Desde el año 2012, el 8 de mayo se constituyó como el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional por la «Masacre de Budge» ocurrida en 1987. Este hecho expuso la crueldad de un aparato represivo que se mantenía sin modificaciones tras la dictadura cívico-militar. Sin embargo, lejos de tratarse de casos aislados, en los barrios más vulnerables, la represión se volvió sistemática, cotidiana y planificada. ¿Por qué es necesario hablar de represión estatal?
El 8 de mayo de 1987, tres miembros de la policía bonaerense asesinaron a tres jóvenes mientras tomaban una cerveza en la esquina de Guaminí y Figueredo, en la localidad de Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires. Tras este hecho, el barrio denunció y se movilizó de tal forma que logró evidenciar que la represión y los fusilamientos no habían culminado tras el retorno de la democracia, sino que simplemente adoptaron nuevas formas.
(Leer nota: Masacre de Budge: cuando se evidenció la represión en democracia)
La desaparición, la tortura y la muerte, prácticas represivas inminentemente relacionadas con la dictadura cívico-militar, no habían cesado en diciembre de 1983. Ese accionar dirigido, en un comienzo, a militantes, estudiantes y obreros movilizados con el fin de desinstalar la idea de organización y una lucha colectiva, ahora estaba apuntado a los sectores sociales que más sufrían las consecuencias de un modelo económico implementado con sangre.
Esa persistencia de la represión en democracia, se visibilizó con la llamada «Masacre de Budge», sin embargo, los hechos se repitieron y repiten de forma cotidiana en todas las provincias del país con menor o mayor disimulo. Los casos de Walter Bulacio, Miguel Bru, Daniel Solano, Luciano Arruga, Ezequiel Demonty, Facundo Rivera Alegra, entre miles de otros nombres, volvieron a poner en agenda, una y otra vez, una vivencia cotidiana en los sectores más vulnerables que pocas veces alcanzaba el estallido mediático.
Cuando logran romper la monótona sinfonía de los medios masivos de comunicación, las muertes en manos de las fuerzas de seguridad se analizan como casos aislados u excesos de los agentes, además de estereotipar a las víctimas. Sin embargo, se tratan de prácticas represivas cotidianas y sistemáticas. La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) señala que desde 1983 a diciembre de 2017, son las 5.462 muertes por el aparato represivo del Estado argentino, en las que la mayoría de los asesinados son jóvenes hombres de barrios vulnerables.
Foto: La Retaguardia
Esta represión que continua y se despliega en democracia se da mediante la acción u omisión de los distintos poderes del Estado que mantienen un aparato represivo que reproduce las mismas prácticas para desaparecer, matar y torturar que desde hace más de 40 años. Sin embargo, no es una reproducción pasiva sino que está acompañada de distintas actualizaciones según las necesidades del poder de turno.
En este momento, mediante el gobierno de Cambiemos las actualizaciones de las modalidades, de las prácticas represivas y de las ordenes de matar se dan con preocupante aumento. Al promedio alarmante que llevaba el kirchnerismo con un muerto por el Estado cada 28 horas, el macrismo lo superó en tan solo dos años a un asesinato cada 23. Pero la «novedad» en este gobierno es el aval sin excusas a la represión, al gatillo fácil y a las operaciones ilegitimas de los agentes estatales pertenecientes a las fuerzas de seguridad. La represión es avalada por la acción y el discurso oficial.
La violencia institucional aplica a distintos ámbitos, como la justicia, la salud, la educación, en los que el Estado debería proteger y garantizar la vigencia de los derechos humanos y no violentarlos, incluyendo la «seguridad». Dentro del concepto de violencia institucional, el accionar criminal de los agentes del aparato represivo ocupa un lugar menor que oculta la sistematicidad de la práctica represiva.
La represión estatal da cuenta de los asesinatos en manos del Estado que aumentan año tras año, gobierne quien gobierne, por eso es estatal. En este sentido, el fin de la dictadura no fue una ruptura en el accionar aprehendido durante aquellos años, sino una modificación en la matriz represiva y en el objetivo a reprimir.
En este sentido, cuando se trata de la cantidad de jóvenes que mueren asesinados por los fusilamientos en los barrios, por el gatillo fácil, torturados en una comisaria o hasta en un patrullero, hablar de violencia institucional es, por lo menos, inocente dado que en verdad es una práctica represiva sistemática, cotidiana y planificada por parte del aparato represivo estatal hacia los sectores que más sufren las consecuencias del genocidio.
