El gobierno dividió la reforma laboral que no pudo aprobar en diciembre en tres proyectos que fueron presentados al Congreso. La medida más cuestionada por la oposición es la modificación en el cálculo de las indemnizaciones por despidos sin causa, que dejaría de considerar los aguinaldos y bonos. El proyecto se alinea a las exigencias del Fondo Monetario Internacional para generar un mercado con menores barreras para los empresarios.
El viernes 28 de abril por la noche, pocas horas antes del fin de semana largo del Día del Trabajador, el gobierno envió al Congreso el nuevo proyecto de reforma laboral. La misma reforma que habían presentado en diciembre del año pasado junto a las modificaciones en el sistema previsional y tributario, pero que no lograron aprobar en el medio de un fuerte descontento social contra el ajuste sobre los sectores más vulnerables. En esta oportunidad, el gobierno decidió dividir el proyecto en tres partes, una estrategia que les permitiría evitar un rechazo total a la reforma.
La principal oposición al proyecto se concentra en el capítulo que apunta al blanqueo de empleados no registrados y la modificación sobre los cálculos de indemnizaciones por despidos sin causa.
La principal oposición al proyecto se concentra en el capítulo que apunta al blanqueo de empleados no registrados y la modificación sobre los cálculos de indemnizaciones por despidos sin causa. Sobre el empleo informal, el proyecto apunta a la exención de multas para las empresas que decidan regularizar a sus trabajadores e incluirlos en el sistema formal. El gobierno a través de esta ley alentaría a los empleadores a formalizar su situación, otorgando la garantía de que a sus empleados le serán reconocidos los años de antigüedad.
La sociedad debe estar muy atenta a la reforma laboral. Recordemos que en el 2000, la recomendacion del FMI fue bajar un 13% jubilaciones y salarios
— Antonio F Llorente (@fllorenteantoni) May 14, 2018
Tanto el oficialismo como la oposición reconocen la urgencia del problema de la informalidad laboral, y por esa misma razón criticaron que esta medida haya sido incluida en el mismo proyecto que el artículo más polémico de la reforma: la modificación del cálculo de las indemnizaciones. El gobierno propone que para las indemnizaciones realizadas por despidos sin causa dejen de considerarse los ingresos extra, como el aguinaldo, los bonos y el presentismo. De esta forma se reducen las cargas que las empresas deben enfrentar al despedir trabajadores. Tanto los diputados como los sindicalistas se han expresado en contra de la medida, ya que impacta directamente en la estabilidad laboral.
El gobierno propone que para las indemnizaciones realizadas por despidos sin causa dejen de considerarse los ingresos extra, como el aguinaldo, los bonos y el presentismo.
Estas modificaciones se alinean a las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó en su informe de diciembre del año 2017. Allí el organismo argumentaba que las indemnizaciones «son elevadas» y sugirió que los convenios colectivos de trabajo no se extiendan a todos los trabajadores, ya que el mercado laboral debería ser más flexible. Al igual que la legislación sobre la reforma previsional, las decisiones parecen quedar libradas a los intereses externos.
