El caso Chocobar se ha tomado desde el Gobierno nacional como un tema de Estado. Debido a esto, tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich salieron a apoyar el accionar llevado adelante por el policía y defendieron un cambio de doctrina en el que los agentes uniformados son inocentes en un «enfrentamiento» y que si fusilan a un joven por la espalda es una «acción de cumplimiento de deber de un funcionario público”. Frente a estos comentarios, apareció de forma increíble un debate retrogrado sobre la pena de muerte.
«La gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes. Hemos hecho encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte». Esta frase fue expresada por el consultor y asesor de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, luego de las declaraciones de Patricia Bullrich, quién señaló que «el policía actúo como debería actuar”. Estos comentarios manifestaron un aval discursivo al accionar represivo de la institución policial, pero también un accionar que se va a defender como «política pública» del Gobierno nacional.
(Leer nota: La única forma de que el Gobierno te defienda es siendo policía)
La frase expresada por Durán Barba no fue inocente, tuvo la clara intención de instalar un debate por la pena de muerte. Debate que, de entrada, es sesgado por los lugares comunes y la desinformación que circula en los medios masivos de comunicación que reproducen la consigna como si se tratara de la única solución al gran problema de la «seguridad». Debate que pareciera jugar con la vida y la muerte solo con fines eleccionarios.
Algunas aclaraciones. El gatillo fácil al que pretenden dar rienda suelta con estas aseveraciones oficiales se reproduce desde 1983 a la fecha con cotidianidad en los sectores populares. Sin embargo, desde la llegada del macrismo al poder las estadísticas sobre las muertes en manos del aparato represivo estatal aumentaron notablemente con un silencio cómplice de los medios de comunicación. Ese «supuesto» accionar policial que es necesario implementar para palear la «inseguridad» ya se da de hecho para los jóvenes más pobres.
Por otro lado, el término pena de muerte está mal de entrada. Para que exista pena de muerte debe existir un juicio, una condena y, por lo tanto, una pena que, en caso de que cambien las «reglas judiciales», puede llegar a ser de muerte. Se debe probar que la persona imputada sea responsable de un delito que sea lo suficientemente grave para que valga su muerte. Esto, que ya parece terrible de solo pensarlo, no es lo que se está pidiendo al instalar este debate en la agenda pública.
Al comenzar a instalar la pregunta sobre si se debe implementar la pena de muerte o no, lo que se está haciendo es avalar los fusilamientos sin pruebas ni condenas. Algo que -como ya dijimos- ya viven los sectores populares. Sin embargo, en este «debate» tampoco se está preguntando si la pena de muerte puede ser una decisión judicial en todos los casos posibles, es decir: corrupción, delitos de lesa humanidad o estafas millonarias a los trabajadores. En este absurdo debate lo único que se está discutiendo es si se sigue matando impunemente a pobres o no.
