Se acerca un nuevo aniversario de la dictadura cívico-militar y la necesidad de recordar el horror del genocidio se vuelve fundamental. Un golpe que, sin duda, desapareció, torturó y exterminó a miles de personas es necesario recordarlo, cuestionar sus causas y, sobre todo, sus consecuencias. Sin embargo, a 42 años del genocidio existen sectores que deslegitiman la lucha de los organismos de Derechos Humanos y el número de víctimas. En La Primera Piedra te contamos porqué los detenidos-desaparecidos son 30.000.
Muchos sectores políticos, grupos económicos, mediáticos y de poder buscan relativizar el horror del genocidio, minimizar su envergadura y deslegitimar la histórica lucha emprendida por los organismos de Derechos Humanos, investigadores y militantes para reconstruir los datos que la dictadura cívico-militar intentó silenciar, ocultar y eliminar. La cifra de los 30.000 detenidos-desaparecidos no solo es un símbolo de esta reconstrucción social e histórica sino un número que implica la crueldad del plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio. Sin embargo, este número está lejos de exagerar la verdadera cantidad de víctimas.
El registro del terror
En principio, se conoce por testimonios de sobrevivientes, de los mismos militares y de documentos desclasificados la existencia de archivos y el registro de la cantidad de detenidos-desaparecidos que estuvieron en cautiverio. Se registraban sus nombres, les sacaban varias fotos y llevaban un relevamiento de su pertenencia política. Estos archivos, muchas veces, estaban a cargo de los mismos detenidos como tareas de trabajo esclavo, tal es el caso de Víctor Basterra en la Escuela de Mecánica de la Armada, quien sacaba fotos a los secuestrados que se encontraban en cautiverio y pudo esconderse varios negativos que fueron prueba judicial.
Muchos intuyen que estos registros y listados se destruyeron con la llegada a la democracia. Sin embargo, en muchos casos se encontraron los archivos intactos y guardados. La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) es un gran ejemplo de esto: fue creada en 1956 y disuelta en 1998, en 2001 se puso a disposición de la Comisión Provincial de la Memoria uno de los archivos más grandes sobre la represión en Argentina y en toda la región. Sumado a esto, diferentes documentos desclasificados nacionales e internacionales dan cuenta de la persistencia de estos archivos de la represión.
Documentos desclasificados en Estados Unidos en el año 2006 revelaron que los miembros militares del genocidio en el año 1978 ya reconocían la cifra de 22.000 personas que habían sido secuestradas y desaparecidas desde 1975 hasta poco después del Mundial realizado en Argentina. Otros archivos nacionales que fueron abiertos en los últimos años, muchos de ellos de tipo administrativo, dan cuenta del registro minucioso que llevaban los militares a la hora de dar cuenta de su accionar represivo. Este detalle señala que la información se generó y existe. ¿Dónde y quién la tiene?
Una memoria fragmentada y en construcción
La intención de poner en discusión el debate sobre la cifra de víctimas está lejos de esconder un reclamo por la apertura de los archivos estatales que aún se encuentran cerrados. Por el contrario, se demuestra un profundo desconocimiento por el proceso de reconstrucción social de datos, la recolección de testimonios e información, en definitiva, de la complejidad del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
Las cifras siempre son inacabadas y parciales, porque la cantidad de denuncias desde el fin de la dictadura hasta la actualidad siempre siguió en constante crecimiento. Nunca se cerró el conteo de las víctimas directas del genocidio, pero tampoco el desarrollo de esta información siempre fue igual. Hubo períodos de mayor silencio, por miedo y temor, como el que siguió a diciembre de 1983 porque muchas víctimas seguían siendo vigiladas. Pero también hubo períodos de mayor cantidad de denuncias como cuando se reiniciaron los procesos judiciales a partir de 2006 dado que el avance de las causas y condenas promovió que las personas se acerquen a declarar amparados por la existencia de justicia.
