La dictadura fue cívico-militar. El golpe del 24 de marzo de 1976 fue planificado entre múltiples sectores de poder. Entre ellos, y fundamentalmente, los sectores empresarios tuvieron un alto grado de responsabilidad y participación en el genocidio. Muchas empresas han estado involucradas en los secuestros, torturas y desapariciones de sus trabajadores. Ford, Mercedes Benz, Las Marías, Ledesma, La Veloz del Norte y Molinos Río de la Plata son algunas de las empresas que integran esta lista. (Foto de portada: La Tinta)
Muchas empresas fueron partícipes de la dictadura cívico-militar. No solo fueron cómplices del exterminio sino que en muchos casos fueron responsables directas de los secuestros, torturas y desapariciones de centenares de trabajadores. Frente a la organización de los obreros, la dictadura fue la excusa para eliminar los derechos, «ordenar» las fábricas, instalar centros clandestinos dentro de las plantas y realizar secuestros a la vista de todos sus trabajadores a modo de disciplinamiento.
En el siguiente listado, recopilado en el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”*, se encuentran las 25 principales empresas nacionales y filiales de compañías internacionales radicadas en el territorio argentino que están involucrados en secuestros, torturas y desapariciones. Estas empresas están implicadas en violaciones de Derechos Humanos contra más de 900 víctimas del terrorismo de Estado, dentro de las cuales 354 se encuentran desaparecidas y 65 fueron asesinadas. La mayoría eran trabajadores activos en los procesos de conflicto y organización obrera.
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La represión al interior del movimiento obrero llevada adelante por las fuerzas armadas durante la dictadura cívico-militar fue posible en el territorio de las fábricas porque las empresas participaron activamente proveyendo información, señalando a quienes debían eliminar y observando las torturas de sus trabajadores. Estas tareas fueron cruciales para el éxito militar. En muchos casos el accionar represivo se dio a partir del año 1974 o 1975 anticipando la brutalidad de los años siguientes. Estas empresas maximizaron sus ganancias a costa de la sangre de sus trabajadores.
Ingenio Concepción
Entre 1974 y 1983, la Compañía Azucarera Concepción fue la propietaria del Ingenio Concepción. Ése era el más importante de la provincia de Tucumán hasta la actualidad. Allí, al menos 26 trabajadores fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, de las que 21 aún se encuentran desaparecidas y, por lo menos, 11 habían integrado la comisión directiva y el cuerpo de delegados del sindicato que fue completamente descabezado mediante la represión. Por parte de la empresa se comprobó el aprovisionamiento de camionetas del Ingenio y el suministro de información para la represión y desaparición de los obreros. Esta situación, a la empresa azucarera, le permitió disminuir a la mitad la planta de trabajadores y lograr ganancias extraordinarias.
Ingenio La Fronterita
El Ingenio La Fronterita, propiedad de José Minetti & Cía. Ltda. SA, fue uno de los 16 ingenios azucareros que funcionó desde 1974 a 1983 en Tucumán. Al menos 25 obreros de la empresa sufrieron delitos de lesa humanidad desde 1974: dos fueron asesinados, nueve desaparecidos, 14 secuestrados y posteriormente liberados. Al menos siete habían integrado la comisión directiva y el cuerpo de delegados del sindicato. A su vez, Minetti y el administrador mandaron a secuestrar a un obrero. También, la empresa otorgó parte de la propiedad a las fuerzas armadas para que sea utilizada como centro clandestino de detención, con expreso conocimiento por parte de los administradores de que allí se torturaba y se mantenía cautivas a las personas. A su vez colaboraron en el señalamiento de obreros y proveyeron medios de transportes para los secuestros. Sumado a esto, la empresa aumentó considerablemente sus ganancias.
Ingenio Ledesma
Cientos de personas resultaron víctimas del terrorismo de Estado en las localidades de Libertador General San Martín y Calilegua, en Ledesma, Jujuy. Por lo menos 60 personas eran empleados de la empresa, como operarios de fábrica o zafreros, o tenían un rol activo en los sindicatos. También docentes, médicos, abogados y estudiantes de dichas localidades fueron víctimas de la represión vinculadas a la compañía, debido al extendido dominio que Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial (SAAI) había construido en la zona a lo largo de varias décadas. Más de 30 personas continúan desaparecidas. La compañía no solo colaboró activamente, sino que participó en la planificación de los hechos represivos. Numerosos testimonios y documentos dan cuenta de cómo directivos y altos empleados de Ledesma SAAI se involucraron en los secuestros de los trabajadores, algunos en la misma fábrica. También se señala el uso de camionetas de la compañía, además de las listas de personas a detener que fueron dadas por Ledesma.
