«Las sociedades nos merecemos luchar para tener justicia y para que no se repitan los hechos», señala Verónica Heredia, la abogada de la familia de Santiago Maldonado a La Primera Piedra. En el día de hoy se cumplen siete meses del brutal operativo represivo que culminó con la muerte del joven. La desaparición forzada, como parte del accionar represivo, «es una metodología que tiene el Estado que cree que con el ropaje de la democracia puede accionar como quiera y no es así», denuncia Heredia. El estado de la causa, las líneas de investigación pendientes y el encubrimiento estatal, en la siguiente entrevista.
— Hoy, a siete meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ¿en qué estado se encuentra la causa?
— La causa sigue caratulada como desaparición forzada y está radicada en la ciudad de Rawson que no es el lugar donde tendría que estar. Eso ya da cuenta de un procedimiento diferente o extraño porque las causas se tramitan en el lugar donde ocurrieron los hechos y el juzgado que corresponde en este caso es el de Esquel.
— Esto se debe al apartamiento del juez Guido Otranto….
— Exacto. La causa está a 600 kilómetros de donde debería estar porque el juez natural de la causa que es el doctor Otranto fue apartado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia por las expresiones que él tuvo en los medios de comunicación afirmando lo que le parecía y los jueces no pueden adelantar sus opiniones en otro lugar más que en el expediente. Por haber incumplido ese mandato fue apartado pero desde la querella de la familia habíamos pedimos que fuera apartado porque él generó las condiciones para que se produjeran los hechos tal como sucedieron el 1 de agosto.
El juez Otranto militarizó la zona el 1 de agosto. Él requirió al Ministerio de Seguridad, directamente a la ministra y al jefe de Gendarmería, para que enviaran más personal a la zona y que actuarán deteniendo en flagrancia. Entonces, él forma parte del problema en esta causa.
— La orden del operativo que terminó con la desaparición de Maldonado fue de Otranto
— No solo eso. El juez Otranto militarizó la zona. Él requirió al Ministerio de Seguridad, directamente a la ministra y al jefe de Gendarmería, para que enviaran más personal a la zona y que actuarán deteniendo en flagrancia. Estas dos condiciones: que haya muchos gendarmes en esa zona y que actúen alegando flagrancia fue pedido por Otranto. Entonces, él forma parte del problema en esta causa. Sin embargo, estas no fueron las razones por las que fue recusado, pero bueno. La Cámara asignó al doctor Gustavo Lleral que forma parte del juzgado N°2 de Rawson pero desde este año él ya no tiene la exclusividad de la causa con lo cual tiene que continuar trabajando en todas las otras causas que tenga más la de Santiago. Esto ya demuestra el curso que va a tener.
Foto: Sandra Cartasso
— Y la demora.
— Sí, por eso me parece importante contextualizar porqué la causa está en Rawson y qué significa este hecho geográfico a 600 kilómetros de dónde ocurrió el operativo. La investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado va correr la misma suerte que cualquier otra causa judicial.
— ¿Se pudo conocer algo más sobre la circunstancia de muerte o cuándo murió exactamente después de la autopsia?
— Todas esas dudas todavía están. Todavía falta dar respuestas a partir de que se encontró el cuerpo de Santiago. Haber encontrado su cuerpo en las condiciones que se encontró, en el lugar que se encontró y de la forma en que se lo encontró. Todo eso no tiene respuestas y nos genera dudas que no están resueltas en la causa.
Nuestra preocupación es saber y conocer qué pasó con Santiago el 1 de agosto y hasta el 17 de octubre pero acá hay un montón de cuestiones que ya están acreditadas en la causa y que nadie hace nada. Eso es impunidad. La familia va a continuar su lucha hasta saber la verdad y que haya justicia.
— Hoy, a siete meses del 1 de agosto, ¿qué están pidiendo desde la familia?
— No hay respuestas en relación a esos datos que mencionaba. Hay un montón de cuestiones que han quedado claras en el expediente y tampoco se avanza, por ejemplo, la responsabilidad que tuvo Gendarmería el 31 de julio y el 1 de agosto. Estaba repasando nuevamente las imágenes y, en las propias grabaciones de la fuerza, se ve a los gendarmes levantando y tirando piedras, pasando con palos en las manos. Entonces, cómo puede concluir el Ministerio de Seguridad en su informe interno que ahí no hubo ninguna responsabilidad cuándo sin haber siquiera entrado a la Pu Lof ya vemos las irregularidades que están cometiendo los propios agentes. Entonces, la flagrancia era porque los miembros de la comunidad estaban tirando piedras, y ¿los gendarmes que estaban haciendo? Sobre ese hecho que está acreditando en el expediente nadie habla. Obviamente, nuestra preocupación es saber y conocer qué pasó con Santiago el 1 de agosto y hasta el 17 de octubre pero acá hay un montón de cuestiones que ya están acreditadas en la causa y que nadie hace nada. Eso es impunidad. La familia va a continuar su lucha hasta saber la verdad y que haya justicia.
Foto: Nicolás Stulberg
— ¿Qué pruebas faltan investigar que apuntan a Gendarmería?
—Desde como ingresan a la comunidad hasta el ocultamiento de la información que hicieron. Esto está registrado en el expediente. Hay algunos registros fotográficos y fílmicos que no se pudieron recuperar o están cortados. Eso demuestra un ocultamiento en la información en el registro y una falta de control de las autoridades sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Nosotros queremos avanzar en las responsabilidades porque es la única garantía de que no vuelva a repetirse un hecho como éste. Tienen que quedar claras las responsabilidades para aplicar las sanciones que sean necesarias: administrativas, penales o civiles.