Una de las razones para discutir el número de detenidos-desaparecidos por la dictadura cívico-militar es tomar el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) realizado en 1984 como definitivo. Si bien para el momento en que se realizó fue un trabajo sumamente destacable -a pesar de haber sostenido la existencia de la teoría de los dos demonios-, en aquel año muchos sobrevivientes tenían temor de dar testimonio, muchos familiares no conocían la verdad del destino de sus seres queridos y gran parte de la sociedad elegía mantener el silencio. Los organismos de Derechos Humanos y los familiares que allí se agruparon fueron una mínima parte de la cantidad de familias que sufrieron perdidas.
Desde la publicación del “Nunca Más” hasta la actualidad, la recopilación de nuevos testimonios, los listados de los desaparecidos, la aparición de nuevos datos, la existencia y el descubrimiento de centros clandestinos de detención ha ido aumentando a lo largo del periodo democrático. Esta reconstrucción se dio a modo de rompecabezas a través de la investigación de quienes decidieron encontrar verdad y justicia, mientras el Estado elegía ocultar, eliminar y seguir callando. Las leyes de impunidad no colaboraron con este proceso, pero si el proceso de apertura a los juicios de lesa humanidad a partir de 2006.
Hay una gran cantidad de personas que aún no hablaron, otros lo hicieron hace muy poco, pero hay familias que no pudieron o no quisieron hablar, otras que desaparecieron en su totalidad. Muchos sobrevivientes, sobre todo en los sectores rurales y en el interior del país siguen callando. Jorge Julio López decidió testimoniar siempre que pudo y desapareció en 2006 por segunda vez, hace tan solo 12 años. Entonces, ¿cómo se puede tomar como definitiva la cifra señalada por la CONADEP en 1984?
Al igual que con las víctimas, lo mismo sucede con otros datos numéricos de lo que implicó el genocidio. Mediante esta reconstrucción colectiva se descubrieron nuevos espacios de cautiverio, nuevos lugares de detención, nuevos nombres de desaparecidos y de fusilados. En el informe «Nunca Más» se relevaron 340 centro clandestinos de detención, tortura y exterminio, hoy se conoce la existencia de más de 600. Lo mismo sucede con cualquier tipo de listado referido a la dictadura cívico-militar. También, con el trabajo colectivo, se descubrió que bebés que deberían haber nacido nunca lo hicieron por haber asesinado a sus madres estando embarazadas, o mediante el testimonio de compañeros de cautiverio se conoce que determinadas mujeres estaban embarazadas mientras se encontraban secuestradas, información que la familia quizás no sabía.
Entonces, no solo se está discutiendo un número sino que se está poniendo en cuestión la existencia misma del genocidio y se recurre al negacionismo de un proceso histórico terrible para el pueblo como lo fue en Argentina. Nunca sabremos la cifra exacta porque justamente el genocidio implica esa imposibilidad. Al número de 30.000 se llega de forma fragmentaria, artesanal y producto de un trabajo fuertemente militante, y responde a estimaciones que están fundadas en los datos certeros que se tienen.
En el año 2009, quien fuera Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, señaló diferentes variables para llegar a la cifra de 30.000 sin que sea «arbitraria ni caprichosa». Expresó que respondía a la cantidad de centros clandestinos que existieron en todo el país; a las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los centros más grandes centros como la ESMA, Campo de Mayo o La Perla, ya que estos solos superaban largamente el número registrado en la CONADEP. También se tuvieron en cuenta la cantidad de Habeas Corpus presentados durante la dictadura cívico-militar, la cantidad de militares afectados a la represión ilegal que superaban los 150 mil agentes, las propias expresiones de militares previas al golpe de 1976 y los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Por otro lado, el especialista en procesos genocidas, Daniel Feierstein, cuando volvió a reflotar el cuestionamiento a la cifra en el año 2016, señaló en Página/12 un ejemplo basado en su equipo de investigación. En Tucumán, el informe de la CONADEP del año 1984 tenía registradas 609 denuncias. Al día de hoy, la Secretaría de Derecho Humanos de la Nación cuenta con un total de 1005 denuncias con información verificada y completa, y su equipo un total de 1202. Es decir, el doble de casos que el «Nunca Más». Si bien dicho ejemplo no es extrapolable a todo el país, da cuenta de los cambios que sufrió la información obtenida al retornar la democracia. A su vez, asegura: «Las nuevas denuncias tienen un pico de crecimiento muy fuerte a partir de la reapertura de las causas y la existencia de nuevas sentencias en el año 2006«.