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Minera Aguilar
La compañía Minera Aguilar SA, de origen estadounidense, se instaló en la zona cordillerana argentina para realizar la extracción y explotación de minerales. Este usufructo estuvo marcado por los altos beneficios económicos para la empresa, sometiendo a los mineros y sus familias a inhumanas condiciones de vida. Ante esto, los trabajadores organizados realizaron dos huelgas históricas, la última en 1973 que fue conocida como el “Aguilarazo”. Sin embargo, a partir de marzo de 1976, durante la dictadura cívico-militar, se produjo la detención de, por los menos, 31 obreros en la mina, quienes fueron transportados con vehículos de la empresa a distintas dependencias de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Los directivos de la empresa proveyeron la información necesaria para garantizar dicho operativo.
La Veloz del Norte
La Veloz del Norte es una compañía de transporte automotor de pasajeros de Salta que ofrece recorridos provinciales, nacionales e internacionales. Entre 1973 y hasta el golpe de 1976, los trabajadores vivieron un proceso de conflictividad ascendente para elevar el piso de derechos y en protesta frente a despidos arbitrarios e injustificados. La situación no cambió y, a partir de 1976, al menos 22 trabajadores de La Veloz del Norte resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado pero ninguno de ellos está desaparecido. Todos fueron detenidos durante enero de 1977, llevados a una comisaria de la capital de Salta y sometidos a torturas. Luego, fueron liberados. La evidencia señala que la empresa manejaba un elevado nivel de información acerca de las detenciones y que tuvo una directa responsabilidad: hubo provisión de vehículos personales, micros, listados y galpones para la ejecución de los secuestros. Al no haber desaparecidos, hay testigos directos que denuncian la participación del dueño, Marcos Levín, y de personal jerárquico que presenciaron los secuestros y las torturas a los trabajadores.
Acindar
La empresa siderúrgica Acindar Industria Argentina de Aceros SRL instaló una segunda planta, en 1951, en la localidad de Villa Constitución. En 1974, la comisión interna se convirtió en uno de los exponentes más visibles del sindicalismo combativo a nivel nacional. Frente a esto, el gobierno nacional denunció la existencia de un complot subversivo y, el 20 de marzo de 1975, la ciudad fue ocupada por parte de un conjunto de fuerzas represivas. Este proceso es uno de los casos paradigmáticos de la represión a trabajadores antes del 24 de marzo de 1976. Casi 100 personas vinculadas con la empresa Acindar fueron víctimas de delitos de lesa humanidad: 18 fueron asesinados, ocho aún continúan desaparecidos y 69 estuvieron detenidos y luego fueron liberados. La empresa cedió medios de transporte y legajos personales de los trabajadores, permitió la militarización de la planta y la detención de trabajadores allí, y la instalación de un destacamento policial dentro de ella que fue usado como centro clandestino de detención. El presidente de Acindar en 1975 era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego se convirtió en Ministro de Economía desde marzo de 1976, demostrando así la fuerte vinculación de la empresa con las fuerzas militares.
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Dálmine-Siderca
En los años ’70, la compañía de tubos de acero sin costura Dálmine-Siderca era una de las principales siderurgias integradas del país. Con la instalación del terrorismo de Estado, más de 80 trabajadores fueron secuestrados: 39 están desaparecidos, siete fueron asesinados y 34 son sobrevivientes. Además, 22 personas vivieron la represión antes del golpe de Estado de 1976. Muchos de ellos tenían militancia gremial y política y vínculos con organizaciones político-militares, y varios ejercían cargos formales como miembros de la comisión interna. La empresa organizó secuestros en la planta y fue partícipe del seguimiento de inteligencia de quienes resultaron víctimas. También, proveyó financiamiento para varios centros clandestinos que se conformaron en la zona de Campana y Zárate. Los mismos directivos instigaron o presenciaron secuestros de trabajadores.
Astilleros Astarsa y Mestrina
Astarsa y Mestrina eran los dos astilleros más grandes existentes en la zona norte del conurbano bonaerense a mediados de la década del ’70. En sus talleres se fabricaban grandes, medianas y pequeñas embarcaciones. Sus trabajadores protagonizaron unos de los capítulos más conflictivos, con tomas de fábricas y convergencia de reclamos obreros y organización armada. Con la llegada de la dictadura, al menos 51 de ellos sufrieron la represión empresarial-estatal. En total hay 10 asesinados, 21 desaparecidos y 20 liberados. La responsabilidad empresarial se pone de manifiesto al ocurrir detenciones en las fábricas incluso en presencia de directivos. A su vez, aportaron listados con los domicilios dado que otros fueron secuestrados en sus casas.
