Seis meses pasaron desde el día en que Santiago Maldonado desapareció tras el operativo represivo ilegal que llevó adelante Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut. Su cuerpo encontrado 77 días más tarde en el río Chubut puso fin a la angustia colectiva por su ausencia pero inició un reclamo por justicia aún más contundente. Es que, desde su hallazgo, medios y funcionarios niegan la responsabilidad estatal en el hecho, olvidando que Santiago Maldonado estaba con vida antes de la represión y negando una histórica tradición de tirar los cuerpos en el agua. (Foto de portada: Martín Rosenzveig)
Ni bien se confirmó que el cuerpo hallado en el río Chubut, el 17 de octubre del 2017 -en una coincidencia siniestra con el día que encontraron el cuerpo de Luciano Arruga tres años antes-, era el de Santiago Maldonado los medios de comunicación hegemónicos y los funcionarios del gobierno desligaron por completo la responsabilidad estatal en la desaparición forzada seguida de muerte. Sin embargo, con los resultados de la autopsia que solo dieron cuenta de que la causa de muerte fue asfixia por sumersión ayudado por hipotermia, no se confirmó con exactitud la fecha de muerte ni la circunstancias en las que falleció.
(Leer nota: La autopsia de Santiago Maldonado: el Estado sigue siendo responsable)
La única certeza sobre el caso de Santiago Maldonado, aún hasta el día de hoy, es que el 1 de agosto de 2017 fue visto por última vez con vida huyendo de la brutal represión que Gendarmería Nacional ejercía a fuerza de golpes y balas en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Estos datos siguen señalando al Estado como principal responsable, a pesar de toda la desinformación que buscaron instalar los medios de comunicación y funcionarios del gobierno nacional desde el comienzo de su búsqueda.
Desde la confirmación de su muerte, el caso pareció entrar en un olvido sistemático, en parte, manipulado por los grades medios que aprovecharon la ocasión para desvincular al gobierno y al Estado de su responsabilidad con un silencio cómplice.
Pero, desde la confirmación de su muerte, el hallazgo de su cuerpo y el resultado de la autopsia, el caso pareció entrar en un olvido sistemático, en parte, manipulado por los grades medios que aprovecharon la ocasión para desvincular al gobierno y al Estado de su responsabilidad con un silencio cómplice. Es más, desde aquel momento, periodistas de estos medios parecieron enfatizar en la nula responsabilidad de la fuerza represiva en el caso, ni hablar de la responsabilidad de los miembros del Poder Ejecutivo como Pablo Noceti y, mucho menos, Patricia Bullrich, quienes estaban implicados directamente en la desaparición seguida de muerte.
El agua escupe la mugre del Estado
No es la primera vez que una desaparición forzada de persona -en dictadura o en democracia- culmina con un cuerpo que aparece o se oculta en un río. Ni tampoco es la primera vez que eso permite cerrar la investigación de diferentes casos que apuntaban al accionar de las instituciones represivas, por más que todas las pruebas apunten a sus agentes. La desaparición forzada, el ocultamiento de los cuerpos y la metodología de arrojarlos al agua es una herramienta que también persiste para encubrir el accionar asesino de las fuerzas represivas.
Raúl Valentín Flecha era un vendedor ambulante rosarino que en 1996 fue detenido en Armstrong, Santa Fe. Desapareció en la comisaría y lo encontraron dos días después en el río Carcarañá. Ezequiel Demonty fue obligado a morir en el Riachuelo por efectivos de la Policía Federal en 2002, primero lo torturaron y después lo obligaron a tirarse a las aguas turbias del río urbano. Su cuerpo apareció una semana después. Víctor Balbuena tenía 20 años en 2003 cuando fue encontrado muerto en un arroyo en las afueras de Concordia, dos días después de ser detenido.
En el 2009, el cuerpo de Omar Andrés Peralta apareció en la orilla del río Chubut, tras estar más de un mes desaparecido. La última vez que se lo había visto con vida estaba en la Seccional Policial Tercera de Puerto Madryn en calidad de demorado. En octubre de 2014 aparecía el cuerpo de Franco Casco en el río Paraná, luego de estar 23 días desaparecido. El último lugar donde fue visto con vida era la comisaría séptima de Rosario.
Ismael Sosa apareció muerto en el Embalse Río Tercero, en Córdoba, luego de estar cinco días desaparecido en 2015. Allí había viajado para ver a La Renga, pero desapareció luego del primer control policial. Sebastián «Nino» Largueri, tenía 23 años y en agosto del 2015 apareció muerto flotando en el río Miriñay, tras estar 15 días desaparecido, en Monte Caseros, Corrientes. La última vez que lo vieron con vida fue detenido ilegalmente y golpeado por funcionarios policiales de la localidad.
Alejandro «Kiki» Ponce, tenía 23 años y su cuerpo fue encontrado en el río Paraná el 2 de noviembre de 2015, tres días después de que desapareciera en Rosario. Murió ahogado, hostigado y perseguido por efectivos policiales de la provincia de Santa Fe que fueron a amedrentarlo cuando él estaba pescando. Se tiró al agua, junto a su hermano, para evitar ser agredido pero no sabía nadar. Los efectivos no solo no ayudaron a rescatarlo, sino que además le arrojaron piedras para impedir que pudiera salir del agua.
En muchos de estos casos hubo condenas o procesamientos que dejaron sentada la responsabilidad de la fuerza de seguridad, mayormente de las policías locales, que desapareció y mató a cada uno de los jóvenes mencionados. Esta breve recopilación son solo pocos ejemplos de la brutalidad del Estado para comprender una metodología sistemática en los agentes policiales que se ven posibilitados para torturar, desaparecer, matar y arrojar los cuerpos al agua.
Foto: enREDando
El agua como método de ocultamiento pero también de impunidad remite a la dictadura cívico-militar cuando arrojaban los cuerpos vivos al Río de la Plata y al mar en los llamados «vuelos de la muerte», allí también varios cuerpos fueron devueltos por un río que escupía la muerte. Pero también estos casos, como se intento esbozar, se repiten en democracia con una sistematicidad siniestra en la que se despliega un encubrimiento cómplice entre la justicia, las instituciones represivas y los medios de comunicación que ocultan los delitos que acusan al Estado.
La aparición sin vida de Santiago Maldonado en el río Chubut luego de 77 días de encontrarse desaparecido tras un operativo represivo ilegal de ninguna forma puede cerrar la investigación ni tampoco deja de señalar al Estado como el principal responsable.
La aparición sin vida de Santiago Maldonado en el río Chubut luego de 77 días de encontrarse desaparecido tras un operativo represivo ilegal de ninguna forma puede cerrar la investigación ni tampoco deja de señalar al Estado como el principal responsable. Además apunta directamente a todos aquellos que quieren silenciar el caso una y otra vez: funcionarios de gobierno pero también periodistas y comunicadores que se empeñan en desligar al Estado.
Esta información permite comprender, desde otro aspecto, la tradición represiva de las fuerzas de seguridad y que, como mínimo, los comunicadores de los medios hegemónicos deberían poner en relación para entender que sucedió con el joven aquel 1 de agosto, aunque están lejos de interesarse en realizar un tratamiento más responsable del caso. En paralelo, la fuerza de medios independientes, organizaciones y militantes seguirá preguntando qué pasó con Santiago Maldonado, exigiendo justicia y señalando a un Estado responsable.
