En este mes comenzó el juicio por los tormentos sufridos por Iván Matías Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, miembros de la agrupación La Poderosa, por parte de un grupo de prefectos en la Villa 21-24. Un año y medio después, seis de ellos están siendo juzgados por las torturas ejecutadas en la noche del 24 y madrugada del 25 de septiembre de 2016. Con una celeridad excepcional, en este proceso se enfrenta la impunidad de las fuerzas de seguridad y la política represiva del gobierno que más mató en democracia, pero también la de un Estado que nunca dejó de asesinar.
Pasó desapercibido en los grandes medios y en la opinión pública, sin embargo, en este mes de mayo dos jóvenes comenzaron a testimoniar las torturas recibidas por miembros de las fuerzas de seguridad: seis prefectos que llegan procesados y con prisión preventiva. En este mes, comenzó el primer juicio contra integrantes de las fuerzas bajo la gestión de Patricia Bullrich y el gobierno de Cambiemos.
El 11 de mayo empezó el juicio oral y público en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la ciudad de Buenos Aires, por las detenciones ilegales y torturas sufridas por Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, jóvenes de la villa 21-24 y miembros de la agrupación villera La Poderosa, ejercidas por seis miembros de la Prefectura Naval Argentina. En este juicio histórico, el Gobierno nacional está siendo juzgado por su accionar represivo en los barrios vulnerables pero, también, en este hecho excepcional se juzga el accionar discriminatorio y cotidiano de las fuerzas de seguridad en democracia.
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Por dos motivos este suceso es excepcional y necesario. En principio, los casos de gatillo fácil, detenciones ilegales, torturas o los distintos hechos de represión estatal que sucedieron durante todos los gobiernos constitucionales que llegan a juzgarse son realmente mínimos. En segundo lugar, los que llegan están muy lejos de lograr algo parecido a la Justicia. Sin embargo, una vieja consigna popular de los militantes y familiares de casos de represión estatal señala que “la lucha no es por la sentencia sino por la conciencia” y, en este caso, este juicio puede funcionar como una denuncia ejemplar ante la impunidad.
María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), hace un tiempo señaló a La Primera Piedra: «La intervención en las causas judiciales es parte del escenario, pero no es ni por asomo el principal ni el más importante, y es en el que sabemos perfectamente que estamos en territorio del enemigo. El porcentaje de causas que llegan al juicio oral es inferior al 10 por ciento, y de esas el porcentaje de condenas es mucho menor todavía».
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En este sentido, esta semana se conoció el fallo que absolvió a los tres policías implicados en el homicidio de Marcelo Montenegro ocurrido en 2012 y para los cuales la querella había pedido perpetua. Hace un año, el juicio oral por el caso de Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco, asesinados y desaparecidos por efectivos de la Policía Federal en 2009, terminó con la absolución del único acusado a pesar de las demostradas pruebas que lo implicaban. Estos mínimos ejemplos dan cuenta de una realidad: en la mayoría de los casos reina la impunidad avalada por el Poder Judicial.
Sin embargo, en el presente proceso judicial la difusión pública de los hechos y la celeridad fue sorprendente, y la contundencia de las pruebas ancladas en los testimonios de los dos jóvenes son fundamentales. Los chicos señalaron todo el recorrido de la tortura en aquella noche de 2016: golpes, simulacros de fusilamiento, insultos, torturas físicas y psicológicas, el pedido de tirarse al Riachuelo y hasta una nefasta carrera en la que les anunciaron que iban a matar al que perdía. «Tiene que existir una condena ejemplar contra estos prefectos, que van a ser los primeros agentes que van a recibir una condena de prisión de cumplimiento efectivo en la gestión de Patricia Bullrich. Esto tiene mucha importancia política», señaló la abogada querellante en el juicio, Gabriela Carpineti, a Revista Cítrica.
Los seis prefectos están acusados por los delitos de «imposición de torturas y robo, agravado por su comisión con arma de fuego en concurso entre sí» y sus nombres son: Leandro Adolfo Antúnez, Orlando Ariel Benítez, Osvaldo Alberto Ertel, Eduardo Sandoval, Yamil Alejandro Marsilli y Ramón Fernando Falcón. De forma ejemplar, desde septiembre de 2016, se mantuvo sobre los imputados la prisión preventiva pedida por la Fiscalía y a ninguno se le concedió la excarcelación. No obstante, este llamativo «operativo» comenzó con golpes e insultos por parte de miembros de la Policía Federal que no están imputados.
Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, a partir de este mes, hablan frente a un tribunal que tiene como tarea investigar las prácticas desplegadas por miembros de la Prefectura Nacional que forman parte de las fuerzas de seguridad más violentas desde la restauración democrática. Uniformados que forman parte de un gobierno que reivindica y defiende con el discurso la represión como política de Estado y que en dos años mató a más de un joven por día. Esa política represiva está siendo juzgada y el pedido desde las organizaciones que acompañan, la familia y la querella es que la condena sea ejemplificadora.
Es un juicio histórico contra el gobierno que impuso con directivas la Doctrina Chocobar, pero en verdad es un juicio histórico en democracia porque la represión fue política de Estado bajo cualquier dirección. Dos jóvenes como referentes de una lucha que rompe con el silencio y arremete contra la impunidad en el presente, pero también contra la impunidad histórica de las fuerzas represivas en los barrios vulnerables. El juicio comenzó y estos pibes tampoco se callan más.
