Hoy se cumplen 12 años del femicidio de Paulina Lebbos, la joven tucumana asesinada el 26 de febrero de 2006. El caso demostró el entramado de corrupción estatal enquistado en lo más hondo del poder, que trató de encubrir durante más de una década a los responsables y silenciar los pedidos de justicia. Durante este año se estarán juzgando a funcionarios, policías y al acusado de ser uno de los autores materiales del crimen. (Foto: Télam)
Paulina Lebbos tenía 23 años y vivía en la localidad de Alderetes, provincia de Tucumán. El 25 de febrero de 2006 salió a bailar con su amiga, Virginia Mercado, a la zona del Abasto, en la capital. Al regresar, alrededor de las seis y media de la mañana tomaron un remís. Paulina debía bajarse en la casa de César Soto, su pareja, con quien tenía una hija de cinco años. Cuando su padre, Alberto Lebbos, no tuvo noticias de ella, salió a recorrer hospitales y a realizar la denuncia en la Unidad Regional Capital e incluso a la Brigada. Poco hicieron para buscarla: jamás dieron aviso a la policía fronteriza, ni llamaron a declarar a Soto o a Mercado. El cuerpo mutilado de Paulina fue encontrado por dos lugareños, Marcelo y Sergio Goitea, el 11 de marzo, a la vera de la ruta 341, en Tapia, localidad situada a 30 kilómetros de la capital tucumana.
Una vez en el lugar, a Lebbos lo sorprendió la mangitud del operativo. Hugo Raúl Sánchez, en ese entonces jefe de la Policía de Tucumán le dijo que el cuerpo había sido encontrado luego de un intenso rastrillaje en la zona.
Una vez en el lugar, a Lebbos lo sorprendió la mangitud del operativo. Hugo Raúl Sánchez, en ese entonces jefe de la Policía de Tucumán le dijo que el cuerpo había sido encontrado luego de un intenso rastrillaje en la zona. Días después, los hermanos Goitea declararon haber sido amenazados por la policía de la localidad de Raco para firmar un acta con datos falsos sobre el hallazgo. Recién en el año 2013, los policías Manuel Yapura, Roberto Lencina y el comsario Enrique García fueron condenados por falsificación de documentos a dos, cuatro y cinco años de prisión respectivamente. Hasta ese momento, todos habían continuado en sus cargos. García incluso fue ascendido dos veces por las autoridades de la fuerza, comandadas por Sánchez.
Ante la inacción y las sospechas, Alberto Lebbos solicitó la intervención de Gendarmería Nacional. Luego de los peritajes realizados el 5 de abril, se confirmó que Paulina había sido asesinada por asfixia, que el cuerpo había sido llevado a la zona del hallazgo poco antes de que ser encontrado por los Goitea y que se habían adulterado pruebas importantes. Además del ex jefe de la policía tucumana, hoy se encuentran imputados por encubrimiento Nicolás Barrera, ex subjefe policial; Héctor Rubén Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte – acusado de participar en la falsificación de las actas y también de haber desviado la investigación para que quedara bajo su jurisdicción -; Hugo Waldino Rodriguez, ex policía de Raco; y Eduardo Oscar Di Lella, ex secretario de Seguridad de la provincia, acusado de dar la orden de mover el cuerpo sin que mediara decisión judicial y sin la presencia de la Policía Científica en el lugar.
Foto: Télam
La complicidad judicial
La trama de encubrimientos y complicidad se extendió también a las cúpulas del gobierno tucumano. La noche del 19 de abril de 2006, Alejandro Noguera, fiscal que dirigía el caso, fue fotografiado saliendo de una reunión de la casa del entonces gobernador y actual senador nacional, José Alperovich – quien en ese tiempo llegó a afirmar a la prensa saber quién era el asesino de Paulina, sin haber revelado ningún otro indicio -. Noguera alegó haber estado allí para solicitar recursos para la investigación. A pesar de haber sido separado de la causa, hoy se desempeña como fiscal en la Cámara de Apelación. Fue reemplazado por Carlos Albaca, quien estuvo a cargo hasta el 2013.
