Hoy, a las 18 hs, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a un pañuelazo frente al Congreso de la Nación, para reclamar la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto de ley para lograrlo ya fue presentado siete veces consecutivas sin que en ninguna fuera debatido, por lo que ahora deberá ser nuevamente elevado a los legisladores. ¿Por qué es necesario que el Estado asuma la responsabilidad? (Foto de portada: China Díaz)
La lucha de los movimientos feministas por vivir en una sociedad libre de violencias implica adueñarse del propio cuerpo. Reconstruir aquella voluntad anulada históricamente, puesta al servicio del hombre, de mandatos que parecen estar lejos de extinguirse. El problema es cuando los tabúes que recaen sobre la sexualidad de las mujeres e impiden el pleno ejercicio de sus libertades pisan fuerte en el Estado. Así, cuestiones que deberían ser parte de la agenda política son silenciadas ante el peso que los valores de la Iglesia Católica continúan teniendo en los asuntos públicos. El caso más urgente es el de la despenalización y legalización del aborto, un debate esencial que es postergado desde hace años al interior del Congreso.
Según una investigación encomendada por el Ministerio de Salud de la Nación, se estima que cada año abortan alrededor de 500 mil mujeres en todo el país. La clandestinidad es la principal causa de mortalidad materna: de acuerdo a los últimos registros la cifra de muertes – solo en 2017 – ronda entre 150 y 300.
Para los sectores más conservadores, la interrupción voluntaria del embarazo es un problema moral que no admite discusión alguna. Se zanja enarbolando una bandera en defensa de la vida, mientras se da la espalda a la realidad que atraviesan miles de mujeres frente a la ausencia de políticas públicas. Según una investigación encomendada por el Ministerio de Salud de la Nación, se estima que cada año abortan alrededor de 500 mil mujeres en todo el país. La clandestinidad es la principal causa de mortalidad materna: de acuerdo a los últimos registros la cifra de muertes – solo en 2017 – ronda entre 150 y 300. Las más vulnerables son quienes no poseen los recursos para acceder a prácticas seguras y que no tienen otra opción que arriesgar su vida mediante procedimientos peligrosos e insalubres.
(Leer nota relacionada: La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito: ser dueñas de nuestro cuerpo)
Foto: Mar Garrote Cortínez
En este contexto, el mercado negro aprovecha la ausencia estatal para montar un negocio que amasa fortunas a costa del cuerpo de las mujeres. Tal como informamos anteriormente en La Primera Piedra, el acceso a un profesional de la salud que garantice un mínimo cuidado tiene un costo que, según estimaciones, ronda los 8 mil pesos antes de la semana 12 y que puede llegar a ascender incluso a los 50 mil pesos. Lo mismo sucede con el Misoprostol, medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los métodos más seguros para abortar, que actualmente ronda los 3 mil pesos y es monopolizado por laboratorio privado. Muchas farmacias incluso se niegan a venderlo a las mujeres o exigen requisitos innecesarios e ilegales como una constancia de que quien lo compre no esté embarazada o una doble prescripción médica.
La mujer se ve confinada al silencio: en muchos casos no tiene nadie a quien recurrir, ninguna ayuda que le pueda proporcionar la información que el Estado no brinda.
Sin políticas públicas que se ocupen de la salud sexual y reproductiva, se dejan desamparadas a miles de mujeres, negándoles recursos, convirtiendo la maternidad en un mandato y el derecho a decidir en un lugar lleno de miedos. El machismo continúa penalizando el placer, considerando el embarazo una consecuencia inevitable y hasta un castigo que debe ser afrontado como contracara de la sexualidad. La mujer se ve confinada al silencio: en muchos casos no tiene nadie a quien recurrir, ninguna ayuda que le pueda proporcionar la información que el Estado no brinda. No tiene otro camino que buscar una salida en el circuito clandestino que, para quien no tiene dinero suficiente, significa una clínica sin condiciones de higiene, una aguja de tejer, un tallo vegetal. Morir desangrada o terminar en el hospital con la posibilidad de ser criminalizada por el sistema médico.
(Leer nota relacionada: ¿Qué es el misoprostol?)
Foto: China Díaz
El mismo Estado que no se ocupa de una implementación efectiva del programa de Educación Sexual Integral (ESI) es el mismo que después desvaloriza la vida de las mujeres que no desean llevar adelante un embarazo. En Argentina, el número de abortos se mantiene constante, pero en los países en donde la práctica fue legalizada, descendió, al igual que la tasa de mortalidad materna.
El mismo Estado que no se ocupa de una implementación efectiva del programa de Educación Sexual Integral (ESI) es el mismo que después desvaloriza la vida de las mujeres que no desean llevar adelante un embarazo.
De acuerdo a un informe publicado por la revista The Lancet en conjunto con la OMS, en los países donde se cuentan con políticas sexuales y reproductivas, entre ellas la posibilidad de abortar de forma segura en el sistema de salud pública, los abortos cada 1000 mujeres disminuyeron de 46 a 27. En cambio, en América Lantina, – donde la mayoría de los países mantienen leyes restrictivas respecto al aborto – el incremento fue del 23 al 32%, siendo el más alto del mundo.
(Leer nota relacionada: La lucha por el aborto en Sudamérica: ¿qué dicen las leyes en cada país?)
El aborto continúa siendo una deuda fundamental de la democracia, un derecho postergado por las creencias religiosas que se terminan imponiendo sobre la salud pública. Al igual que sucede con todas las dimensiones de la violencia machista, es el Estado quien debe ocuparse de las políticas necesarias en lugar de esconderse bajo argumentos morales que clausuran un debate urgente para garantizar la libertad de las mujeres.