Cuando una persona está utilizando un arma proporcionada por el Estado, en cumplimiento de una obligación del Estado su accionar ya no goza del beneficio de la duda como lo tiene cualquier otra persona. El Estado no tiene ningún beneficio de la duda así que eso es una ilegalidad.
— Parece difícil pensar en eso cuando, según las declaraciones de varios funcionarios, le otorgan el beneficio de la duda a sus fuerzas de seguridad, como pasó con el caso de Rafael Nahuel. Pareciera que es la misma metodología.
— Claro, lo que pasa es que decir eso es una ilegalidad porque acá el beneficio de la duda es solamente para las personas, para los ciudadanos frente al poder del Estado. Cuando una persona está utilizando un arma proporcionada por el Estado, en cumplimiento de una obligación del Estado, su accionar ya no goza del beneficio de la duda como lo tiene cualquier otra persona. El Estado no tiene ningún beneficio de la duda así que eso es una ilegalidad. Los funcionarios y las funcionarias que hablan en esos términos están incurriendo en ilegalidades. Es un derecho humano de las personas y que no lo tiene el aparato estatal.
— Respecto al accionar del gobierno nacional y sus funcionarios con Patricia Bullrich a la cabeza, ¿por qué crees que primero negaron que Santiago estaba en la comunidad ese 1 de agosto, después deslegitimaron el reclamo por su búsqueda y luego implantaron mentiras?
— No se cuales son las motivaciones personales de cada uno pero lo que sí puedo decir es que ese encubrimiento es la metodología que tiene el Estado represor de incurrir en estas ilegalidades y que generan las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las prisiones de personas inocentes sin el debido proceso. Esto es una metodología que tiene el Estado que cree que con el ropaje de la democracia puede accionar como quiera y no es así. Los fundamentos y las razones de cada persona las desconozco pero sí puedo ver el accionar de los funcionarios públicos que representan y que son el Estado en funcionamiento. Esto es una forma de represión que ha generado al Estado argentino condenas a nivel internacional, y que las va a seguir generando, por el accionar represivo y por no tener control de las fuerzas de seguridad.
Foto: Gustavo Yuste
— Pensando en la experiencia en el caso de Iván Torres, el joven desaparecido por funcionarios estatales en 2003, en el que también representaste a la familia, ¿qué factores se repiten en el accionar estatal y judicial? ¿En los casos de desaparición forzada se da de igual forma el encubrimiento por parte del Estado?
— Sofía Tiscornia, la especialista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Iván Torres, planteaba que el accionar de las fuerzas de seguridad no forma parte del accionar de un grupo que está afuera del Estado sino que forma parte de su estructura. Por eso, la mayor responsabilidad que tiene el Estado es modificar estas conductas porque son fuerzas que responden a su propia lógica. No son grupos paramilitares, el accionar es de gente que cobra su sueldo y que forma parte de la estructura estatal y que es avalado por el Estado. No solamente por el Poder Ejecutivo que es a quien responden, sino también por el Poder Judicial. También del Poder Legislativo que no ha modificado esas conductas a través de las leyes, sino que la ha recrudecido y habilita la violencia estatal.
El hecho de que el presidente diga que es amigo de quien ha usurpado históricamente esas tierras ya deja en claro cual es la política represiva y quienes son los muertos que vamos a tener en esa zona.
— Desde la llegada del gobierno de Mauricio Macri al poder, la cantidad de muertes en manos del Estado aumentó notoriamente, a pesar de que la represión existió en todos los años de democracia. CORREPI habla de un muerto cada 23 horas producto del accionar represivo. De igual forma, las comunidades originarias son hostigadas desde hace tiempo también por la lucha y la recuperación de sus tierras. ¿Vinculas la muerte de Santiago a estos dos hechos?
— Sí, estamos hablando exactamente de lo mismo, de la misma lógica y de los mismos intereses que tiene el gobierno de a quién proteger. Esta protegiendo territorio en contra de quienes son los pueblos originarios de esas tierras. Es la misma lógica de tierras usurpadas por intereses extranjeros, en una zona estratégica en el mundo por el agua, por los minerales, por el aire, en contra de las personas que tienen el legítimo derecho y reclamo de estar allí. Por eso, el caso de Santiago Maldonado empezó con Otranto militarizando esa zona. Entonces, en este sentido, es lógico este avance sobre el territorio en contra de las comunidades y que se esté recrudeciendo eso. El hecho de que el presidente diga que es amigo de quien ha usurpado históricamente esas tierras ya deja en claro cual es la política represiva y quienes son los muertos que vamos a tener en esa zona.
— Con tu experiencia en los casos de desaparición forzada, ¿crees que es posible la justicia? ¿Es posible encontrar a los responsables y que sean condenados por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado?
— Si no creyera realmente que es posible sería una cínica. Creo que es muy difícil pero que no es imposible. Por eso trabajamos y por eso estamos manteniendo este reclamo por justicia, por creer que se puede. Porque las sociedades nos merecemos luchar para tener justicia y para que no se repitan los hechos. Por eso estamos reclamando. Santiago Maldonado estaría en la calle reclamando un hecho como éste. Por eso acompañamos a las Madres de Plaza de Mayo en las rondas de los jueves que desde hace 40 años reclaman y cuando se logra la condena de algún genocida festejamos el hecho de haber logrado justicia. Es un camino muy largo pero necesario.
