Varias son las posturas de quienes se oponen a garantizar un derecho fundamental para las mujeres durante las exposiciones en el Congreso. Una de ellas es la constante deslegitimación de las cifras que dan cuenta de la magnitud del problema de la clandestindad. Los registros oficiales de mortalidad materna desde 1983 dan cuenta de una tendencia constante y de que la democracia mantiene una profunda deuda. (Foto: Nadia Díaz)
Desde que inició el debate en el Congreso fueron varias las posturas de quienes expusieron en contra, pero una muy reiterada fue la constante deslegitimación del número de abortos clandestinos y de mujeres muertas a causa de prácticas insalubres y de un Estado ausente. Aún se continúa desconociendo la magnitud de un problema que afecta a quienes tienen menos recursos para poder afrontar a un mercado que lucra con el cuerpo de las mujeres y se aprovecha del vacío legal y de los juicios morales y condenatorios arraigados a falta de políticas públicas.
Los registros oficiales muestran que, desde el retorno a la democracia hasta 2016, alrededor de 3040 mujeres murieron por aborto en Argentina. Esto representa un 30% del total de fallecimiento de mujeres gestantes en este periodo.
Si bien, como ya hemos indicado anteriormente en La Primera Piedra, es difícil contar con cifras exactas dada la situación de clandestinidad, los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Salud en los últimos años permiten observar la magnitud del problema. Tal como expuso en una de las primeras jornadas parlamentarias Mariana Romero, investigadora del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), los registros oficiales muestran que, desde el retorno a la democracia hasta 2016, alrededor de 3040 mujeres murieron por aborto en Argentina. Esto representa un 30% del total de fallecimiento de mujeres gestantes en este periodo. En la mayoría de los años, esta fue la principal causa individual de muerte materna en nuestro país.
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Foto: Nadia Díaz
En 2016, la proporción de las mujeres que murieron por aborto fue del 18%, es decir que 2 de cada 10 de las mujeres fallecidas durante la gestación fue a causa de un aborto. Todas estas muertes tienen un contexto: el marco restrictivo y la falta de políticas públicas que obliga a las personas gestantes que no poseen recursos a recurrir a condiciones riesgosas para su vida. Los abortos son una realidad concreta: ya en 2005, los estudios encomendados por el Ministerio de Salud muestran que la cifra oscila entre 486 mil y 522 mil interrupciones voluntarias del embarazo por año. Para quien no tiene recursos económicos para acceder a una clínica clandestina, conseguir las dosis necesarias de misoprostol, o siquiera contar la información que le permita conocer sus posibilidades, esto implica toda clase de peligros para su salud.
En 2016, la proporción de las mujeres que murieron por aborto fue del 18%, es decir que 2 de cada 10 de las mujeres fallecidas durante la gestación fue a causa de un aborto. Todas estas muertes tienen un contexto: el marco restrictivo y la falta de políticas públicas
«La evidencia actualmente disponible hoy día no permite sostener que las leyes de aborto reduzcan las muertes maternas. Ninguna ley en el mundo ha logrado reducir el aborto», dijo en el Congreso Elard Koch, investigador y científico chileno designado como uno de los expositores en contra de la legalización. «No existe el aborto seguro», afirmó por su parte la ginecóloga Marisa Leno. Estas posturas fueron repetidas en varias oportunidades a lo largo de las jornadas de debate sin sustento. Sin embargo, a nivel mundial, las estadísticas demuestran lo contrario y continúan dando cuenta de la imperiosa necesidad de contemplar al aborto dentro las políticas de salud pública
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Foto: Nadia Díaz
El reciente estudio publicado a fines de 2017 por The Lancet – una de las revistas médicas más reconocidas a nivel mundial – junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher, el 97% de los abortos inseguros practicados en el mundo se realizó entre 2010 y 2014 en América Latina, África y Asia, donde las políticas respecto a la interrupción del embarazo son más restrictivas. Por «inseguros» se consideran todos aquellos procedimientos en los que no interviene un profesional de la salud y que son altamente peligrosos, llegando a provocar hemorragias, lesiones vaginales, cervicales y uterinas, e infecciones, y la muerte. En las regiones nombradas, estas condiciones alcanzan a 3 de cada 4 mujeres que deciden abortar.
El 97% de los abortos inseguros practicados en el mundo se realizó entre 2010 y 2014 en América Latina, África y Asia, donde las políticas respecto a la interrupción del embarazo son más restrictivas.
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En cambio, en países de Europa Occidental y América del Norte, que poseen leyes más amplias, en donde el aborto forma parte de las políticas públicas, el informe destaca que 9 de cada 10 abortos se realizan de forma segura. Allí, la mortalidad materna disminuye y las políticas públicas garantizan también el acceso a método anticonceptivos y a educación sexual. A diferencia de lo que muchos expositores han sostenido en el Congreso, la legalización no aumentó la cantidad de procedimientos. “El estudio ha determinado que los abortos se producen en tasas similares en países donde es legal y en aquellos donde está prohibido”, informó The Lancet en un comunicado.
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Foto: Gustavo Yuste
El Ministerio de Salud aún no proporcionó datos oficiales del 2017 de Argentina. Según una estimación elaborada por Página/12, a partir de datos de entrevistas y las distintas exposiciones en el debate por el aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso de la Nación, durante el año pasado se realizaron más de 11 mil abortos legales en el sistema público de salud, solo en cuatro jurisdicciones del país – teniendo en cuenta cifras de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Neuquén). Conocer esta cifra es también importante a la hora de hablar de aborto. Detrás, se esconde aquello se invisibiliza: las interrupciones voluntarias del embarazo se llevan a la práctica, pero aún con los protocolos de aborto no punible, la problemática está lejos de zanjarse. Sigue atado a la voluntad de los profesionales de la salud y solo para los casos específicos ya establecidos en el Código Penal.
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En 35 años, los datos revelan que la democracia aún no está completa, que hay una deuda en el camino a la igualdad de derechos y a la libertad de las mujeres. Si bien la organización de los movimientos feministas logró crear redes de apoyo y difundir información, el Estado continúa ausente al seguir negando el derecho fundamental a decidir sobre el propio cuerpo, a reconocer que la maternidad no debe ser una imposición, a garantizar una política integral de salud sexual y reproductiva que revindique el derecho al placer sin penalidad y a terminar con muertes evitables.
