Durante las últimas semanas expositores en contra de la legalización del aborto repitieron hasta el cansancio en la Cámara de Diputados que se trata de un «delito», reproduciendo así la criminalización de las mujeres. Como muchos casos lo demuestran, son siempre las de menores recursos las afectadas por el contexto de clandestinidad. A continuación, recordamos tres casos emblemáticos que cobraron relevancia pública y que fueron recordados durante las jornadas de debate en el Congreso. (Foto: Virginia Torres Schenkel)
En las jornadas de debate en el Congreso, se continúa escuchando por parte de muchos expositores la idea de que el aborto es un «crimen», y que, por lo tanto, la figura penal debe continuar vigente. Así, esta insistencia continúa apoyando la criminalización y la persecución a miles de mujeres desprotegidas por un Estado que no garantiza políticas públicas en defensa de la salud sexual y reproductiva. Las creencias morales se imponen tan ferreamente que ponen en riesgo la vida de las más humildes, incluso en aquellos casos en los que la interrupción del embarazo está contemplada en el Código Penal. No son pocas las situaciones en las que el sistema médico se ha negado a practicar abortos legales, lo que va en contra de los protocolos establecidos por la Corte Suprema de Justicia desde el año 2012.
Quienes solicitan abortos no punibles, son muchas veces víctimas de maltratos y de intentos disuasorios por quienes deberían proveer un derecho que en realidad ya está garantizado en el Código Penal.
Lo cierto es que la ilegalidad y el juicio condenatorio que persiste a nivel social y estatal, no solo alimentan el circuito clandestino, sino que también reproducen la violencia institucional sobre las mujeres. Quienes solicitan abortos no punibles, son muchas veces víctimas de maltratos y de intentos disuasorios por quienes deberían proveer un derecho que en realidad ya está garantizado en el Código Penal. Sin mencionar los casos de quienes son condenadas al asistir a centros de salud porque peligra su vida como consecuencia de un aborto clandestino: se tratan de mujeres de bajos recursos, demostrándose así la selectividad y estigmatización como parte de prácticas sistemáticas.
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Foto: Virginia Torres Schenkel
Belén
El caso de Belén fue quizás uno de los más emblemáticos del último tiempo en lo que a la criminalización del aborto se refiere. El 21 de abril de 2014, la joven de 27 años llegó al Hospital de Clínicas Avellaneda, en la ciudad de Tucumán, con fuertes dolores abdominales. Allí la derivaron al área de Ginecología y, al advertir el sangrado que presentaba, le informaron que había sufrido un aborto, a pesar de que ella afirmaba que no sabía que estaba embarazada.
Violando el derecho a su privacidad y la confidencialidad de la información médica, Belén fue detenida, sin ser escuchada o tener oportunidad alguna de defenderse. Estuvo en prisión preventiva alrededor de 900 días y fue condenada a ocho años por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía”.
Esa misma noche, un feto fue encontrado en el baño del hospital y, sin hacer ninguna prueba de ADN, Belén fue acusada de asesinar a su bebé. Violando el derecho a su privacidad y la confidencialidad de la información médica, Belén fue detenida, sin ser escuchada o tener oportunidad alguna de defenderse. Estuvo en prisión preventiva alrededor de 900 días y fue condenada a ocho años por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía”.
Belén se convirtió en un emblema del movimiento feminista y también de lucha por la legalización del aborto. Gracias a las numerosas marchas de más de cuarenta organizaciones de un amplio espectro político, el caso cobró relevancia mediática. Demostraron que Belén no estaba sola, sino acompañada por mujeres que reclamaron su libertad, pero también la soberanía sobre sus cuerpos. Amnistía Internacional, por ejemplo aportó 120 mil firmas para reclamar la anulación de su condena. Después de varias maniobras dilatorias, Belén fue finalmente liberada y absuelta 27 de marzo de 2017.
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Foto: Marcha
Juana
El 28 de noviembre de 2015, una niña wichí de 12 años, conocida después bajo el seudónimo de «Juana», fue violada por un grupo de criollos en la comunidad salteña de Alto de la Sierra, un poblado ubicado en el monte, a 10 kilómetros de la frontera con el Chaco. Desde momento, Juana – que padece de un retraso madurativo – fue violentada numerosas veces por un Estado que la revictimizó. Diversos organismos de la provincia de Salta se encargaron de dilatar la aplicación inmediata y necesaria del protocolo de aborto no punible – derecho que no le fue informado -, sometiendo a la niña a una cesárea que se practicó a los siete meses de gestación, luego de que se descubriera que el feto era anencefálico.
Diversos organismos de la provincia de Salta se encargaron de dilatar la aplicación inmediata y necesaria del protocolo de aborto no punible – derecho que no le fue informado -, sometiendo a la niña a una cesárea que se practicó a los siete meses de gestación, luego de que se descubriera que el feto era anencefálico.
Obligada a llevar adelante un embarazo de alto riesgo para su salud física y mental, Juana no sólo no recibió la correcta atención médica, sino que tampoco fue escuchada por la Justicia. Tal como relata Página/12, la obtención de pruebas de ADN de los agresores se demoró, así como la detención de los mismos. Varios de ellos atacaron y amenazaron a su familia para que interrumpiera la denuncia y de hecho, una de las amigas que testimonió tuvo que irse de la región. Luego de la aberrante actuación de varios funcionarios, el juez de la Corte Abel Cornejo solicitó un jury para investigar su proceder, pero el pedido fue desestimado.
Foto: La Izquierda Diario
María Campos
Otro de los nombres que resonó en las exposiciones del Congreso durante el debate fue el de María Campos. Tenía 37 años y vivía en la localidad rural de Villa Matoque, Santiago del Estero junto a su esposo y sus cinco hijas. Tal como relata Página/12, el pasado mes de marzo ingresó en un estado grave al Hospital Regional de la capital provincial, después de recorrer casi 300 kilómetros en ambulancia y de haber sido derivada desde un puesto sanitario local que no contaba con los recursos para atenderla. Murió de una infección generalizada, producto de un aborto practicado con una sonda dos semanas antes. De acuerdo a lo relatado en el artículo, la mañana que María ingresó al hospital había otras dos mujeres más con cuadros similares, también consecuencia de abortos inseguros.
María Campos tenía 37 años y vivía en la localidad rural de Villa Matoque, Santiago del Estero junto a su esposo y sus cinco hijas. Murió de una infección generalizada, producto de un aborto practicado con una sonda a principios de marzo.
“La muerte de María muestra las consecuencias de la criminalización del aborto en el país. Las mujeres de zonas rurales, olvidadas, están desprovistas del cualquier recurso para interrumpir un embarazo sin riesgos. Si llegaba antes del hospital, se salvaba. Pero no es el único caso. En lo que va del año, tenemos registradas, a partir de cifras extraoficiales, entre 8 y 10 muertes de mujeres por causas vinculadas al embarazo en Santiago del Estero, dos de ellas, por aborto”, señaló a Página/12 Cecilia Canevari, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (Indes) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Foto: Gustavo Yuste
Estos son solo algunos de los tantos casos de mujeres perjudicadas por el contexto de clandestinidad que se continúa reproduciendo mientras el aborto continúe sumido en la ilegalidad. La criminalización de las más pobres infunde el miedo y actúa como un mensaje disciplinador en contra del derecho a decidir sobre el propio cuerpo. En cada una de estas situaciones, el esquema de un Estado machista que hace caso omiso a la salud de las mujeres se hace presente, desestimando su palabra y sus necesidades que ahora, frente al Congreso, se transforman en un grito para reclamar una deuda histórica.