(Leer nota: Entrevista a Daniel Feierstein: “El negacionismo busca minimizar la propia existencia del genocidio”)
También remarca la amplia cantidad de sobrevivientes que se conocen en la actualidad, mientras que en la década del ’80 eran mucho menores. Esto se puede deber a distintas cuestiones: «El objeto del terror fue atravesar al conjunto de la población con el sistema concentracionario, siendo que mucha más gente de la que creemos transitó por dicho sistema y fue devuelta a la sociedad para diseminar el terror. (…) Quien fue secuestrado por períodos breves tuvo mucho menos que explicar a sus seres queridos, resultando más fácil la negación o represión de lo vivido. Por otra parte, quienes fueron detenidos y torturados por pocas horas en comisarías, no necesariamente identificaron su situación como “desaparición”. Hoy se denuncian más casos porque se logra percibirlos como tales», afirma Feierstein.
Foto: Daniel García
Un detalle interesante para sumar al absurdo de la discusión, es que estas estimaciones se realizaron en momentos dónde todo el sistema de reparaciones económicas del Estado (subsidios) era inimaginable. Es decir, que en caso de que la cifra se haya «inventado» para cobrar dinero, tal como señalan varios personajes públicos, se debería haber pronosticado que en algún momento el derecho internacional y las condiciones en el país iban a generar esa política pública de reparación económica. Esto es, por lo menos, inverosímil.
¿Qué define la categoría de victima?
Situarse en un número menor a 30.000 es minimizar el rol genocida y desconocer la dimensión clandestina de la represión. Debido a esto es que se da la imposibilidad de lograr un listado final. El número de 30.000 quedaría chico dado que, a pesar del ocultamiento, la desaparición de la mayoría de las víctimas y el silencio, se logró llegar a esta cifra, pero ¿y todo lo que aún no se conoce? De todas formas, la exigencia de información no se debe reclamar a los organismos de Derechos Humanos que tanto han hecho por esta reconstrucción de memoria, sino a quienes perpetraron el genocidio: militares y cómplices civiles.
Sin embargo, hablar de que los 30.000 responden a un símbolo necesario de la lucha de Derechos Humanos también es ningunear a las víctimas. Demostrados datos dan cuenta de la magnitud del genocidio y que sus víctimas no solo son las más de 30.000 desaparecidas, sino que también lo son sus familiares, sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo y de lucha.
Una cifra que se queda realmente corta para hablar de todas las víctimas de la dictadura cívico-militar: los desaparecidos que aún continúan en tal condición, los sobrevivientes que pasaron por centros clandestinos de detención y hoy están vivos, los presos en comisaría o a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, los exiliados y sus hijos, los exiliados internos, los padres y las madres que perdieron a sus hijos, los abuelos y las abuelas que perdieron a sus hijos y nietos y un largo etcétera.
La sociedad toda es víctima de un genocidio que sigue persistiendo y que solo benefició a los sectores que aún se mantienen en el poder. Entonces, cuando se habla de números hay que valorizar el trabajo realizado en la reconstrucción del horror, luego golpear la puerta al Estado y exigir la apertura de los archivos de la represión. Aunque, después de todo, el genocidio no se puede reducir solamente a una cuestión contable.