Además de mantener la causa paralizada durante siete años y de haber entorpecido pruebas de ADN, Albaca puso en duda que Paulina haya sido asesinada: declaró que no descartaba la posibilidad de que hubiera muerto por haber ingerido sustancias tóxicas o haber practicado la asfixia durante una relación sexual.
Además de mantener la causa paralizada durante siete años y de haber entorpecido pruebas de ADN, Albaca puso en duda que Paulina haya sido asesinada: declaró que no descartaba la posibilidad de que hubiera muerto por haber ingerido sustancias tóxicas o haber practicado la asfixia durante una relación sexual. «Lebbos tenía tendencia a las relaciones sexuales casuales, en ocasiones era ‘intrépida’ y capaz de emprender acciones temerarias”, declaró a la prensa. Albaca aceleró su jubilación para evitar el juicio político. Se retiró en 2014, con el 82% móvil. Sin embargo, por pedido de Lebbos, se inició otra investigación por su labor. Actualmente está en espera de ir a juicio por once delitos, entre ellos, encubrimiento agravado y obstrucción de la justicia.
Foto: Lucía Merle
«Hijos del poder»
La causa por el femicidio de Paulina está ahora en manos del fiscal Diego López Avila. Fue él quien mandó a analizar el celular que tenía la joven al momento de su desaparición – prueba desestimada por Albaca -. Así, a través del IMEI, un código único que poseen todos los celulares, se determinó que el aparato había sido activado en distintos sectores del sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán y que había sido utilizado por quien hoy se el único acusado como coautor material del asesinato: Roberto Gómez. La investigación demostró también que se introdujeron un total de 17 chips en el teléfono, todo relacionados con familiares de Gómez, que permaneció en prisión preventiva entre 2013 y 2016, hasta que fue liberado por no existir condena alguna.
Pablo Daniel Alperovich, otro de los hijos del senador, tuvo que someterse por orden judicial a una extracción de sangre para comparar su ADN ante la sospecha de que podría estar relacionado con el crimen.
Una de las hipótesis que pisó fuerte sobre el femicidio de Paulina fue la que involucró a los denominados «hijos del poder». Durante la investigación, declararon testigos que ubicaron al Gabriel Alperovich, hijo del ex gobernador y a Sergio Kaleñuk, hijo del secretario privado del mandatario, Alberto Kaleñuk, en una fiesta en una casa de El Cadillal perteneciente a Kuñelek. Aunque no se encontraron pruebas contundentes y ambos fueron desvinculados de la causa, el pasado mes de diciembre, Pablo Daniel Alperovich, otro de los hijos del senador, tuvo que someterse por orden judicial a una extracción de sangre para comparar su ADN ante la sospecha de que podría estar relacionado con el crimen. Beatriz Rojkés, actual presidenta del Partido Justicialista de Tucumá, esposa de José Alperovich y madre de Pablo y Gabriel también fue citada para realizar una prueba caligráfica.
(Leer nota relacionada: María Soledad Morales: a 27 años del femicidio en manos de los «hijos del poder»)
Foto: Télam
El pasado 6 de febrero, luego de doce años y cuando la causa estaba a punto de proscribir, comenzó finalmente el juicio oral y público. Si bien, hasta tanto surjan nuevas pruebas solo se analizará la línea que tiene como autor del femicidio a Roberto Gómez, nunca se descartó la participación de otras personas que aún no fueron identificadas. Por el proceso pasarán 270 testigos, entre los que se encuentran José Alperovich, quien buscó refugiarse en sus fueros para evitar presentarse y declarar por escrito.
La magnitud de la corrupción institucional es tan grande que el femicidio de Paulina Lebbos evocó el de María Soledad Morales, la joven asesinada en Catamarca en la década del ’90, que dio lugar a una investigación también atravesada de numerosas irregularidades. Más de una década después aún no se sabe qué es lo que sucedió ese 26 de febrero, pero de lo que sí se puede estar seguros es del entramado de poder político, judicial y policial enquistado en la cúpula del Estado y de la complicidad machista que ahora estará siendo juzgada.