Lozadur y Cattaneo
Lozadur y Cattaneo eran dos de las fábricas más grandes de ceramistas en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Las condiciones de trabajo en la industria ceramista se caracterizaron por la extrema precarización, por eso hubo una ola de conflictos que comenzaron antes del 24 de marzo de 1976 y siguieron en 1977. Por ello, los obreros más activos fueron secuestrados. Al menos 16 trabajadores fueron detenidos durante el terrorismo de Estado: 14 están desaparecidos y dos fueron asesinados. Las pruebas señalan el conocimiento de ambas empresas acerca de las desapariciones y que pusieron a disposición distintos recursos para ejecutar la represión. Por otro lado, el Ejército se mantenía dentro de la fábrica amedrentando a los trabajadores en situaciones de conflicto laboral. Allí se llevó acabo el secuestro de obrers mientras ocupaban sus puestos de trabajo.
Ford
Ford es una de las empresas automotrices más importantes en el país. Durante la década del 70 se vio atravesada por la crisis del sector, mientras sus trabajadores fueron protagonistas en distintas jornadas de lucha. Se ha constatado la existencia de 37 víctimas que fueron empleados de la empresa en General Pacheco, represión centrada particularmente en el cuerpo de delegados. Del total de secuestrados, 24 trabajadores detenidos han señalado la participación de los directivos de Ford en los secuestros, detenciones y torturas. Además, en el mismo predio de la empresa se destinó el espacio del quincho como centro clandestino de detención: allí se alojaba y torturaba por varias horas a los delegados detenidos. Muchos testimonios señalan la fuerte vinculación que la empresa mantenía con fuerzas militares, así como el aporte de una lista de nombres de trabajadores, información y recursos logísticos al servicio del genocidio.
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Mercedes-Benz
Mercedes-Benz inicia sus actividades en Argentina en septiembre de 1951. Durante la década de 1970 se incrementó la conflictividad en cuanto a temas salariales y vinculados a las condiciones de trabajo. Con la llegada de la dictadura cívico-militar, más de 20 trabajadores fueron detenidos: hay 15 que continúan desaparecidos. La mayoría de ellos realizaba una militancia gremial en la fábrica o había participado activamente en los conflictos laborales. La empresa contaba con un alto nivel de información acerca de las desapariciones y colaboró en gran medida con la represión. Algunos directivos tuvieron una directa responsabilidad en los secuestros y en el aporte de información detallada sobre el desempeño laboral, las direcciones y los datos de las víctimas.
Grafa y Grafanor
Grandes Fábricas Argentinas (Grafa) de Bunge & Born, contaba con una enorme planta en la Capital Federal. Por estrategia empresarial generaron las Grandes Fábricas del Norte (Grafanor) que fueron ubicadas en Santiago del Estero y Tucumán. En los 70, la actividad fue una de las más perjudicadas por la crisis. Con la represión, 40 trabajadores de estas textiles fueron secuestrados: 20 permanecen desaparecidos y tres fueron asesinados. Varios casos ocurren antes del golpe de Estado y en Tucumán, donde el terrorismo de Estado hizo sus primeros pasos. Una de las principales pruebas de la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad es que el coronel José María Menéndez es nombrado en septiembre de 1976 como Gerente General de Grafa y Grafanor. Sumado a ello, distintas pruebas dan cuenta del involucramiento empresarial: el destacado rol gremial de las víctimas, la participación de la empresa en dar información sobre los trabajadores y en tareas de inteligencia con las fuerzas represivas, los secuestros inmediatamente posteriores a conflictos laborales y en simultáneo mediante el uso de listas aportadas por la empresa. Además de la presencia de oficiales militares en las fábricas.
Astillero Río Santiago
Creado en 1953 y puesto bajo la órbita de la empresa estatal Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado (AFNE), el astillero estimulaba el desarrollo de la industria pesada y militar industrial. En esta empresa ubicada en el partido bonaerense de Ensenada, al menos 70 trabajadores han sido secuestradas: 13 fueron asesinados y 32 personas continúan desaparecidas. A su vez, el astillero despidió a trabajadores de forma masiva y también produjo el autoexilio de otros, perseguidos y atemorizados, que optaron por no ingresar a la planta cuando se militarizó brutalmente, incluso desde antes del golpe de marzo de 1976. La empresa vinculada con la Armada argentina, comenzó a operar como una unidad más de la represión: la militarización de la fabrica, los secuestros en la puerta de ingreso y la cesión de un predio para la permanencia de detenidos en la planta, fueron algunas de las medidas que tuvieron como víctimas a los trabajadores del astillero y en las que tuvo responsabilidad directa la dirección de la empresa.
