En un contexto histórico en el que el aborto finalmente tomó un lugar de peso en la agenda política, son varios los argumentos que se escuchan alrededor de la práctica. Una de las dimensiones fundamentales que no debe perderse de vista y que aún se deja de lado en algunos ámbitos es que no se puede hablar de despenalización sin referirse a la legalización del aborto. ¿Cuál es la diferencia? (Foto: Virginia Torres Schenkel)
El cambio de paradigma que se perfila en la sociedad a partir de la activa militancia feminista permitió que se comenzaran a hablar de temas totalmente silenciados y considerados tabú. El aborto es uno de los ejemplos más claros: hasta hace algunos años era una palabra prohibida en el espacio público y referirse al mismo implicaba una condena y un estigma que hoy se están disolviendo. La consciencia cada vez más extendida de los derechos de las mujeres y de las opresiones de una cultura machista que se reprodujo históricamente también hizo que la interrupción voluntaria del embarazo comenzara a ser reclamada a viva voz. Eso es lo que hoy se vive fuera del Congreso todas las semanas, mientras dentro se lleva un debate que muchos creían impensable.
En este contexto los discursos a favor del mismo no deben perder una dimensión que desde algunos ámbitos se excluye e incluso se utiliza como estrategia argumentativa para esquivar la plena garantía del derecho: hablar únicamente de despenalizar – sin referirse a la legalización – no es suficiente.
En este contexto los discursos a favor del mismo no deben perder una dimensión que desde algunos ámbitos se excluye e incluso se utiliza como estrategia argumentativa para esquivar la plena garantía del derecho: hablar únicamente de despenalizar – sin referirse a la legalización – no es suficiente. Eliminar toda clase de punición sobre las mujeres que abortan es fundamental para desterrar ese vínculo sostenido desde el Estado entre aborto y delito. Como hemos mencionado anteriormente en La Primera Piedra, mantener esta política no hace otra cosa que alimentar un mercado clandestino que lucra con el cuerpo de mujeres que, desamparadas, recurren a procedimientos inseguros. La penalización no reduce el número de abortos: solo aumenta la persecución, la condena, la violencia institucional y los riesgos para la salud y la vida.
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Foto: Gustavo Yuste
Pero eliminar el carácter punible y extender lo que ya está establecido en el Código Penal desde 1921 – pero en muchos casos se sigue ignorando deliberadamente – es solo parte de lo que se busca en el Congreso y de lo que se viene luchando desde hace años. En este sentido, hablar de legalización resulta también esencial: se trata de, una vez disuelta la criminalización del aborto, reglamentar las prácticas necesarias para la implementación efectiva de políticas públicas. La clandestinidad solo puede combatirse mediante la responsabilidad estatal de legalizar el procedimiento en los hospitales, garantizando a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo sin ser juzgada o disuadida, contando con toda la información necesaria y teniendo el acceso a procedimientos con los que hoy solo cuentan quienes tienen dinero.
La despenalización y legalización del aborto son así parte de un programa articulado, que requiere medidas activas para que sea el Estado quien vele por la salud sexual y reproductiva de las mujeres y no dé la espalda a una realidad por la que mueren cientos todos los años, beneficiando, al mismo tiempo a un mercado privado.
La despenalización y legalización del aborto son así parte de un programa articulado, que requiere medidas activas para que sea el Estado quien vele por la salud sexual y reproductiva de las mujeres y no dé la espalda a una realidad por la que mueren cientos todos los años, beneficiando, al mismo tiempo a un mercado privado. La elaboración y distribución estatal de misoprostol, la posibilidad de que los trabajadores de la salud guíen y lleven adelante el procedimiento de forma pública son reclamos que van de la mano con la eliminación de la punibilidad y que están englobados dentro de la esfera de la legalización. Una dimensión fundamental en donde esta palabra no debe dejarse de lado a la hora de exigir un reclamo histórico que cada semana profundiza su camino.
