El debate por el aborto trajo aparejado la reacción de los sectores más conservadores de la sociedad que continúan dando la espalda a una realidad concreta, basándose en argumentos morales y religiosos. Ignorando los hechos certeros, una de las formas de desligitmar la lucha es negar las cifras que muestran la magnitud del problema de la clandestinidad. ¿Cómo surgen en realidad esos números? (Foto: Virginia Torres Schenkel)
En Argentina, así como en la gran mayoría de países de América Latina, la clandestinidad del aborto es una problemática urgente que afecta la vida de miles de mujeres ignoradas por el Estado. La falta de políticas públicas alrededor de la salud sexual y reproductiva genera un vacío que se justifica desde una perspectiva moral y religiosa y que implica desatender las necesidades, dando la espalda a hechos concretos que se minimizan al desestimar la voluntad de la mujer. Como sucedió en la denominada “Marcha por la vida” llevada a cabo el pasado domingo 25 de marzo, y como suele ocurrir cada vez que se rechaza la legalización del aborto, los argumentos giran en torno de la defensa de la vida, sin que en ningún momento se hable del riesgo que corren particularmente las mujeres de sectores populares.
Las estadísticas, tanto del país como de otras regiones del mundo, muestran que el aborto es una realidad que no puede negarse: la diferencia es que, en aquellos lugares en donde se encuentra legalizado, las muertes de mujeres descienden exponencialmente, gracias a un sistema de salud pública que garantiza acompañamiento y seguridad.
Las estadísticas, tanto del país como de otras regiones del mundo, muestran que el aborto es una realidad que no puede negarse: la diferencia es que, en aquellos lugares en donde se encuentra legalizado, las muertes de mujeres descienden exponencialmente, gracias a un sistema de salud pública que garantiza acompañamiento y seguridad. Esto viene de la mano también de una política conjunta de educación sexual integral y el acceso a anticonceptivos, dos medidas que parecen estar lejos de una implementación plena y efectiva a lo largo del país. Sin embargo, a pesar de las evidencias, los sectores más conservadores reniegan de las cifras reales, intentando deslegitimar los registros existentes, argumentando la falta de sustento que avale los números presentados por organizaciones y referentes.
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Foto: Virginia Torres Schenkel
Si bien es cierto que la clandestinidad hace que sea difícil contabilizar el número exacto de abortos y de mujeres muertas a partir de prácticas realizadas en condiciones precarias, los datos que suelen utilizarse en artículos periodísticos e informes de organizaciones que luchan por la legalización no carecen de fundamentos. Por el contrario, son resultado de un arduo trabajo de investigación que permite aproximarse a la complejidad de la problemática, representando así un parámetro de magnitud considerable para dar debate. Aún con las debilidades que puedan poseer los estudios – propias de la clandestinidad y del temor de la población a brindar información sobre una práctica considerada ilegal – los datos no fueron inventados en el vacío, como a veces se sugiere.
Si bien es cierto que la clandestinidad hace que sea difícil contabilizar el número exacto de abortos y de mujeres muertas a partir de prácticas realizadas en condiciones precarias, los datos que suelen utilizarse en artículos periodísticos e informes de organizaciones que luchan por la legalización no carecen de fundamentos.
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Tal como explica en un informe Amnistía Internacional, la última medición disponible sobre la cantidad de abortos realizados corresponde a un trabajo de investigación de las demógrafas Edith Alejandra Pantelides y Silvia Mario a pedido del Ministerio de Salud de la Nación en el año 2005. Allí, aplicaron un sistema de información cruzada basándose en dos metodologías de análisis, elegidas por sobre otras en función del contexto restrictivo del año 2005 – cuando el aborto se encontraba completamente penalizado, sin excepciones –: el denominado método de egresos hospitalarias y el residual. Según lo detallado por las autoras en sus investigaciones, ambos se basan en datos secundarios y entrevistas en profundidad con proveedores y actores vinculados con la salud sexual y reproductiva.
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Foto: Virginia Torres Schenkel
De acuerdo a lo explicado por Amnistía Internacional, “el método por egresos hospitalarios toma como datos básicos, en primer lugar, los egresos hospitalarios por aborto que surgen del registro de los hospitales públicos y que dan cuenta del motivo por el cual una mujer puede haber estado internada por un mínimo de 24 horas en un servicio en uso de una cama hospitalaria, su edad y sexo”. Además, se aplica una encuesta de percepción a actores que participen en prácticas de abortos inducidos, como enfermeras, obtstetras, acompanantes, entre otros, para obtener información que permita determinar, de forma aproximada, “cuál puede ser el número de abortos que quedan afuera de la cifra de abortos complicados -es decir, aquellos que requirieron internación y por ello están incluidos en la estadística sanitaria de “egresos hospitalarios por aborto”-”.
Si se hace promedio estimativo teniendo en cuenta ambos métodos, la cifra de abortos realizados en el país oscila entre los 486 mil y los 522 mil apróximadamente.
El método residual, construido a partir de un modelo desarrollado por un reconocido demgráfo, John Bongaarts, determina el número de abortos voluntarios a partir de la cifra faltante entre los nacimientos téoricos esperados y los nacimientos reales a partir de datos como la fecundidad real y la fecundidad máxima teórica; la prevalencia de uniones; el uso de métodos anticonceptivos; la cantidad de abortos; y el índice de infertilidad posparto. Si se hace promedio estimativo teniendo en cuenta ambos métodos, la cifra de abortos realizados en el país oscila entre los 486 mil y los 522 mil apróximadamente.
Foto: Virginia Torres Schenkel
A su vez, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación, el aborto es la principal causa de mortalidad materna en más de la mitad del país. Durante los últimos 30 años, las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de riesgo representan un tercio del total de las muertes por mortalidad materna. En 2016, del registro oficial de 245 mujeres embarazadas que muerieron por distintas causas, el 17,6% (43 defunciones) fueron muertes por un “embarazo terminado en aborto”. Como se mencionó anteriormente, esto también es un dato parcial, puesto que también existen muertes por aborto que se registran bajo otras causas y que no llegan a conocerse precisamente por la situación de clandestinidad.
Si bien es imposible arribar a cifras exactas, los estudios dan cuenta de cómo la clandestinidad del aborto afecta la vida de miles de mujeres alrededor del país. Sin políticas integrales de salud sexual y reproductiva que permitan decidir sobre el propio cuerpo, las muertes no disminuyen, como sí lo han hecho en países en los que la legalización es norma hace rato. En este contexto, tener en cuenta la información y los datos que desde los sectores más conservadores se continúan negando resulta fundamental para mostrar la importancia de la despenalización y la legalización del aborto, en tanto un derecho que otorga seguridad a quienes no tienen los recursos que la clandestinidad exige.
