Sesenta años después del primer acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Mauricio Macri decidió volver a negociar un préstamo con el organismo de crédito. Las exigencias del FMI han torcido el rumbo de la economía argentina durante gobiernos de distintos partidos políticos, en épocas de dictadura y democracia. Si se confirma un préstamo de más de US$20.000 millones, Argentina se convertiría en el país que carga la mayor deuda al FMI en la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) es para los argentinos un sinónimo de inestabilidad social, reminiscencia automática a los anuncios económicos del ex-presidente De La Rúa previos a su salida en helicóptero. Es por eso que, tras el anuncio realizado por el presidente Mauricio Macri la semana pasada, mucho se habló de la vuelta al 2001, del blindaje, la deuda externa y del corralito. Pero la realidad es que el FMI acompaña a la historia argentina desde mucho antes del comienzo de este siglo.
El FMI es para los argentinos un sinónimo de inestabilidad social, reminiscencia automática a los anuncios económicos del ex-presidente De La Rúa previos a su salida en helicóptero pero acompaña a la historia argentina desde mucho antes del comienzo de este siglo.
El Fondo Monetario Internacional nació en el año 1944, poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando el acuerdo de Bretton Woods estableció un pacto entre los países capitalistas para evitar una crisis económica como la que los había golpeado en los años ’30. El acuerdo implicaba la aplicación de reglas de juego internacionales en beneficio de los países centrales, especialmente Estados Unidos, que exigían la estabilidad financiera de todas las monedas con respecto al dólar y apuntaban a conseguir condiciones óptimas para el comercio internacional. Si algún país miembro no podía alinearse a esos requerimientos por problemas en sus economías, el FMI podía realizar un préstamo de dinero para ayudarlo a volver al equilibrio financiero, y también proponer medidas que lo devuelvan a la mejor situación para negociar con el resto de los miembros.
En un primer momento, Argentina no ingresó al Fondo Monetario Internacional porque el presidente Juan Domingo Perón no estaba interesado en negociar con los acreedores internacionales. Luego del golpe militar de 1955 el país pidió su primer préstamo al FMI, por un total de US$75 millones. El fondo no tardó en brindar la ayuda necesaria, pero no sin antes establecer una serie de reformas que el país debía hacer para adecuarse a las leyes del mercado internacional. Argentina salió de la autoproclamada «Revolución Libertadora» con una deuda externa de US$1.100 millones. El ingreso de divisas del FMI continuó creciendo durante el mandato de Frondizi y el gobierno de facto de Juan José Guido, hasta alcanzar los US$2.100 millones en 1963. Los préstamos venían acompañados de indicaciones de reducción en el gasto público, despido de empleados públicos y privatización de empresas estatales.
La última dictadura cívico-militar recrudeció la situación de la deuda externa y, con el apoyo del FMI, llevó la deuda a US$42.000 millones. El ingreso de divisas no mejoró la situación interna de la economía argentina, pero permitió una desmedida apertura financiera que dio lugar a la fuga de capitales al exterior. La vuelta de la democracia no mejoró la situación económica y los gobiernos de Alfonsín y Menem continuaron requiriendo ayuda del FMI para concretar sus planes económicos. El organismo aprobó el modelo de la convertibilidad propuesto por Domingo Cavallo, a pesar del impacto negativo que tendría en la economía local, el desempleo y las cuentas públicas.
Para el momento de la llegada de De La Rúa al poder, la deuda con el FMI ya superaba los US$90.000 millones. La salida de la convertibilidad no ayudó a mejorar la situación económica e implicó nuevas negociaciones con el FMI, que derivarían en el blindaje y el megacanje. A pesar de que el fondo continuaba inyectando dinero en el país para mantenerlo alineado a las políticas neoliberales, Argentina cayó en la peor crisis de su historia y terminó declarando el default (la imposibilidad de pago de la deuda, que ya había alcanzado los US$144.000 millones) en el año 2002. Tras la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, el FMI volvió a intentar negociar una nueva línea de crédito, que fue rechazada por el gobierno. En 2006, Kirchner decide pagar al contado US$9.800 millones para cancelar la deuda con el FMI, que cerró sus oficinas en Argentina permanentemente.
Las políticas del FMI han sido criticadas por apuntar a la reducción del gasto público a través de la reducción de subsidios, las reformas fiscales, la eliminación de barreras al comercio internacional y la flexibilización laboral.
El FMI no solo se ha involucrado en la economía argentina, sino que ha expandido sus exigencias a todos los países en crisis que necesitaran de fondos con urgencia. Sus políticas han sido criticadas por apuntar a la reducción del gasto público a través de la reducción de subsidios, las reformas fiscales, la eliminación de barreras al comercio internacional y la flexibilización laboral. La reforma jubilatoria aprobada en medio de un fuerte rechazo popular a fines del año pasado surgió de una recomendación del FMI al gobierno de Mauricio Macri.
En este momento, el ministro Nicolás Dujovne junto con el gabinete económico se encuentran negociando un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Aunque los montos y la modalidad aún no fueron confirmadas, se estima que será superior a US$20.000 millones, lo que convertiría a la Argentina en el país que carga la mayor deuda con el FMI después de Grecia, Ucrania y Pakistán. La situación económica de la Argentina es muy diferente de la del año 2001, pero las recetas del Fondo Monetario Internacional se mantienen iguales. En sesenta años, estas medidas no han ayudado a la economía interna argentina, pero de todas formas el gobierno parece enfocado en seguirlas. «Cambiemos» no parece ser el slogan más representativo de un gobierno empecinado en repetir errores del pasado.
