que bajaron de la montaña a Rafael Nahuel, tras ser gatillado por la espalda por un prefecto del Grupo Albatros de la fuerza nacional, y quiénes son los únicos testigos del asesinato que aún se encuentra impune.
Esta huelga que se extendió ya por más de 20 días y que, desde el sábado 16 de este mes, se agravó al negarse a consumir hasta agua, es una muestra clave del desinterés estatal en proteger o garantizar los derechos de Facundo Jones Huala como perteneciente a una comunidad originaria. Además de la arbitrariedad de la decisión, dado que se ha permitido la realización de esta ceremonia en la misma Unidad Penal en años anteriores.
Organizaciones de Derechos Humanos como la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) realizaron diferentes acciones para que tanto el gobierno nacional como el provincial garanticen los derechos del líder mapuche y que su salud no se agrave más. Los testimonios señalan que tras hablar con Hebe de Bonafini, el Lonko volvió a ingerir agua en el día de ayer. Sin embargo, la huelga de hambre sigue empeorando su estado y los funcionarios estatales no cumplen con los pedidos que no son más que la garantía de sus efectivos derechos, ni excepciones, ni privilegios, como atrevió a decir el juez a cargo.
En este sentido, la APDH denunció ante Naciones Unidas estos hechos para que se solicite al Estado argentino el cese de la violencia institucional que se ejerce contra Facundo Jones Huala, además de exigir respuestas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y enfatizó: «El trato degradante que está recibiendo Facundo es propio de una violencia institucional simbólica que refuerza su condición de preso político, ilegítimamente detenido, al cual no se le respetan sus derechos constitucionales».
Este hecho de notable gravedad, dado que se trata de la vida de una persona que lleva casi un mes sin ingerir alimentos, es un nuevo episodio de la persecución a los pueblos originarios por parte del Estado argentino y el gobierno nacional. El hostigamiento que reciben las comunidades mapuches desde la recuperación de sus territorios, los terribles hechos represivos en el marco de la protesta social que produjeron la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, el encarcelamiento de los jóvenes que son testigos de su muerte, hasta la negación de ejercer su propia cosmovisión a Facundo Jones Huala son parte de una misma cadena de amedrentamientos.
En este proceso, en el que las garantías de los derechos parecen ser arbitrarias o de seleccionar su protección a dedo, la respuesta del Estado se requiere de forma urgente. Sin embargo, sea cual sea el desencadenamiento, el estado de excepción hacia estos pueblos ya está decretado. Si los Derechos Humanos ya estaban violentados, con este nuevo hecho se acrecienta la conciencia de un Estado discriminador y racista, y un gobierno al que no le importa preservar ni la vida.