Propulsora Siderúrgica
Propulsora Siderúrgica (actual Siderar Ensenada) se encuentra radicada en la ciudad de Ensenada y es propiedad del Grupo Techint. Durante los años de dictadura, el Estado les brindó facilidades crediticias, exenciones impositivas y tarifarias, hasta la absorción de deudas privadas en 1982. En 1975, los trabajadores más comprometidos sindicalmente sufrieron la persecución y la muerte. Llegado el año 1976, la lista de trabajadores perseguidos, secuestrados y asesinados o desaparecidos se incrementó fuertemente: 6 asesinatos, 19 desapariciones y al menos 11 ex detenidos desaparecidos o ex presos políticos que fueron liberados. La empresa tenía conocimiento sobre lo que sucedía, entregó documentación que facilitó la represión y además hay pruebas que señalan una participación más activa en los hechos represivos.
Petroquímica Sudamericana
Petroquímica Sudamericana era una fábrica textil fundada en 1959 por Jorge Curi. En 1971, los trabajadores realizaron una “gran huelga” que terminó con el despido de todos los que integraban la comisión interna. Paralelamente, la empresa tenía un fuerte vínculo con las fuerzas de seguridad. En la dictadura cívico-militar, casi 20 víctimas de crímenes de lesa humanidad tenían vinculación laboral directa o indirecta con Petroquímica: 1 de ellos fue asesinado y 10 continúan desaparecidos. La mayoría tenía un reconocido activismo gremial dentro de la fábrica y militancia política en organizaciones políticas o políticas-militares. La responsabilidad de directivos y personal jerárquico tiene que ver con la vinculación con agentes de inteligencia policial, los secuestros dentro y fuera de la fábrica y la ferviente defensa del genocidio por el dueño de la empresa.
Swift
La planta del frigorífico Swift que se ubicaba en Berisso contaba con 5000 obreros aproximadamente al momento del golpe. Durante la dictadura, se operó un drástico recorte, empleando a solo 836 trabajadores. Esto se sumo a la situación de que muchos formaban parte de una importante militancia sindical y política de la región, que denunciaban las malas condiciones de trabajo y salario, hasta la represión que estaban sufriendo. Esto derivó en que los empleados del frigorífico se convirtieran en uno de los objetivos principales a reprimir por el poder dictatorial y los sectores empresarios. Al menos 41 víctimas del terrorismo de Estado señalan la responsabilidad de esta empresa: 6 fueron asesinadas y 15 desaparecidas. De este número, 13 eran delegados y al menos otros 5 tenían algún tipo de actividad político-gremial. La responsabilidad empresarial puede verse en: la presencia militar y detenciones en la propia planta, trabajadores en cautiverio y sometidos a torturas, participación en la logística ilegal, empleo de personal militar o de seguridad en puestos claves y los secuestros e interrogatorios vinculados a la actividad gremial.
Alpargatas
En la década del 70, en las plantas de la empresa se incrementó la presencia de militantes de izquierda y se profundizaron los reclamos laborales, salariales y por condiciones dignas de trabajo. Bajo el gobierno militar, a la vez que obtenía grandes beneficios económicos, la empresa se valió del accionar represivo de las fuerzas de seguridad para contrarrestar el descontento y la conflictividad generados por la caída de los salarios. Soldados ingresaron a la fábrica, se produjeron secuestros de obreros y los directivos complementaron ese accionar iniciando un lockout. Se conocen por lo menos 18 trabajadores de Alpargatas que fueron detenidos: nueve están desaparecidos. Hay evidencia que demuestra el conocimiento de los ejecutivos sobre los secuestros de operarios y que la empresa colaboró con la represión. Algunos directivos tuvieron una directa responsabilidad en los crímenes.
Molinos Río de La Plata
Al menos 27 personas vinculadas a la empresa Molinos Río de la Plata fueron detenidas: 21 se encuentran desaparecidas, cuatro fueron asesinadas, una sobrevivió y una niña fue víctima de apropiación. El 7 de julio de 1976, varios integrantes de las fuerzas armadas ingresaron a la fábrica, ubicada en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, y secuestraron a un grupo de trabajadores, previamente señalados en listas proporcionadas por la empresa. Al menos siete obreros fueron secuestrados a partir de ese mismo día en su domicilio, en la vía pública o en el camino a la fábrica. Todas las víctimas tenían en común un fuerte protagonismo sindical. Las pruebas demuestran la participación de la empresa: por operativos realizados en la fábrica y por los allanamientos y secuestros que sucedieron en domicilios que solo la empresa tenía registrados. Molinos era una empresa muy importante del grupo económico Bunge & Born, y después de la dictadura se convirtió en una de las empresas más grandes del país.
Fiat
Al menos 118 trabajadores pertenecientes a las distintas plantas fabriles y oficinas de la Fábrica Italiana de Automóviles Torino (Fiat) asentadas en Argentina fueron secuestradas por el terrorismo de Estado: 52 están desaparecidos o fueron asesinados. La mayoría de estos trabajadores fueron delegados gremiales, participaron activamente en la comisión interna de la fábrica o incluso formaron parte del sindicato. Hubo estrechos vínculos entre la empresa y las fuerzas armadas, principalmente, entre áreas de seguridad de la empresa con dependencias de inteligencia y operativas de las fuerzas armadas para lograr el control y vigilancia en los centros fabriles. Tanto directivos como personal jerárquico de la firma tenían un elevado nivel de conocimiento acerca de las violaciones a los Derechos Humanos que se cometían contra sus trabajadores. Además, Fiat vendió equipamiento bélico (aeronaves) que fueron utilizadas a durante la dictadura con el objetivo de desaparecer los cuerpos de las personas detenidas-desaparecidas mediante los “vuelos de la muerte”.
Las Marías
Las Marías es un establecimiento agroindustrial ubicado en las cercanías de Gobernador Virasoro, en la Provincia de Corrientes, y su principal actividad es la producción de yerba mate. En la década del 70, los trabajadores rurales e industriales de la empresa forzaron a mejorar los salarios y las precarias condiciones de trabajo. Sin embargo, la dictadura cívico-militar cortó el proceso de movilización obrera mediante la represión de toda actividad política y gremial y con el secuestro de más de una decena de trabajadores, casi todos con participación en los sindicatos. Estos delitos de lesa humanidad dan cuenta de la responsabilidad empresaria y, particularmente, de quien era en ese entonces su presidente: Adolfo Navajas Artaza. Además de proveer información y recursos logísticos y materiales a las fuerzas que secuestraron, miembros del personal directivo y jerárquico del establecimiento motivaron las detenciones sufridas por los trabajadores. También había presencia policial en la empresa y hay casos de secuestros de trabajadores en viviendas de la firma.
Loma Negra
En la década de los 70 Loma Negra tenía fábricas en distintas provincias del país. Los trabajadores se organizaron y lograron importantes conquistas pero con la llegada del gobierno militar, muchas fueron revertidas. En la planta de Olavarría, al menos seis trabajadores de la empresa fueron detenidos y procesados por subversión y violación de la ley prohibitiva de acción gremial por una denuncia realizada por los propios directivos de la empresa. Estuvieron detenidos durante diez días, hasta que fueron liberados y pudieron regresar al trabajo. Otros seis trabajadores de una contratista que trabajaba en la fábrica también resultaron detenidos por denuncias empresarias y fueron acusados de sabotaje. Dos abogados laboralistas fueron secuestrados y torturados, y uno de ellos fue asesinado. En la planta de Barker, varios directivos de aquella seccional sindical sufrieron la persecución y las presiones empresariales-militares. En todos estos casos, hay evidencias de la responsabilidad empresarial: denuncia de los empresarios ante autoridades militares, amenazas con el uso de la fuerza e intervenciones militares en las fábricas, además del aprovechamiento de las nuevas relaciones laborales.
La Nueva Provincia
La Nueva Provincia es un diario centenario de la ciudad de Bahía Blanca, con una posición editorial marcadamente conservadora y a favor de la intervención militar hacia mitad de los ’70. El diario fue fundado por Enrique Julio, pero la dirección del mismo estuvo a cargo de la nieta del fundador, Diana Julio de Massot, desde 1959 y hasta su muerte en 2009. Ésta fue secundada por sus hijos Federico y Vicente Massot. Entre 1973 y 1976, en el diario se plantearon conflictos que protagonizaron los obreros del taller gráfico por aumentos salariales y por el efectivo cumplimiento del convenio colectivo de trabajo de 1975. Dos de los más combativos trabajadores fueron secuestrados, torturados y luego, asesinados en julio de 1976, a pocos meses de los conflictos con la empresa: Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, que tenían una activa militancia gremial dentro del diario. Los servicios de inteligencia actuaron en conjunto con la dirección empresarial para señalarlos. Estos hechos tuvieron un efecto fuertemente aleccionador entre sus demás compañeros.
*El informe fue presentado en el año 2105 y realizado en conjunto por el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos, el CELS y el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina).
